El ministro de Seguridad, Raúl Levrino, repite con frecuencia que la política de seguridad pública de la provincia arrancó en 2015, es decir, en la gestión anterior del radicalismo, y que durante la era Suárez se le dio continuidad. Pero hay una medida que tomó Alfredo Cornejo y que su sucesor aún no continuó.
Se trata de las encuestas de victimización. Cornejo comenzó a tomar este registro en 2016 (difundió los primeros resultados en junio de 2017) y prometió convertirlo en una política de Estado que se repetiría cada año. Efectivamente, estas encuestas se siguieron haciendo hasta 2019, pero la pandemia del coronavirus fue argumento suficiente para suspenderlas en 2020.
Por ello, a la hora de perfeccionar el diagnóstico y tomar decisiones, a Levrino le faltan algunas cifras. A pesar de que ayer aseguró, en la presentación del Presupuesto 2022 de su área en la Legislatura, que tiene un “Observatorio provincial de seguridad ciudadana” que proporciona “información científica” para combatir el delito.
Pues bien, a este observatorio, que se nutre de la información judicial y policial de distintos organismos, le falta desde hace tiempo un elemento importante: la “cifra negra” del delito en Mendoza. En efecto, las encuestas de victimización permiten acercarse a la inseguridad real, porque no dependen de las denuncias formales y los hechos que detecta la Policía.
A diferencia de otros tipos de relevamientos, los encuestadores van a las casas de las personas para averiguar la realidad y de ese modo el Gobierno puede saber cuánta gente no denuncia los delitos que sufre, así como otros datos importantes para tomar medidas: cuánto gasta para protegerse y en qué lugares o momentos del día se siente más insegura, por ejemplo.
En general, los sondeos domiciliarios son más certeros que otro tipo de encuestas. Pasa en el caso de las encuestas electorales y puede presumirse que ocurre lo mismo con las encuestas de victimización provinciales.
En Mendoza, dos organismos han intervenido para realizarlas. Las encuestas son realizadas por la Dirección de Investigaciones y Estadísticas Económicas (DEIE) del Ministerio de Economía, mientras que el procesamiento de los datos lo hace el Ministerio de Seguridad.
Con mayor o menor difusión de los resultados, así fue el procedimiento hasta 2019. Pero ni el ministro Levrino, quien recientemente ha estado más expuesto a la opinión pública que de costumbre, ni ninguno de sus funcionarios, han mencionado las encuestas de victimización como parte de la política de seguridad actual.
Tampoco han sido interrogados por la oposición al respecto, que no las tiene en cuenta o las desconoce. En cuanto a su futuro, este diario puedo saber apenas que la DEIE retomará en noviembre los relevamientos de campo sobre inseguridad, tras una cuarentena en la que no sacrificó todas las mediciones, pero esta sí.
Tal vez no es casual que parezcan desinflarse estos operativos: los resultados nunca han sido demasiado alentadores. Por ejemplo, de acuerdo con los datos oficiales, el índice de delitos no denunciados siempre estuvo en Mendoza por encima del 50 por ciento. Los delitos no denunciados bajaron de 63.1 a 53.9 entre 2017 y 2018, pero en el último relevamiento realizado, cuyo resultado se conoció el año pasado, habían crecido de nuevo hasta alcanzar el 65.4%.
El año pasado, el Ministerio de Seguridad entregó datos parciales de los resultados de la última encuesta de victimización, que se elaboró durante el último año de Cornejo como gobernador. Se supo entonces que había subido la sensación de inseguridad (dio más del 66%) y que, en cuanto a hábitos frecuentes, la gran mayoría (más del 73%) temía ser robado cuando iba a sacar plata de los cajeros automáticos.
En aquella encuesta aparecía que la estafa y el hurto (robo sin violencia) figuraban entre los cinco tipos de delitos que menos se denunciaban: 84.7% y 82.3% de la población no lo hacía, respectivamente. La foto fue tomada a fines de 2019 y a esta altura es bastante vieja, pero sirve como antecedente, porque se trata de dos modalidades de delitos en las que el ministro Levrino ha reconocido un aumento tras la larga noche de la pandemia.
El ministro de Seguridad, a quien el gobernador Rodolfo Suárez pone en “on” para la prensa solo en contadas ocasiones, viene repitiendo desde la semana pasada que la seguridad mejoró respecto de la pre pandemia en sus valores más sensibles.
Tal como publicó Los Andes, de acuerdo con la información oficial que reunió el Ministerio Público Fiscal, la tasa de homicidios ha caído a la mitad en los últimos 6 años (de 9 a 4,6 cada 100.000 habitantes) y los robos agravados (con armas) han disminuido en 2021 35% respecto de 2019.
Lo que ha aumentado respecto de 2019, según indicó el propio Ministerio de Seguridad, ha sido la cifra de hurtos: hubo 28% más en lo que va de 2021. “Por la crisis económica”, aclaró rápido el propio gobernador la semana pasada. También crecieron la estafa y el ciberdelito, que subió nada menos que 300% en los primeros meses de 2021, de acuerdo con las denuncias tomadas.
Para peor, como se dijo, estas dos modalidades (hurto y estafa) figuraban hasta el año pasado, en la encuesta de victimización, como las menos denunciadas por los mendocinos ante las autoridades. En qué lugar del ranking de la inseguridad se encuentran hoy sólo se terminará de saber cuando la experiencia de auscultar la cifra negra del delito se repita.
