Un revuelo generado por abogados abrió frentes judiciales a raíz de denuncias que recayeron en el Ministerio Público Fiscal y salpican al Consejo de la Magistratura. La situación escaló luego de la viralización de audios de WhatsApp en los que se ventila cómo sería el proceso examinador para aspirantes a cargos en la Justicia. Las tensiones subieron en la previa de la campaña electoral pero los expedientes no tienen imputaciones.
Las elecciones provinciales tuvieron un sinfín de condimentos judiciales que no sólo tuvieron a la Municipalidad de Las Heras como epicentro. También se expandió al Consejo de la Magistratura que preside actualmente la ministra de la Suprema Corte de Justicia, María Teresa Day.
El conflicto había arrancado con la remoción de los integrantes de la Comisión Asesora para la Justicia Penal, Ejecución Penal y Faltas, quienes evalúan a aspirantes a cargos de ese fuero. El abogado Leonardo Pasccon, integrante de esa comisión, acudió a la justicia para denunciar una serie de hechos que impactan, según sus dichos, en Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza, la Federación de Colegios de Abogados de la provincia y el Consejo de la Magistratura local.
Abogados contra abogados
Pasccon denunció el 8 de agosto, con un texto de 12 páginas, distintos hechos vinculados al Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza y también a la Federación de Colegios de Abogados de la provincial. Sebastián Soneira, actual titular de la Dirección de Personas Jurídicas y a Andrea Maturana, presidenta del Colegio de Abogados de la provincia son los principales destinatarios de sus acusaciones.
El primer hecho tiene que ver con la elección del representante de la Federación de Colegios de Abogados en la Comisión Asesora Civil del Consejo de la Magistratura. El letrado asegura que Maturana aprovechó una licencia de Ulises Morales (quien ocupaba ese cargo por la Primera Circunscripción Judicial) para removerlo y designar a Soneira.
Según expone, había consenso para que Morales renovara dos años más en ese cargo. Acusa a Maturana de “falsear una supuesta renuncia y designar a un miembro de manera absolutamente irregular”. Finalmente, Soneira propone a Andrea Disparte (ex presidenta del Colegio de Abogados) para reemplazar a Morales en la comisión del Consejo de la Magistratura.
El otro hecho que denuncia Pasccon es por coacciones contra Soneira. Asegura que el funcionario público hace valer la relación laboral que mantiene con el subsecretario de Justicia de la provincia, Marcelo D’Agostino. Incluso, lo acusa de haber amenazado a otros integrantes de la federación para que apoyaran la reforma de la Suprema Corte de Justicia que se trató el año pasado en la Legislatura.
Pasccon considera que fue coaccionado por Soneira al amenazarlo, según la denuncia que hace, “con una supuesta denuncia por violencia de género que instrumentaría en medio de la negociación del divorcio. También le endilga al director de la DJP haber pedido votos para determinadas instancias en el Consejo de la Magistratura a cambio de la promesa de cargos dado que aspira a ser Fiscal Adjunto en lo Civil en el Ministerio Público Fiscal.
La causa cayó en manos del fiscal Gabriel Blanco, de la Unidad Fiscal de Delitos no Especializados quien se inhibió a los pocos días por la relación amistosa que mantiene con una de las integrantes del Colegio de Abogados. Así, el subrogante, Juan Ticheli empezó a investigar la causa.
La denuncia de Omar De Marchi
A principios de setiembre, cuando transcurrían los comicios municipales, La Unión Mendocina publicó una solicitada en este medio además de viralizarla en las redes sociales. “Al manejo oscuro de la Justicia quedó en evidencia. Cornejo controla todo desde las sombras”, arrancaba el texto.
La coalición que llevaba en ese entonces a Omar De Marchi como candidato a gobernador, decía tomar conocimiento del “grave delito que se estaría consumando en el Consejo de la Magistratura de Mendoza”. Entre otras acusaciones, le pedían al gobernador Rodolfo Suárez que despidiera al subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino (integrante del Consejo de la Magistratura) y al director de Personas Jurídicas, Sebastián Soneira.
Además, el petitorio se extiende al presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay para que le soliciten a la María Teresa Day, presidente del órgano, que informara medidas. Nada de eso ocurrió.
La denuncia fue presentada por el senador Germán Vicchi el 13 de setiembre en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y recayó en la fiscal Gabriela García Cobos. Según indicó el legislador de La Unión Mendocina, a los pocos días recibió un documento con una serie de preguntas, enviado por la magistrada. “Respondí todas las preguntas del pliego y después no tuvimos ninguna novedad”, aseguró el dirigente.
Los testimonios que complican a Soneira
En la causa que se inició a partir de la denuncia de Pasccon se tomaron algunos testimonios. Uno de ellos, fue el de Ulises Morales, el abogado que estaba de licencia al momento de las designaciones en la Federación de Colegios de Abogados y por las que es denunciado Sebastián Soneira.
Morales fue citado a declarar por pedido de la querella, representada por Lucas Lecour (abogado defensor de Pasccon). El 24 de agosto expone las presiones que recibió por parte del director de Personas Jurídicas. “Él me decía que yo estaba ahí por él y tenía que hacer él decía; en muchos casos decía que eran órdenes de arriba”, indicó.
Y criticó fuertemente a Andrea Disparte, quien asumió en su lugar en la Comisión Asesora en lo Civil del Consejo de la Magistratura. “Mi pedido de licencia fue tratado como una renuncia, cuando no correspondía que se hiciese, y esa maniobra perversa e ilegal fue congeniada por Soneira y Maturana Andrea”, expresa Morales.
El propio Morales desliga de estos conflictos al subsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino. En otro extracto de su declaración, asegura que Soneira invocaba al funcionario provincial como la persona que daba órdenes aunque él comprobaba que no era así. “Muchas veces D’Agostino ni se enteraba de lo que pasaba, sin ir más lejos, D’Agostino se enteró de mi licencia un mes después y porque yo le conté. Soneira utiliza el nombre de D’Agostino para ejercer presión y conseguir cosas para luego negociar”, indicó el letrado.
Luego, abogados defensores de Andrea Maturana se presentan en la causa para ser parte y esto es rechazado por Pasccon. Ingresa un pedido de nulidad el 7 de setiembre por considerar que se le ha permitido el ingreso a la causa sin tener claro en calidad de qué.
“El Ministerio Público Fiscal no ha determinado de ningún modo si los profesionales mencionados son: o bien testigos, o si existen a su respecto elementos para recibirle declaración informativa como informado (art. 318 del C.P.P), o bien como para atribuirles la autoría y participación en los hechos denunciados”, dice parte del escrito. Lo cierto es que a esa nulidad la deben resolver jueces penales (uno o un tribunal).
Una de las últimas peticiones de la querella es justamente que avance la causa de igual manera. El 12 de octubre se presentó espontáneamente María José Hernández, autora de algunos de los audios viralizados. La abogada desmiente que haya recibido presiones, coacciones, influencias o amenazas por parte de los compañeros que tuvo en la Federación de Colegios de Abogados como del Consejo de la Magistratura que hiciera a sus funciones en dichos órganos.
Complica a Pasccon al decir que en octubre del 2022 empezó una relación de amistad con él, le ofreció clientes para su actividad profesional pero que en realidad, escondería un prevaricato (defendía a ambas partes y se desligaba de una de ellas para no ser descubierto, según los dichos de Hernández).
El letrado quiso llevar el vínculo a otro nivel según declara su colega. Al ser rechazado, empezaron actitudes hostiles y amenazas por parte de Pasccon que terminan en los audios viralizados. Previo a que se dispersaran por WhatsApp, Hernández asegura que llegaron vía pen drives y notas a distintas autoridades provinciales, judiciales y de organismos que nuclean a abogados y abogadas.
Esos “audios míos, los cuales yo le había enviado por Telegram, de los cuales no tengo registros porque se borraron a medida que las conversaciones transcurrían sin mi consentimiento”, dice la abogada sobre Leonardo Pasccon.
“De más está aclarar que estos audios se dieron en el marco de la confianza absoluta que yo tenía para él como así también en el marco de que ambos formábamos parte de un mismo órgano, como es el Consejo de la Magistratura”, agrega. Remarca también que los audios “fueron utilizados en una campaña electoral de manera negativa haciendo alusión a personas con las cuales no tengo ningún tipo de relación”, indicó.
