Tras la medida del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de recortar la venta de dólares a las provincias que deben pagar vencimientos en esa moneda y el amparo que presentó y (por ahora) ganó Córdoba, ha desatado una pelea impensada. Algo adelantó el gobernador Rodolfo Suárez ayer, sin dar demasiados detalles. Dijo que la Provincia accionará contra el cepo del Banco Central para frenarlo.
Fuentes de la Fiscalía de Estado aseguran que el organismo de control está trabajando en ese reclamo. No hay muchas precisiones, pero si está claro el camino no será en la Justicia Federal de Mendoza, sino que el Estado provincial irá por la inconstitucionalidad de la Comunicación “A” 7782 del BCRA ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Esa normativa del Central restringe la venta de dólares a las provincias para pagar deuda: sólo vendería 40% del monto total del vencimiento de capital; para el 60% restante, las provincias deberán utilizar sus propios dólares o refinanciarlas con los acreedores.
La Provincia tiene que pagar 60 millones de dólares en setiembre, de los cuáles 15 millones de dólares corresponden a intereses (para los que el Central si venderá a valor oficial por la totalidad), por lo que de los U$S45 millones restantes, la Provincia debería salir a comprar U$S27 millones en el mercado, por vía del dólar MEP o bolsa.
Esa operación cambiaria (obtener los billetes verdes vía dólar bolsa en lugar de oficial) le costaría al Gobierno unos 6.000 millones de pesos extra para cumplir con los acreedores.
Viéndolo desde la dimensión política, por qué no accionar contra la administración del Banco Central (cuya conducción fue nombrada por la gestión de Alberto Fernández) en plena campaña electoral. Hay argumentos técnicos y también políticos para reclamar, más aún cuando una provincia peronista como Córdoba, ya accionó y ganó en primera instancia. Ahora el Central irá a la Corte para desactivar el amparo que beneficia a la administración de Juan Schiaretti.
Por lo pronto, el Juez Federal de la ciudad de Córdoba, Alejandro Sánchez Freites, ordenó “la inaplicabilidad de dicha medida, por lo que el BCRA deberá proveer sin restricción alguna la venta de los dólares necesarios para cubrir la cuota que vence el próximo 10 de junio del corriente”. Y el Schiaretti festejó, a días de las elecciones cordobesas, que se realizarán el 25 de junio.
La presentación mendocina
Los conocedores de los vericuetos legales dicen que en las próximas horas saldrá el decreto de Suárez ordenándole a Fiscalía de Estado y a la Asesoría de Gobierno a accionar contra la norma que introduce otro cepo cambiario, con el único objetivo de no sumar una pérdida mayor de reservas.
Más allá del paso formal que implica el decreto, dicen que las comunicaciones entre el Ejecutivo y los dos organismos empezaron apenas se conoció la resolución del Central, el jueves 1 de junio pasado. Y desde entonces ya están trabajando en la estrategia legal de la provincia.
“Córdoba acaba de sacar la medida favorable de la Justicia Federal de Córdoba, pero el juez dijo expresamente que la competencia de las Cortes nacionales; de eso no hay ninguna duda. Sí desde el Gobierno de Córdoba argumentaron con la urgencia, que por eso no llegaban a la Corte y el juez, dijo ‘no soy competente, pero igual te resuelvo favorable’”, dicen .
La duda es presentar un amparo como Córdoba o ir por una acción declarativa de certeza. “Si es amparo tenemos un plazo de 15 días hábiles desde la publicación de la medida en el Boletín Oficial; eso sucedió hoy” dicen en Fiscalía de Estado, por ayer. Si fuera una acción declarativa de certeza el plazo es mayor.
La vía del amparo, cómo Córdoba, genera dudas, porque “no tenemos el nivel de urgencia de Córdoba que tenía el vencimiento el viernes; así que es posible que vayamos por una acción declarativa de certeza. Pero ambas medidas terminan pidiendo la inconstitucionalidad de la comunicación del Central”.
Los argumentos del planteo que haría Mendoza no serían muy distintos a los que trascendieron de la presentación de Córdoba: el Banco Central autorizó a tomar una deuda en un momento y después cuando llega el vencimiento no autoriza los dólares para pagarla; por otro lado obliga a reestructurar por lo que se estaría metiendo en competencias que son de las provincias, porque está obligando a tomar determinaciones de política económica financiera provinciales; además existiría avasallamiento de las autonomías provinciales.
