Juan Manuel Ojeda terminó de pulir en una reunión el proyecto para pedir minería para el municipio que administra, Malargüe. De acuerdo a lo que pudo confirmar Los Andes luego de ese cónclave con colaboradores cercanos,la clave del proyecto es que propone delimitar zonas de interés minero donde se puedan utilizar sustancias químicas.
De las cuatro zonas que se establecerán, hay una de ellas que será la “tierra fértil” para los emprendimientos mineros. La iniciativa ingresará a través de la senadora malargüina, Jesica Laferte y la intención de Ojeda, es que se pueda debatir en la Legislatura.
“Los que me conocen saben que el proyecto lo vamos a presentar, soy una persona fanática de la democracia y de los debates”, le dijo Ojeda a sus colaboradores mientras terminaba de finiquitar la iniciativa. El texto final aún no se conoce, pero de la reunión que pudo corroborar este medio, se supo cuál es el “espíritu” de la letra.
Para evitar las críticas que ya se saben de antemano por parte de los municipios que no quieren saber nada con el desarrollo de la actividad y defienden la Ley 7722, conocida como “antiminera”, el proyecto tiene previsto una delimitación de 4 zonas muy claras.
Se excluye a las zonas limítrofes, teniendo en cuenta el que une al departamento de Malargüe con el de San Rafael, al norte; hacia el sur, el límite con Neuquén; al este el límite de Mendoza con la provincia de La Pampa y hacia el oeste, el límite nacional con Chile.
Las zonas pobladas, parajes, ciudades, los humedales que estén reconocidos por leyes nacionales, provinciales o tratados y las reservas naturales también reconocidas por leyes, también están excluidas de la actividad minera. En estos territorios no se utilizarán sustancias químicas como el cianuro, mercurio y ácido sulfúrico. Es decir, no se hará uso de estos compuestos en cercanías al Rio Atuel, Río Salado, Río Grande, Río Malargüe, Rio Barranca, Rio Colorado y sus afluentes.
“Los vecinos de Alvear no quieren hacer minería. Nosotros vamos a apoyar que no se haga minería porque respetamos las voluntades populares, lo mismo en San Carlos, Tunuyán”, repitió Ojeda en el cónclave que tuvo lugar en el sur provincial. Remarcó también que “lo más importante es que hacia adentro de la zonificación estamos protegiendo áreas sensibles donde se termina prohibiendo la actividad como cerca de los lagos, ríos, lugares habitados”.
El pedido puntual que hará el proyecto es habilitar el uso de sustancias químicas y procedimientos para el tratamiento dentro del marco legal nacional -exceptuando algunas zonas que se conocerán próximamente- y correrlo de los alcances de la ley 7.722. Así, será clave para Ojeda dar precisiones sobre los puntos en los cuales podrán instalarse los emprendimientos mineros.
Una de las solicitudes que se haría en el proyecto final, será la creación de una Empresa Provincial Minera con participación estatal en la explotación de recursos. Por ese motivo, realizar la cartografía de las zonas que estarían habilitadas para estos desarrollos será de vital importancia para el control ciudadano y para establecer reglas claras en cuanto a lo que se vaya a realizar.
El área de interés minero, requisitos y controles
En la reunión final que terminó de darle forma al proyecto se vislumbraron algunas condiciones que deberán cumplir los interesados como es la Declaración de Impacto Ambiental que recibirán los Municipios en los cuales hay interés de realizar minería con las condiciones que propone Ojeda. La misma deberá contener una serie de informes provenientes de organismos que tienen bajo su órbita la administración del recursos hídrico, tal como ya está previsto para otras actividades mineras.
Por otro lado, el organismo encargado de monitorear estos procedimientos será la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial y se propone crear un cuerpo policial, de tipo ambiental, abocado a las actividades extractivas y que se financie con diversas tasas. También se habló de una Comisión Bicameral que recibirá informes de lo que suceda en Malargüe con respecto a la minería.
Si de garantías se habla, el seguro de responsabilidad civil, caución y demás será obligatorio (podría ser también un fondo de reparación o afines). El punto con este requisito es asegurar que alguien se haga cargo por daños ambientales, cierres de minas, reparaciones y todo tipo de situación que afecte los recursos naturales.
Como las críticas más duras de la actividad surgen de la participación ciudadana, el proyecto propondría articular con la Red de Vigilancia Ambiental e incluir a organizaciones civiles y ciudadanos. En ese sentido, la intención es que las Audiencias Públicas que se fijen para los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos mineros ocurran en Malargüe.
De esta manera, entienden en la comuna, se garantizará la participación de la ciudadanía local teniendo siempre en la mano las legislaciones provinciales y el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. Abriendo el paraguas para emprendimientos de gran escala, a Ojeda no le desagrada la idea de recurrir a auditorías internacionales de probada experiencia para que evalúen las explotaciones.
Siguiendo por los emprendimientos mineros metalíferos medianos y grandes, la intención es que privilegien la generación de energía eléctrica para autoconsumo a partir de fuentes renovables.
En lo que respecta al impacto local de la actividad, además de la generación de trabajo, hay pretensiones de crear un fondo que se destine a infraestructura municipal (y no a gastos corrientes) conformado por un porcentaje de estas comercializaciones.
Una novela de idas y vueltas
Desde hace meses viene circulando que desde Malargüe se impulsaría una modificación de la ley 7722 para permitir el desarrollo de la actividad minera en ese departamento. En un acto por el día de la minería (el 7 de mayo) realizado en la Escuela Técnica Industrial Minera de Malargüe, el intendente Juan Manuel Ojeda avisaba que en menos de 60 días ingresará el proyecto a la Legislatura pidiendo la excepción a la ley 7722 para Malargüe.
Unos días despúes, el gobernador Rodolfo Suárez admitía que no pondría reparos a la iniciativa malargüina. “Malargüe está insistiendo mucho en ese sentido, hay un fuerte consenso social pero es un debate que hay que darlo en la Legislatura. Veremos y estaremos atentos a lo que suceda”, sostenía Suárez y aprovechaba para cargar contra los argumentos que terminaron derogando la ley 9209 que era la que hoy permitiría que Malargüe pudiera desarrollar la actividad.
“Es mentira que es una disputa del agua con el cianuro. Es una gran mentira, son campañas de miedo que confundieron a toda la gente. Si vemos a nuestro alrededor, todo lo que está pasando, no podríamos hacerlo sin la minería. Eso es lo que hay que entender”, decía Suárez el 11 de mayo pasado.
Poco más de un mes después, el 28 de junio pasado, Los Andes informaba que el intendente Juan Ojeda, presentaría durante el mes de julio la iniciativa en la Legislatura. El jefe comunal radical aseguraba que la situación y la percepción en la provincia “está cambiando” y pide autonomía municipal para que cada departamento pueda decidir cómo enfocar su economía “respetando y cuidando el ambiente”.
En aquel momento, se informaba que antes de hacer la presentación del proyecto, en la comuna malargüina esperaban una serie de informes . No obstante, Ojeda esperaba un debate “con toda la comunidad científica” que busque perfeccionar una futura ley, si así lo decide el cuerpo de diputados y senadores de Mendoza.
“Es nuestro escenario óptimo. Lo que queremos es reabrir el debate y que salga con legitimidad”, comentó en aquellos días a Los Andes, y marcó la importancia de que, a futuro, sea fortalecida tanto la secretaría de Minería como así también la de Ambiente.
Casi como un antecendente, el lunes último el Gobierno anunciaba que se asociaría con privados para avanzar en la exploración de un yacimiento de hierro ubicado también en Malargüe. Se trata del yacimiento Hierro Indio.
El anuncio indicaba que la empresa provincial Potasio Rio Colorado, pondría cerca de un millón de dólares para financiar la exploración. “Hoy logramos el acuerdo para la exploración de Hierro Indio, con opción de compra. La empresa minera estatal (PRC) asume parte del riesgo exploratorio y se queda con el derecho a comprar la propiedad en el futuro, apuntando a que empecemos a trabajar en septiembre/octubre”, manifestaba Suárez en Twitter.
