Tras un largo proceso judicial que se extendió por más de una década, la Justicia falló a favor de la Provincia de Mendoza en una demanda encarada en 2007 por parte de Magna Inversora y el Grupo República contra el Gobierno provincial por daños y perjuicios. La sentencia tiene lugar a más de 20 años de la privatización de los bancos oficiales en manos del grupo inversor liderado por el empresario Raúl Moneta.
La Fiscalía de Estado, a cargo de Fernando Simón, llevó a cabo la defensa del patrimonio oficial en el reclamo millonario y desde el organismo precisaron que se eludirá el pago de 22 millones de pesos que reclamó el grupo hace 15 años, lo que implica más de 150 millones de pesos actualmente. En tanto, remarcaron que se aguardará que la sentencia no sea apelada ante un tribunal superior.
Este martes la jueza María Paz Gallardo, a cargo del tribunal de Gestión Asociada N° 1, dictó sentencia rechazando la demanda planteada por el grupo empresario que compró los dos bancos públicos durante la década de 1990.
El reclamo que se le hizo a la provincia fue por daños y perjuicios derivados de los hechos, actos, omisiones, ocultamientos y defectos de previsión por la ilegal calificación de la cartera de créditos del Banco de Previsión Social S.A. y del Banco de Mendoza S.A., registrados en los estados patrimoniales de dichas instituciones al 30 de noviembre de 1996.
Sin embargo, la Justicia rechazó de plano las acusaciones del grupo empresario liderado por Raúl Moneta, argumentando que el tiempo otorgado para el proceso de análisis previo fue suficiente, entre otras cuestiones.
El Banco República, junto a Magna Inversora (en aquella época integrado por la desaparecida AFJP Fecunda y un grupo de 35 empresas de Cuyo), pagó por los dos bancos provinciales 30 millones de pesos casi lo mismo que reclamaron años después. Estas entidades reunían en ese momento un total de 600 millones de pesos en depósitos, 1100 empleados y una red de 100 sucursales en todo el país.
La privatización del Banco de Mendoza y el Banco de Previsión Social se produjo el 30 de noviembre del 1996, durante la gestión del ex gobernador Arturo Lafalla, pero el proceso había tenido inicio en el mandato de su antecesor, Rodolfo Gabrielli.
El grupo inversor Magna constituyó un consorcio con el Banco República que tomaron las riendas de la banca pública que terminó vaciada y desapareció en 1999.
