La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, señaló que a fines de enero o ya dentro del mes de febrero, comenzar a trabajar con un equipo de 41 policías especializados para combatir el mercado negro en Mendoza, particularmente con el robo de celulares, autopartes y bicicletas, que tienen a maltraer a los mendocinos y cuyos robos “menores” han crecido en los últimos meses.
Como ya informó Los Andes en octubre, el Gobierno prepara la puesta en escena de la ley con la que la Policía podrá registrar locales de venta de bienes como celulares, bicicletas y autopartes, con un equipo especializado -junto al de Investigaciones- directamente a comercios donde sospechan que hay mercado ilegal de bienes, para desbaratarlos.
En diálogo con los medios de comunicación, señaló que los efectivos forman parte de este equipo tienen “más de tres años de estudios en criminalística” y poseen “conocimientos específicos” en todo lo que refiere el “mercado negro” de estos elementos, sobre todo cómo es todo el recorrido desde el robo a la ciudadanía mendocina y posteriormente a la venta en el mercado ilegal, también en la provincia.
“Son equipos de trabajos con personal de Investigaciones que tienen conocimientos académicos clave para esta área”. Además aclaró que “trabajan en las redes sociales”, que es donde particularmente se realizan ventas de productos robados, más allá de los locales de Mendoza, que varios de ellos están “identificados”.
La funcionaria expresó que tienen “culminado todo el sistema informático” con el cual combatir el robo y comercialización de los celulares y autopartes que es “parecido al plan contra el robo de cobre”, en el cual dio resultados positivos, con una disminución del 89% del robo en un año (o tendencia a la baja), con un balance de “40 toneladas secuestradas, 70 detenidos y más de 150 allanamientos en Mendoza”.
Dicho sistema informático contemplará toda la información que se recolectará desde Investigaciones, que tendrá el registro de quiénes se dedican a la venta de bienes muebles (celulares, autopartes, bicicletas), cuyos dueños deberán llevar un inventario de los artículos que compran y venden, para tener una “trazabilidad” de los productos, y por ende, combatir la venta ilegal.
“No solo tenemos qee incorporar personal sino que necesitamos acelerar el conocimiento para el abordaje efectivo de los delitos”, dijo Rus, y señaló que espera que el acto de presentación sea “a fines de enero o ya en el mes de febrero”.
Registro de bienes muebles usados
Ley votada que dio origen al “Registro de bienes muebles usados” en julio pasado, es la 9556, que establece que dicho registro tendrá “carácter público, estará sistematizado y deberá ser de fácil y libre acceso”.
El punto importante se encuentra en el artículo 5 de la ley, donde se faculta a los efectivos del Ministerio de Seguridad “a exigir y comprobar el cumplimiento de lo establecido en esta ley y requerir la documentación respaldatoria; a realizar la inspección del establecimiento, de los bienes que se encuentran ofrecidos a la venta y/o se mantengan en stock y de la documentación que acredite el origen lícito de dichos bienes”.
Si advierten infracciones los locales, se suspenderá de forma provisoria el local y se secuestrará “toda la mercadería encontrada en infracción a la ley”. Si se trata de un delito o contravención, se dará aviso al Ministerio Público Fiscal.
Serán funciones del Registro de Bienes Muebles Usados:
- Registrar a las personas humanas y jurídicas que en forma habitual y/o permanente se dediquen a la compra y venta de bienes muebles usados y sus operaciones y las habilitadas para el mantenimiento y reparación de bienes muebles usados.
- Registrar las compras y ventas de bienes muebles usados efectuadas por las personas mencionadas en el inciso anterior, que se concreten dentro del territorio de la Provincia.
- Propender a la eliminación del mercado ilegal de bienes producto de infracciones a normas legales o producto de delitos penales.
- Facilitar consultas sobre los sujetos habilitados y registrados y sobre el origen de los bienes muebles usados.
- Posibilitar la generación de un código de verificación único y encriptado para las operaciones registradas.
Serán sujetos del registro:
- Toda persona humana o jurídica habilitada para dedicarse en forma habitual y/o permanente a la compra y venta de bienes muebles usados.
- Toda persona humana o jurídica habilitada para el mantenimiento y reparación de bienes muebles usados.
- Toda persona humana o jurídica que realice compra y venta de bienes muebles y desee registrarlos.
Cada registración deberá contener como mínimo los siguientes datos:
- Respecto del vendedor: Nombre y Apellido, DNI, CUIT/CUIL y razón social en su caso;
- Respecto del comprador: Nombre y Apellido, DNI, CUIT/CUIL y razón social en su caso;
Respecto al sistema que hizo mención Rus, será de registración “obligatoria” y los dueños de los negocios deberán “proceder a registrar los bienes en stock, las compras y ventas y demás operaciones” y “no podrán tener bienes por fuera de dicho inventario”.
Respecto al sistema de autopartes, quienes trabajen en ese rubro deberán estar inscriptos en el Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas (RUDAC) y deberán cumplir con las disposiciones que establezca la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.
Los agentes del Ministerio de Seguridad estarán también facultados a “realizar la inspección del establecimiento y de los elementos que se encuentren ofrecidos a la venta y/o se mantengan en stock y la documentación que acredite el origen lícito de los bienes”.
Sanciones a los infractores con multas millonarias
De acuerdo a las sanciones para los infractores, serán millonarias.
Por ejemplo, será sancionado con multa de $1,6 millón (4.000 UF) a $3,78 millones (9.000 UF) “el sujeto que debiendo estar registrado de conformidad con su actividad y lo establecido en esta ley, no lo hiciera”, establece el artículo 19.
En tanto, el artículo 20 marca que será sancionado con multa de $1,26 millón (3.000 UF) a $2,52 millones (6.000 UF) e inhabilitación por hasta 60 días, el registrador obligado “que no inscriba una de las operaciones exigidas por esta ley”.
Por último, el artículo 21 sanciona con $840.000 a $2,52 millones e inhabilitación por hasta 60 días, el registrador obligado “que incumpla alguna otra disposición de esta ley”.
“En caso de reincidencia se procederá con clausura definitiva del comercio e inhabilitación por un un año para comprar y vender bienes muebles usados no registrables, según procedimiento previsto en la reglamentación”.
