Este miércoles se dio a conocer una carta abierta en la que legisladores, dirigentes políticos y periodistas exigieron la prisión efectiva de Amado Boudou. El documento afirma que la justicia argentina “no persigue a personas por su pertenencia política” y niega que el ex vicepresidente sea un preso político.
En el texto se sostiene que Boudou no es un “prisionero en su domicilio” sino que se trata de un “preso común cumpliendo su pena”. En respuesta a la estrategia adoptada por un sector del oficialismo a nivel nacional para defenderlo, afirman que la libertad que reclaman “pondría en riesgo la convivencia entre los argentinos”. Entre los firmantes se destacan el vicegobernador Mario Abed, Hugo Laricchia (creador del MendoExit), legisladores provinciales oficialistas y periodistas.
“Somos argentinos y argentinas que no queremos privilegios para la dirigencia política. Somos ciudadanos de una Provincia en la cual están condenados por delincuentes dos exintendentes kirchneristas (Luis Lobos de Guaymallén y Sergio Salgado de Santa Rosa) sin que nadie los trate de “perseguidos políticos” ni les firme solicitadas a su favor”, sentencia el comunicado.
Por otra parte, se sostiene que: “al interpretar las leyes de acuerdo con la filiación política del reo y no de acuerdo con los hechos y las tipificaciones vigentes la culpabilidad o inocencia de un acusado sería intrascendente, puesto que, lo único que debería ser tenido en cuenta por el sistema penal sería la facción política a la que el acusado rindió pleitesías mientras delinquía”.
Asimismo, destacan que “la democracia está a buen resguardo mientras los corruptos que roban al pueblo en su nombre estén debidamente juzgados, condenados, inhabilitados y en un calabozo. Y está en peligro cuando los corruptos y delincuentes ocupan posiciones de poder”.
“Solamente a través de la recuperación plena de la legalidad y el fin de las presiones extralegales profusamente puestas en práctica mediante solicitadas y movilizaciones por los socios políticos del ex ministro de Economía y ex vicepresidente de Cristina Kirchner es cómo puede recuperarse en plenitud la vigencia del estado de derecho”, aseguran.
“La lucha contra la justicia politizada para favorecer a una facción o perjudicar a otra es un compromiso de honor de quienes queremos una Argentina democrática, libre y justa, con leyes legítimas e interpretadas con absoluta autonomía respecto de los poderes políticos”, cierra el comunicado.
