El Superintendente General de Irrigación (DGI), Sergio Marinelli, contó su versión acerca del escándalo desatado por el inspector de cauce, Alejandro Currenti, y se despegó de sus actos irregulares. Además, sostuvo que pidió una nueva investigación al Honorable Tribunal Administrativo (HTA), luego de que se revelaran los contratos polémicos que habría firmado con su esposa, Romina Cagol, a principios de 2024.
Marinelli negó que se haya enfrentado con los dos concejeros Eloy Guerrero (río Tunuyán Inferior) y Alejandro Gennari (río Mendoza) para intentar salvar a Currenti, como esgrimen dirigentes opositores. Aseguró que, lo que se puso en discusión fue la sanción que debía recibir y ponderó “la obra” que se realizó en el marco del proyecto desarrollado en el tramo 2021-2023 en Guaymallén, aunque hayan quedado efectivamente dos proyectos sin realizar.
Además resaltó que el HTA votó por unanimidad la suspensión por 60 días y la devolución de los $1.3 millones (más intereses) que no contaban con respaldo de comprobantes, ante los cuestionamientos de por qué no fue destituido o se intervino la Inspección directamente.
“Lo que yo siempre planteé no fue que no se suspendiera, ni que no se diera una sanción fuerte, como la que entiendo ha tenido por ahora. Si no que se valorara esto, que es la obra. No existe en la historia de Irrigación una obra de esta magnitud. Y está toda rendida, según el informe que dan los profesionales de Fiscalización del Tribunal”, respondió ante la consulta de este medio.
Y agregó: “Se lo sanciona porque están mal rendidos los comprobantes. No avisó que se le armó este ´matete´ a él, de que tenía que aumentar sus gastos de alguna manera de la administración, y eso le imposibilitó hacer estos dos proyectos”.
“No hay un método que diga para esta falta le corresponde esta sanción. Eso fue lo que se estuvo discutiendo”, señaló sobre los contrapuntos con los consejeros Guerrero y Gennari.
“Este tipo hizo todo lo que hizo y cometió dos errores graves. Uno fue no informar que se le armó este lío y empezó a patear la rendición de cuentas. Y cuando la rindió, lo hizo mal. Dijimos, que es complicado, que lo devuelva y suspendámoslo. Y mandemos a la justicia el tema”, aseguró Marinelli.
Por otra parte, el funcionario aseguró que luego de que se conocieran los contratos que habría firmado Currenti con su esposa Cagol, decidió pedir otra auditoría al HTA. Se trata de un contrato de servicios que consistía en el pago de honorarios de $5.040.000, divididos en cuotas de $420 mil por el plazo de un año, y otro referido a un “préstamo” de un tractor de su propiedad, con una compra de ruedas nuevas si presentaban un desgaste superior al 20% al momento de devolverlo.
“Dicen que contrató a la esposa, lo cual aparentemente es poco ético pero no está prohibido, y contrató un tractor de él. Bueno, yo he pedido por nota al Tribunal que se investiguen esos nuevos hechos”, agregó.
En tanto, sobre el traslado que realizó Currenti de la sede de la Inspección a un terreno propio en Los Corralitos en el año 2018, respondió que se trata de un comodato a 20 años y está en condiciones legales, tras ser respaldado por los propios regantes de la Inspección: “Ese comodato había pasado por la asamblea y lo había aprobado. Está regularizado como tal”.
“No estamos siguiendo todos los días qué hace el inspector. El tribunal tiene una mecánica. Entonces, cuando pasan cosas como estas, te enterás con el hecho ya consumado”, dijo sobre las nuevas irregularidades que salieron a la luz.
Y se desligó concretamente de Currenti: “La primera investigación la pedimos nosotros. Entonces, sí esto es un escándalo, es un escándalo en la Inspección, no en Irrigación”.
Cómo fue la ejecución de obras
Desde Irrigación informaron que se le otorgó a la Inspección de Cauce, $56 millones para la ejecución de 11 convenios con el objeto de ejecutar un “Programa Integral de Mejoramiento de la Red de Riego y Desagüe en los distritos de Corralitos, Primavera y Kilómetro 8 de Guaymallén”. Este programa tenía originalmente previsto un plazo de ejecución total que abarcaba los años 2021-2022 y 2023.
La realización de 9 de los once convenios citados comprendió la ejecución de 20 proyectos de obra con un alcance total de 11 kilómetros de revestimiento de la red secundaria y terciaria. Y se sumaron obras complementarias con la finalidad de optimizar las obras de impermeabilización contempladas.
En cuanto a la devolución de los fondos oportunamente otorgados, desde el DGI aseguran que la Inspección de Cauce ha cumplido con el reintegro correspondiente de acuerdo a las pautas previstas en cada convenio firmado, habiendo cancelado a la fecha $ 23 millones del total recibido, aseguran desde el organismo. Para esto, se prevé un mecanismo directo para el cobro de estas acreencias. La Inspección tiene un plazo hasta 2025 para cancelar dicho dinero, agregaron.
Marinelli también aseguró que el sumario iniciado en septiembre del año pasado fue a solicitud suya, a través de la Secretaría de Gestión Económica Financiera del DGI, después de que se detectaran demoras en la rendición de cuentas del balance 2021 de la Inspección de Cauce de Los Corralitos.
A partir de esa iniciativa, la Dirección de Fiscalización del HTA generó el Expediente administrativo N* 802.812-24-2, caratulado: “Dirección de Fiscalización s/ Irregularidades Insp. Canal Vertientes Corralitos Unificada — Río Mendoza”, sostuvo.
Según el titular de Irrigación en esa actuación se tramitó una auditoría técnica y contable, desencadenando una investigación sumarial en el seno interno de la Inspección de Cauce. Ese procedimiento administrativo lo llevaron a cabo el Departamento de Auditoría de Inspecciones y el Departamento Contable, ambos de la Dirección de Fiscalización del HTA.
Cuando concluyó el proceso de investigación sumarial, en junio pasado, se emitió la Resolución N* 289/24 (19/06/2024) por el HTA, mediante la cual se dispuso, entre otras medidas, la suspensión en el cargo del Inspector de Cauce Alejandro Currenti por el término de sesenta (60) días.
Ahora, Currenti es investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Juan Ticheli, y este miércoles se espera que el concejal José Pozzoli (PJ), presente otra denuncia más por malversación de fondos y enriquecimiento ilícito.
