Finalmente llegó el lunes 18 de abril donde se vencían los 120 días que había dado la Corte Suprema de Justicia para resolver la composición del Consejo de la Megistratura. El kirchnerismo impulsó una ley (que era una de las alternativas), pero se trabó en la Cámara de Diputados, y ahora piden 90 días más.
La Corte Suprema de Justicia retoma la presidencia del organismo que se encarga de seleccionar a los jueces -a través de concursos públicos- y conformar una terna para enviarla al Poder Ejecutivo. Pero además, evalúa su desempeño, con la facultad de sancionar y hasta destituirlos a través de juicios políticos. Horacio Rosatti, designado en su momento por Mauricio Macri, debe asumir.
Para entender qué significa toda esta novela que habla de plazos vencidos y jugadas de último momento a contra reloj, hay que remontarse al 2006 cuando la entonces presidenta Cristina Fernández modificó la composición de 20 a 13.
Ese achique en el organismo le daba más poder a los representantes de la política -los senadores y diputados- y le restaba poder a los demás estamentos de jueces, abogados y académicos. Incluso había borrado la representación de la Corte Suprema que hasta 2006 presidía la Magistratura.
Con esta reforma, el oficialismo de turno tenía más posibilidades de paralizar la designación en una terna de los jueces que no le gustaran y también evitar el juicio político de un magistrado al que desearan proteger.
¿Quién inició acciones judiciales? El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los perjudicados por la reducción de representantes.
La Corte había fallado en diciembre por unanimidad. Los cuatro jueces del tribunal, el presidente Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti votaron por la inconstitucionalidad de la composición actual del organismo. Aunque Lorenzetti sostuvo que no se podía volver a la anterior conformación.
El máximo tribunal exhortó al Congreso a sacar una nueva ley y le ordenaron a la Magistratura volver a la anterior composición a la reforma hasta que se vote una nueva iniciativa.
Por ese motivo, el kirchnerismo apuraba una legislación nueva a contra reloj, para evitar volver a los 20 miembros, y perder el control sobre la designación y sanción de jueces. La presidencia vuelve a estar en manos de la Corte Suprema, algo que el Gobierno buscaba evitar, por eso la reforma sancionada años atrás.
Ahora, con Rosatti al frente, deberán jurar los miembros faltantes para llegar a 20 y retomar “el equilibrio” del organismo, tal cual argumentó la Corte cuando declaró inconstitucional la reforma kirchnerista.
