El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, dio inicio ayer a la apertura del año judicial, en el cual hizo hincapié en anuncios que se encararán desde el Poder Judicial, con obras públicas y proyectos que se presentarán en la Legislatura; y en el que resaltó la habilitación de una línea telefónica pensada para la ciudadanía en general, en la que se podrá realizar todo tipo de gestiones y consultas, con tan solo llamar al número 160.
En su discurso, Garay realizó también un repaso del 2021 en el Poder Judicial, con un balance positivo respecto al trabajo realizado en medio de la pandemia del coronavirus, acompañado con una tasa de resolución de causas que aumentó durante el año, principalmente por la modernización del sistema, más una mayor agilidad en los procesos de las causas judiciales.
En el Salón de Actos del edificio de Tribunales y ante un escenario copado en pleno por dirigentes del frente Cambia Mendoza, Garay estuvo acompañado del gobernador, Rodolfo Suárez, quien emitió también un análisis sobre el año judicial, y que planteó nuevos proyectos a desarrollarse en los próximos meses en la Casa de las Leyes.
Línea 160
Entre las iniciativas más resonantes que anunció el Presidente del máximo tribunal de Justicia, estuvo la implementación de un número único de atención ciudadana, que será el 160, en el cual se podrán realizar todos los trámites y consultas en lo respectivo con el Poder Judicial.
Según sostuvo Garay a la prensa luego de su discurso, ya se firmaron convenios con el Poder Ejecutivo y se obtuvieron los permisos de la actividad reguladora, el Enacom, por lo que este número estará activo “en una o dos semanas”, con horarios que serán de mañana y tarde.
“Vamos a ser el primer Poder Judicial en el país en poner a disposición de la ciudadanía este número”, acotó el Ministro; quien agregó que se incorporará una “plataforma de omnicanalidad, facilitando y modernizando así nuestra comunicación con los ciudadanos y con todo aquel que participe en un proceso judicial”.
Por otro lado, añadió que para el corto plazo se espera ofrecer mayores servicios y funcionalidades, como por ejemplo incorporar las notificaciones a testigos y partes de una causa, mediante mensajería instantánea.
Para el ciudadano
Con respecto a la particularidad de este número telefónico, Garay dejó en claro que ha sido pensado “particularmente para la gente, para el ciudadano común”, ya que se podrán hacer gestiones y pedir turnos, como por ejemplo solicitar un abogado ad hoc -el adecuado según el tema en concreto -, pedir un turno de mediación, solicitar un codefensor de familia, y hasta pedir informes del Registro de la Propiedad.
No obstante, también se podrán recibir notificaciones desde ese número al celular o teléfono fijo. “El ciudadano sabrá que es el Poder Judicial el que se estará contactando”, acotó el ex ministro de la gestión de Alfredo Cornejo, quien expresó que ya se tiene el call center preparado, así como también la plataforma, pero se está terminando la instalación de la estructura física, que funcionará en el tercer piso de Tribunales.
A diferencia de los números de contacto (0800) que tiene el Poder Judicial activos, que son un mero servicio telefónico, en este caso se tratará de una plataforma integral, ya que se grabarán las llamadas, se registrarán las gestiones a través del Sistema Ticket; y también se contactará desde el Poder Judicial vía correo electrónico con el ciudadano que realice un trámite. “Será mucho más interactivo y brindará nuevas funciones”, acotó Garay, quien agregó que se podrá utilizar para todos los fueros de la Justicia.
Vuelven los concursos
Entre las propuestas que se llevarán a cabo, el Ministro adelantó que volverán los llamados a concursos luego de 7 años. Los mismos serán “públicos y abiertos” en toda la provincia, y se seleccionarán ingresantes para cargos de auxiliares administrativos y prosecretarios.
Garay adelantó que los mismos “serán distintos a los que históricamente se produjeron, ya que se harán dentro de un nuevo esquema legal, que contemple la redimensión de roles y responsabilidades en los distintos puestos de trabajo y funciones de los agentes judiciales, que, respetando la necesaria concurrencia y transparencia del trámite, seleccione a los mejores perfiles profesionales”.
Más proyectos
Tal como adelantó Los Andes en su edición del 30 de diciembre, Garay y el cuerpo de ministros de la Suprema Corte trabajarán en proyectos de ley que enviarán en los próximos meses a la Legislatura.
“Estamos proyectando reformas a la competencia originara del Tribunal, también insistiremos con la necesidad de garantizar la doble instancia en materia penal, propondremos una modificación al código procesal administrativo, así como también a la Ley orgánica de Tribunales, entre otras”, dijo. Para estas reformas, se presentarán modificaciones a leyes como la ley Orgánica de Tribunales, la ley del Código Procesal Administrativo (3918), y la ley de composición de la Suprema Corte (4969).
Por un lado, respecto al “doble conforme”, esta figura exige que dos tribunales revisen la sentencia de condena. Hoy esta doble instancia se completa desde la Corte, pero Garay consideró la posibilidad que un tribunal inferior lo resuelva y que al máximo tribunal “vaya en casación, que es un proceso que no discute más que la interpretación de la norma”, lo que descomprimiría a la propia Corte.
Y prosiguió: “La instancia de colegio de jueces en las cámaras nos ha dado la posibilidad de llegar en doble conforme en la misma cámara, es decir, que se sortee en la propia cámara otro tribunal que revise la sentencia”.
En tanto, también se está revisando el ingreso de causas al máximo tribunal. Una alternativa que se prevé es que se sortee la causa que llega a una de las salas de la Corte, y así “evitar” que se especule con el ingreso a cada sala (filoperonista o filoradical), como se hace actualmente según cada quincena.
En tanto, Suárez anunció que convocará a una “comisión de reformas procesales penales”, intergrada por diversos actores del ámbito judicial, en el cual tendrá por misión final adaptarlas en un mismo cuerpo normativo y ordenado, compilando reformas realizadas en los últimos años.
Estas reformas han sido la ley 8.869 de oralidad a las audiencias de prisiones preventivas, la 9.040 de organización de los juzgados, la 8.896 de eficacia penal, la 8.885 de investigación conexa; y la 9.106 de implementación de Juicios por Jurados, entre otras.
Suárez también dijo que se convocará a la comisión de análisis del Código Procesal Civil, que elaborará un informe sobre la puesta en vigencia del nuevo código, y en el cual se “ajustarán reformas para seguir dotando de calidad la nueva normativa”.
Un Polo para el Valle de Uco
Entre los anuncios, hubo uno de obra pública, cuya licitación se realizará en este 2022. Se trata del Polo Judicial del Valle de Uco, que se ubicará en Tunuyán, en una estructura de 4.500 m². El proyecto ya fue finalizado, y tiene una inversión de $750 millones, de los cuales la Justicia entregará $300.
“Con esta obra, no sólo vamos a dotar a todas las circunscripciones judiciales de un edifico moderno, sino que, en conjunto, vamos a culminar en este breve periodo, el proceso de incorporación de nuevas infraestructuras físicas para el Poder Judicial más importante de los últimos 50 años”, comentó Garay, en referencia también a la finalización del edificio del Polo Judicial que está ubicado en la Capital, y que tendrá próximamente la inauguración del edificio del Ministerio Público Fiscal.
Más agilidad
En su discurso, Garay sostuvo que el trabajo en la resolución de causas judiciales ha estado por encima de la tasa de resolución promedio, ya que en 2021 ingresaron 269.000 causas, mientras que se resolvieron 235.000, lo que da una tasa de resolución del 88%, “una de las más altas de los últimos 10 años”.
Entre los motivos, consideró que todas las reformas apuntadas a la oralidad y a la agilidad de los procesos, ha traído sus frutos, y que “el Poder Judicial que conocíamos, hoy ya no existe”. “El paradigma de organización del servicio que brindamos ha iniciado un camino de transformación drástica”, agregó.
Garay también defendió la implementación del expediente electrónico, a pesar de las controversias que generó al comienzo de su implementación. “No ha sido simple, a veces tampoco amigable”, reconoció, aunque a la vez destacó que “hoy, el Poder Judicial está abierto para recibir cualquier denuncia las 24 horas”. Dijo además que con este sistema se han generado “126.000 expedientes nativos digitales y realizado más de 37.000 audiencias vía remota”.
En tanto, Suárez tuvo un discurso amigable con el Poder Judicial, y luego de dar un diagnóstico sobre la compleja situación económica que atraviesa el país, hizo hincapié en la necesidad de “seguir contribuyendo en la construcción de un Estado sano, austero, que brinde algo de certidumbre a la ciudadanía y un gesto de empatía con los que peor la pasan”.
Entre las reformas realizadas, ponderó algunos cambios propuestos por el Poder Ejecutivo, que hoy se están debatiendo en la Legislatura, como la creación de las Oficinas de Conciliación Civil; así como también que más delitos sean resueltos a través de juicios por jurados populares.
