La ministra de Justicia, Marcela Losardo, reclamó que el Senado acompañe la candidatura de Daniel Rafecas a jefe de los fiscales federales, propuesta realizada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que se encuentra sin avances desde el 10 de marzo pasado, cuando ingresó formalmente al Congreso.
De esta manera, el Gobierno metió presión no sólo en el Frente de Todos, que está encargado de que el trámite avance y de conseguir los votos para que se concrete, sino también en Juntos por el Cambio, donde una parte de los senadores está dispuesta a apoyar la postulación, que además ya fue respaldada públicamente nada menos que por Elisa Carrió, fundadora del espacio opositor.
¿Por qué el FDT está en aprietos? Porque en las últimas semanas, a través de la comisión de Justicia, que preside el ultrakirchnerista Oscar Parrilli, avanzaron en el tratamiento de dos proyectos de modificación de la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal con la intención de fijarle un mandato al procurador general de la Nación, cargo que es vitalicio, pero, sobre todo, de bajar de dos tercios a mayoría simple o mayoría absoluta la cantidad de apoyos en sesión para aprobar la propuesta del Ejecutivo.
Rafecas ya ha hecho saber que no aceptará el cargo si no es convalidado por los dos tercios, por considerar que rebajar esa mayoría a, por ejemplo, la mitad más uno de los presentes (mayoría simple) le restaría legitimidad en sus funciones.
En el FDT dijeron a La Voz que el trámite no se encuentra demorado adrede, como se insinuó desde la oposición, por una supuesta interna entre Fernández y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, a quien se le atribuye querer en el cargo a otra Alejandra Gils Carbó, que inclusive, dicen, podría ser Graciana Peñafort.
Juran que eso es falso. Que el trámite en la comisión de Acuerdos, que preside la camporista mendocina Anabel Fernández Sagasti, no avanzó porque no tenía sentido, ya que el oficialismo no dispone de los dos tercios para aprobar el pliego. “¿Para qué íbamos a hacer la audiencia y todo el trámite si a la hora de los bifes no tenemos los votos?”, dijo un senador peronista a este medio.
El FDT tiene 41 senadores propios (40, porque José Alperovich está de licencia) y dos aliados (la misionera Magdalena Solari y el rionegrino Alberto Weretilneck) y no llega a los dos tercios, 48, suponiendo que los 72 senadores estuvieran presentes.
Juntos por el Cambio, a su vez, tiene 25 senadores, a los que se suman los cuatro del interbloque Parlamentario Federal, que preside el salteño Juan Carlos Romero.
La oposición, efectivamente, ha hecho saber que no acompañará el pliego de Rafecas, aunque no se trata de una postura institucional ni pública, sino formulada por lo bajo.
Un puñado de los 29, en sintonía con Carrió, están dispuestos a apoyar a Rafecas por ponderar no sólo sus virtudes como jurista sino que el Presidente debe poder contar con un procurador con el que pueda diseñar la política de persecución penal.
Otros cambiemistas, por supuesto, no quieren a Rafecas, de quien señalan que desestimó la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina en 48 horas; se mensajeó con el abogado de José María Núñez Carmona, socio de Amado Boudou, en el inicio del caso Ciccone, y que en la causa coimas del Senado procesó a acusados (la mayoría, radicales), que terminaron absueltos, todos.
El propio juez en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3 de la Capital Federal condicionó su postulación a que persistan los dos tercios de los votos y en el oficialismo responden que “el pez por la boca muere”.
De todas maneras, el FDT no quiere dar un paso en falso y está pisando la pelota y demorando la baja de la mayoría en la comisión de Parrilli por una razón: dentro de dos semanas el comité de juristas que asesora al presidente Fernández presentará los anteproyectos de “mejora del funcionamiento” —así se los definió— de la Corte, del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público.
La propuesta sobre esta última institución podría incluir un cambio en la mayoría del Senado. O no, en cuyo caso el oficialismo debería trabajar el número para cumplir el deseo del Presidente y avanzar con el trámite en la comisión de Fernández Sagasti.
“Esperemos que el Senado acompañe la candidatura para el procurador”, dijo Losardo a una radio porteña. La disputa en torno de la postulación de Rafecas podría llegar a cumplir un año si antes del 16 diciembre el Senado no resuelve la propuesta.
Fue en esa fecha de 2019 que el presidente Fernández lo propuso en lugar de Casal, quien a su vez ocupa el cargo de manera interina desde el 31 de diciembre de 2017, cuando se hizo efectiva la renuncia de Gils Carbó, tras el triunfo de Cambiemos en la elección de medio término.
El FDT no lo quiere a Casal:aseguran que juega para Mauricio Macri y que, además, es necesario tener un procurador elegido por el Gobierno y avalado por el Senado.
Mientras tanto, en JPC le tiran la pelota al oficialismo: la mesa nacional de la coalición opositora se reunió ayer al mediodía por Zoom, tras lo cual emitieron un comunicado en el que señalaron que opinarán sobre Rafecas cuando el oficialismo decida qué hacer.
