Los concejales José Pozzoli y Gastón Aparicio y el Senador Lucas Ilardo, efectuaron una denuncia ante la unidad fiscal correspondiente en contra del intendente Marcelino Iglesias, su hijo Mauricio Iglesias, empleados del municipio y un corralón de la zona, los mismos están acusados de robar elementos de construcción de obra pública, para edificar el edificio de la Unión Cívica Radical.
Por su parte Ilardo destacó que “lo que ha sucedido en Guaymallén es muy grave, puede ser la punta de un ovillo de corrupción muy importante estamos hablando de una denuncia contra el intendente, contra su hijo, quien en ese momento era el presidente del Comité Radical contra el funcionario que es secretario de Obras Privadas, quienes estaban a cargo de esto. Es una investigación que comienza ahora con una prueba contundente, que es que el Comité Radical se habría construido con materiales desviados de la obra pública de Guaymallén, pagado por los vecinos, pero se está investigando la posibilidad de que también haya funcionarios que utilizaron materiales para sus cosas particulares con desviaciones de la obra pública.
José Pozzoli enfatizó “esta semana con el bloque justicialista de Guaymallén, hemos presentado una denuncia penal por robo de materiales en el depósitos del municipio, cuyo testigos afirman que han sido llevados a un corralón de Guaymallén y desde ese corralón, se les ha facturado para hacer la remodelación del Comité Radical de Guaymallén y ante esta situación creemos que hay una asociación directa entre estos casos: entre el robo, el corralón y el Comité Radical por lo cual nos hemos presentado a la justicia para que se haga una investigación penal sobre la situación y bueno y se le aclare a todos los vecinos como es el caso debido a que es muy grave institucionalmente lo que está pasando.”
El concejal Gastón Aparicio, destacó que “en este momento nos encontramos en el periodo de sesiones extraordinarias donde los informes y proyectos que presentamos no se tratan, hay que esperar a la apertura que realiza el intendente. Lo ha estirado una semana más para que justamente los expedientes no tengan tratamiento, así que a partir de la segunda semana de marzo, van a empezar a tratarse los pedidos de informes correspondientes”
Las pruebas incriminatorias contra los acusados se basan en que el pasado 20 de abril, Ramiro García, principal responsable de la Dirección de Obras por Administración (DOA), efectuó por medio de una denuncia on line el hurto de materiales de construcción las cuales eran propiedad del municipio, los mismos habían sido sustraídos desde el depósito de la jefatura de Almacenes y Suministros ubicado en el distrito el Sauce.
En el relato de los hechos los empleados, Romero Verónica Lourdes, Cachi Nieto Manuel Alejandro y Adrián Riva fueron los principales implicados debido a que en las grabaciones de las cámaras de seguridad se los observa sustrayendo el material en diversas oportunidades.
En la ampliación del hecho, Garcia detalla que los materiales faltantes son aproximadamente 50 caños estructurales, 10 placas de melamina de mdf, 178 balastos para lámpara de sodio de 150W marca JC, 84 fenólicos además de 200 placas de yeso de diferentes tamaños. Por estos hechos la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos resulta implicar por robo los agentes municipales quienes en el marco de las declaraciones indican su inocencia en el hecho debido a que sólo responden a las órdenes elevadas por funcionarios municipales los cuales vendían material al corralón Andacollo SA para posteriormente facturar esta compra con el fin de ser utilizado en la refacción del Comité de la Unión Cívica Radical, en Guaymallén.
Tanto Romero, como Nieto y Riva resultaron sobreseídos del hecho ya que presentaron pruebas contundentes que demuestran su inocencia en el caso. Concretamente se presentó como evidencia notas elaboradas y firmadas por el director Garcia las cuales autorizan la salida de dicho material, sin embargo el documento no presentaba el membrete oficial de la Dirección de Obras por Administración.
Siguiendo el curso legal de la investigación se realiza la auditoría tributaria que el corralón realizó para AFIP durante el año 2021 hasta julio de 2022 al partido radical, la cual arrojó una suma total de 2.171.382,58 pesos habiendo emitido por dicho monto 45 facturas.
Esta maniobra resulta contundente para demostrar cómo el máximo representante del departamento, Marcelino Iglesias, encomendaba a Ramiro García a retirar material del depósito de la Municipalidad de Guaymallén para ser utilizado en la refacción del comité, espacio que estaba bajo la supervisión de Mauricio Iglesias, hijo del intendente, quien por aquel entonces era presidente de la UCR y a su secretario general Miqueas Burgoa. Concluyendo en la facturación ilegal del material en manos de Alberto Deblasi y Veronica Analia Deblasi dueños del corralón Andacollo S.A, según precisaron los denunciantes.
Este hecho sin dudas pone en el ojo de la tormenta a la familia Iglesias la cual es la cara visible de tan aberrante hecho cometido contra el pueblo de Guaymallén. En lo que respecta a la denuncia efectuada por los representantes gubernamentales Pozzoli y Aparicio buscan demostrar el fraude cometido dejando en claro que la justicia debe efectuar una sanción ejemplificadora que sirva de modelo para todo aquel que desee volver a perjudicar con su accionar a la comuna.
