La cuestión Malvinas ha vuelto a ser debatida en el Congreso Nacional a partir de dos proyectos de ley remitidos por el presidente Alberto Fernández: la creación del Consejo Nacional de Asuntos relativos a Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y la incorporación de una demarcación del límite exterior de la plataforma continental de la República Argentina.
Tales iniciativas no sólo son expresivas del lugar destacado otorgado a la Cuestión Malvinas en la agenda del nuevo gobierno sino, fundamentalmente, de un giro categórico respecto del gobierno precedente en la consideración del papel estratégico del Parlamento en la definición de la política exterior y en las cuestiones relacionadas con la soberanía nacional.
En efecto, el gobierno del presidente Macri dio la espalda al Congreso en materia de política exterior, desconociendo sus facultades constitucionales. Esto resultó especialmente grave en la relación con el Reino Unido y para la cuestión Malvinas. Su gobierno pactó, con la potencia ocupante de una parte de nuestro territorio, “remover los obstáculos para el desarrollo sustentable de las islas” y otras condiciones contradictorias con el interés nacional que involucraban materias (recursos naturales, información científica, cooperación antártica, vuelos con terceros Estados desde y hacia las islas, etc).
Ni ese acuerdo del 13 de setiembre de 2016 (conocido como Pacto Foradori-Duncan pero que deberíamos denominar Pacto Macri-May por surgir de los diálogos previos entre el presidente argentino y la premier británica Theresa May) ni los acuerdos específicos que se celebraron bajo el marco general que dispone, fueron remitidos al Congreso para el tratamiento que exige la Constitución (artículo 75 inc. 22). La ejecución de lo acordado, sin la correspondiente aprobación legislativa, es un hecho de enorme gravedad institucional que viola lo dispuesto por la Constitución y vicia todo lo actuado. La negativa del gobierno de Cambiemos a remitir esos acuerdos (y otros referidos a otras materias internacionales) al Congreso, llevó a que sostuviéramos un permanente reclamo que provocó que la cuestión Malvinas estuviera presente en el debate parlamentario por los planteos de la oposición y no de las iniciativas del Poder Ejecutivo, como hubiera sido esperable.
La nueva impronta del secretario de Asuntos Relativos a Malvinas, Daniel Filmus, busca mirar hacia adelante y propone consolidar una política de Estado para la cuestión Malvinas, en línea con lo anunciado por el Presidente en sus discursos de asunción y de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Tal enfoque tiene como antecedentes múltiples iniciativas que sentaron las bases de una política de Estado durante distintos gobiernos democráticos. Cuenta como antecedente más cercano a la Declaración de Ushuaia, suscripta por todos los bloques y votada por unanimidad en ambas Cámaras en abril de 2012.
El primer paso de esta nueva etapa está dado. El Congreso de la Nación, expresión de la voluntad popular y de las provincias, vuelve a ser protagonista en la reivindicación de soberanía sobre Malvinas. El Consejo Nacional propuesto será un ámbito para que Malvinas, Antártida y Atlántico Sur adquieran definitivamente el carácter de política de Estado expresiva de un acuerdo multipartidario y multisectorial representativo del sentimiento y convicción popular de reivindicación de la soberanía nacional.
Producción y edición Miguel Títiro
