La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), que nuclea a las empresas de transporte público del interior del país, denunció esta semana a través de un comunicado que el Gobierno Nacional adeuda más de $4.400 millones en subsidios al sector correspondientes a febrero y marzo, y adelantó que, de no haber una regularización de la situación, se resentirá el servicio en varias provincias.
Si bien en Mendoza esta situación no ha pasado a mayores y no hay riesgo de algún tipo de complicación en el servicio, el Poder Ejecutivo, encabezado por Rodolfo Suárez, aseguró que la Nación no ha pagado en lo que va de este 2022 los subsidios correspondientes al Fondo Compensador del Transporte, cuyos montos “superan los $600 millones”.
Desde Nación rechazaron estas declaraciones diciendo no sólo que el Gobierno “está al día” con el resto de las jurisdicciones, y acusaron que la Provincia “no ha presentado las rendiciones”, situación que fue negada por la Secretaría de Servicios Públicos mendocina.
Problema nacional
Desde Servicios Públicos, que conduce Natalio Mema, diferenciaron la situación que afecta a otras provincias (donde sí hay posibilidad de medidas de fuerza), y dejaron en claro que “no hay riesgo” de algún resentimiento del sector. Además destacaron que, a diferencia de otras provincias , en Mendoza no hay atrasos con las empresas, y quien se ha hecho cargo de cubrir el subsidio nacional “es la Provincia”.
“En Mendoza envían alrededor de $300 millones por mes de subsidios nacionales, pero todavía no recibimos lo que corresponde a enero ni febrero. Hay un retraso que lo hemos tenido que compensar nosotros para que no afecte al servicio”, destacaron a Los Andes.
No obstante, desde el Ministerio de Transporte de la Nación, que lidera Alexis Guerrera, negaron la existencia de algún tipo de deuda con ninguna de las provincias, y acotaron que los pagos se han realizado “en tiempo y forma”.
También dijeron que enero y febrero “se han pagado a las provincias durante la segunda mitad del mes siguiente, por lo que aún se está en regla para el pago correspondiente al mes de marzo en la segunda mitad del corriente mes”.
Aún así, comentaron que aún están a la espera de “las rendiciones del mes de enero” de Mendoza, junto a Formosa, Catamarca y Santiago del Estero para que puedan acceder a cobrar su participación como el resto.
Ante esto, desde la Provincia insistieron en que en lo que va 2022 Mendoza “no ha recibido ningún pago correspondiente al Fondo Compensador del Transporte”.
La información disponible en el sitio web del ministerio de Transporte de la Nación, en el apartado de “Subsidios al Transporte Automotor de Pasajeros 2022″ aparece que Mendoza ha recibido $52,5 millones en concepto del mes de enero del “Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros Automotor Urbano del Interior del País”.
No obstante, aún no recibe montos en lo que corresponde a “atributos social del interior”, como por ejemplo “compensaciones para los jubilados, pensionados, trabajadoras domésticas y beneficiarios de ayudas sociales asignadas por Anses”.
Desde Nación comentaron, por otro lado, que el transporte “es 100% responsabilidad de las provincias” y que el Fondo Compensador “es un apoyo tipo bono”.
Relegados
Más allá de la polémica del pago del mes de enero o febrero, en el que hay una diferencia de los $52,5 millones aportados y de los alrededor de $300 millones que expresan desde Mendoza que debieran recibir, la crítica desde la cartera de Natalio Mema es insistente respecto a la diferencia entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el llamado “interior” del país, ya que en esa zona que comprende la Capital Federal y el conurbano bonaerense, el pasaje de micro está subsidiado en 100%, mientras que al resto de las provincias no es así.
Respecto a este punto, Mendoza tiene presupuestados $13.000 millones que irán en este 2022 a la compensación tarifaria del boleto, lo que representa un 67% de lo que cuesta el servicio de transporte público de pasajeros. En tanto, un 18% se recibe por parte de Nación, con unos $3.600 millones anuales; mientras que el resto, el 15%, surge de la venta del pasaje de micros.
Mientras tanto, desde Nación comentaron que, en cuanto a la solicitud de una nueva resolución para previsibilidad presupuestaria, “saldrá una nueva por los próximos tres meses (abril, mayo y junio), tal como se aprobó en su momento para los primeros tres meses del año”.
Y además destacaron que dicha resolución “está en tratamiento para su próxima aprobación. Si bien es voluntad del ministerio de Transporte cancelar las acreencias en los mínimos plazos posibles, ello siempre quedará supeditado a la presentación en tiempo y forma de las rendiciones de los fondos aportados con anterioridad”.
Empresarios adhieren
El mencionado documento de la Fatap tuvo una adhesión “al 100%” por parte de la Asociación Unida Transporte Automotor Mendoza (Autam), quienes también hicieron referencia a la lucha entre las provincias del interior (y por ende las empresas que allí desarrollan su trabajo) con el Gobierno Nacional por los subsidios.
“La diferencia entre Mendoza y el resto de las jurisdicciones es que en la Provincia, el subsidio al transporte es más alto y hace ‘más llevadera’ la situación”, destacaron desde la Asociación, que nuclea a las empresas privadas que ofrecen el servicio del transporte público de pasajeros en la zona urbana del Gran Mendoza.
En este sentido, desde Autam, y como integrantes de la Fatap, dejaron en claro que “el reclamo a Nación es el mismo, la demora es la misma y la situación no ha cambiado”, y acotaron que “en Mendoza no ha habido paros ni medidas de fuerza, como sí ha pasado en otras provincias, por los subsidios locales”.
El documento de la Fatap indicó que, “transcurriendo los primeros días del mes de abril de 2022, el Estado Nacional adeuda al sector $ 4.430 millones de pesos de los $ 9.600 millones asignados por medio del ya insuficiente Fondo Compensador del Transporte”.
En este sentido, marcaron que sin los recursos necesarios “se ve impedido de pagar salarios y cargar combustible, por lo que el servicio se verá interrumpido en el sector de corta y media distancia”. Y advirtieron: “De no haber una solución de parte del Gobierno, las empresas no podrán prestar servicios y se pone en riesgo 33.000 fuentes de empleo, pese a los constantes esfuerzos que hacen las empresas del sector”.
