El Gobierno nacional aceleró las gestiones para diseñar un abanico de potenciales acciones que permitan minimizar las consecuencias de la debacle económica, asumiendo ya que la recuperación no será inmediata y que justamente lo incierto del futuro es lo que agrava cualquier intento de la Argentina para salir a flote.
La economía está al rojo vivo, por donde se mire, y todavía no se terminaron de contabilizar los daños asociados con la obligada cuarentena contra el coronavirus que todo lo paralizó en un país con dos años de recesión.
Las proyecciones frente a la crisis indican que el año finalizará con niveles de pobreza cercanos al 40% y de desempleo en torno al 13%, con una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 9,9 y 12%, y con una inflación minorista que acumulará un salto interanual del 40,7 por ciento.
Esos augurios contemplan un segundo semestre de enormes dificultades que, por lo pronto, la Casa Rosada volverá a afrontar en modo de emergencia, tanto porque la dilación de las negociaciones para alcanzar un acuerdo frustraron el diseño de un programa macroeconómico integral como por la necesidad de mantener una marcha flexible para sortear lo peor del coronavirus. Adicionalmente, el mundo también cambió.
“Vamos a tener tierra arrasada cuando salgamos de la pandemia porque tendremos una economía que se contrajo fuerte en el segundo trimestre y después de dos años de recesión. Se va a abrir una economía con muchos caídos”, describió el economista Martín Polo.
Ante la consulta de este medio, Polo centró su preocupación en el estado de las reservas del Banco Central frente a la creciente demanda del Tesoro para financiar los planes de contingencia para minimizar los efectos de la cuarentena. A saber, en tres meses el Estado destinó de manera directa más de 700.000 millones de pesos, lo que equivale a 2 puntos del PIB.
Sin otro recurso, el presidente Fernández ya accedió desde que asumió a más de 1 billón de pesos de la emisión monetaria. La práctica supone riesgos inflacionarios y lo aleja del equilibrio de las cuentas públicas, una promesa fundacional con la que buscó diferenciar su gobierno de los que encabezó su vicepresidenta Cristina Kirchner.
“Ya sabemos que vamos a tener una fuerte emisión producto del enorme déficit fiscal que vamos a tener este año y sabemos que eso va a presionar a los precios en el segundo semestre y sabemos que el Banco Central ahí va a tener una batalla para contener esas expectativas inflacionarias”, adelantó Polo y dijo que la variable a seguir de cerca es el nivel de las reservas internacionales, que actualmente se ubican levemente por encima de los 43.200 millones de dólares.
Incluso hay varios economistas que empezaron a alertar sobre la posibilidad de una nueva hiperinflación como la que se produjo a fines de los ’80, aunque ese fenómeno dependerá también de los esfuerzos que lleva adelante Fernández para que la inestabilidad no afecte su base de sustentación política y su relación con los esperanzados con un rumbo más moderado al de épocas kirchneristas.
Mientras tanto, la prioridad es atender los extremos de la debacle, donde el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) demostró que existen alrededor de 3 millones de personas al borde de la pobreza y donde los datos de la AFIP dieron cuenta del golpe mortal que sufrieron muchas PyMEs en dos meses de cuarentena: 18.546 empresas y 284.821 personas quedaron sin trabajo.
Y muchas de las empresas sobrevivieron con la asistencia estatal, que pagó salarios en 310 mil empresas durante abril, mayo y junio a través del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo (ATP), mientras que el universo laboral se mantiene contenido por la extensión de la doble indemnización hasta fin de año.
Es un delicado equilibrio que demanda esfuerzos extremos, sobre todo porque el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la zona que motoriza la producción y el consumo, se transformó en el epicentro de la pandemia.
Con ese diagnóstico, en la Casa Rosada reconfiguran los flujos de la asistencia para acompañar a esas sectores en una marcha extensa hasta que la economía reconstruya su masa muscular. Se diseña un arsenal que incluye que el IFE mutará a una renta para garantizar el consumo básico de los más necesitados, moratoria y financiamiento con tasas subsidiadas y otras herramientas para apuntalar la obra pública y las tan necesitadas exportaciones. Y admiten que algunos sectores, como el turismo, quedarán últimos en la carrera para recuperar la marcha.
“La recuperación va a ser muy lenta y demandará un proceso muy orgánico. Se hará con lo propio”, agregó José Ignacio Bano, economista y generante de Inversiones de Invertir Online que sigue de cerca el ánimo en el sistema financiero.
El mayor obstáculo en el horizonte post pandemia es un problema conocido para la Argentina y que tiene que ver con las incapacidades para mostrar un rumbo para dar previsibilidad. Esas certezas ya no sólo son necesarias para la inversión asociada con la producción, sino también para que las familias salgan con seguridad a motorizar el consumo y le pongan fin al estado de animación suspendida.
“Necesitás algún tipo de horizonte porque es muy difícil canalizar inversiones y sostener cierto nivel de marcha si no tenés previsibilidad”, agregó Pablo Dragún, director del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA).
Cualquier paso para emprender ese camino se complica por la falta de una hoja de ruta delimitada en un presupuesto y por los pasos apresurados del Gobierno, como el del caso Vicentin, que alimentan las voces de los sectores que lo acusan de avanzar contra las libertades.
Esto último también achica el margen de maniobra porque debilita los argumentos del oficialismo para establecer un impuesto a las grandes riquezas por única vez así como cualquier gestión para conseguir más recursos del sector agroexportador, el único que tiene potencial de rápida recuperación en un mundo que todavía demanda alimentos.
