La escalada de la inflación, el alza imparable del dólar blue y la negativa del Gobierno nacional a impulsar el salario básico universal (SBU) generaron ayer lo que más temían en la Casa Rosada: piqueteros oficialistas se aliarán con los de izquierda para reclamar en contra de las políticas que anunció la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis.
En la estación Constitución del ferrocarril General Roca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) se concretó ayer un encuentro impensado pocos meses atrás: el dirigente Juan Grabois –cercano a Cristina Kirchner– compartió un acto con Eduardo Belliboni, el referente del Polo Obrero, la agrupación que más viene reclamando en las calles en contra del Gobierno nacional.
También estuvieron dirigentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), que integra el Movimiento Evita, la organización más alineada con el oficialismo.
Si bien no estuvieron los referentes del “Evita”, como Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, hubo dirigentes de su agrupación. Llamó la atención la presencia de Juan “el Gringo” Castro, dirigente de esa agrupación y amigo del presidente Alberto Fernández.
Castro es uno de los fundadores de la Utep y se solía decir que era el dirigente piquetero “preferido” del Presidente. Anoche, los referentes del Evita y otras agrupaciones oficialistas se reunieron con el presidente Alberto Fernández.
Por su parte, Grabois, que viene cuestionando al presidente Alberto Fernández, pero defiende a la vicepresidenta de la Nación, ayer cargó muy duro en contra del Gobierno nacional.
“Hay una unidad generalizada de los movimientos populares, sindicales, porque esto no da para más. El Gobierno tiene que tomar consciencia que lo primero que tienen que calmar son las necesidades. Con cinco puntos de las retenciones agropecuarias, que no es nada para los que ganan mucho, se puede pagar el Salario Básico Universal”, manifestó Grabois.
El referente nacional del Frente Patria Grande también puso en duda su continuidad en el Frente de Todos. “No puedo estar en un lugar en el cual no me siento cómodo, si toman medidas que antes aplicó la derecha”, justificó.
Por su parte, Belliboni volvió a amenazar con hacer un acampe “por tiempo indeterminado” en todas las grandes ciudades del país, si el Gobierno nacional no responde a los reclamos de este sector.
Precisamente, hoy será una jornada caliente y complicada para el Gobierno nacional. El bloque Piquetero que lidera el Polo Obrero se movilizará en Caba y en las principales ciudades del país. Entre ellas, Córdoba y Mendoza.
Además, la CGT nacional se reunirá en un confederal que podría decidir una movilización para el próximo 26 de julio, el día del 70º aniversario de la muerte de Eva Duarte de Perón.
En este contexto de reclamos sociales, hoy también se conocerá el índice de inflación de junio, que rondaría el 5%.
El clima social es una preocupación para el Gobierno. Hasta ahora, el oficialismo había podido contener a las organizaciones sociales, cuyos principales referentes tienen cargos en el Ministerio de Desarrollo Social. El bloque de Unidad Piquetera que responde a los partidos de izquierda, era el único que se movilizó en los últimos meses.
Reunión con la Rosada
La preocupación oficial se vio reflejada en la convocatoria que ayer por la tarde realizó el presidente Alberto Fernández.
El jefe del Estado recibió a los referentes del Movimiento Evita; el Movimiento Barrios de Pie y la Corriente, Clasista y Combativa (CCC), las tres organizaciones más cercanas al Gobierno nacional.
Hasta anoche no habían trascendido los detalles del encuentro. “La convocatoria fue a último momento y no sabemos qué nos quiere decir el Presidente”, dijo uno de los piqueteros, antes de ingresar a la Rosada.
De todos modos, luego de las críticas de Grabois, seguramente el Presidente les habrá transmitido a los piqueteros oficialistas que no habrá recortes de los planes sociales.
No obstante, hay una cuestión que desde el Poder Ejecutivo niegan de manera terminante: no hay posibilidades de impulsar el Salario Básico Universal, una asistencia de alrededor de 15 mil pesos mensuales, para más de 10 millones de desocupados y trabajadores informales.
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) impide expresamente que se ejecuten nuevos planes sociales.
Luego de arduas negociaciones, el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, logró que el organismo no exigiera un recorte del asistencialismo, pero el Gobierno no puede ampliar el gasto social. Menos, uno tan oneroso como sería el SBU, que demandaría un costo fiscal de más de dos billones de pesos anuales.
