En el marco de la tensa discusión política por Portezuelo del Viento, en la que hoy Mendoza está en desventaja con respecto al resto de las provincias de la cuenca del río Colorado, un reconocido experto en derecho de agua de nuestra provincia, Miguel Mathus Escorihuela, sorprendió al opinar que, en virtud de la actual adversidad, que contiene un alto componente político, Mendoza debería desistir de encarar la obra con sus propios recursos.
Entrevistado por Los Andes, este destacado abogado, docente y ex legislador profundizó los detalles de su propuesta, que pone a consideración de la dirigencia política local.
“Después de la última audiencia del Coirco considero agotado el tema de Portezuelo del Viento”, sentenció, aunque comparte que, no obstante, se haya abierto la propuesta del consorcio que se presentó a la licitación internacional de la obra. “Personalmente no me interesa el resultado. Lo ocurrido me ha hecho cambiar de opinión luego de largas reflexiones”, remarcó Mathus.
De inmediato se refirió al largo tiempo transcurrido con la propuesta. “Mendoza ha estado 64 años participando en negociaciones sobre el río Colorado. He intervenido colaborando desde la firma del tratado; he sido representante de la Provincia ante la Secretaría de Recursos Hídricos por el caso del Colorado y del Atuel. Pienso honradamente que no puede perderse más tiempo, sobre todo si consideramos que, después, se requerirán otros 30 años para la construcción de la obra, la central hidroeléctrica, la línea de alta tensión hasta Malargüe, la relocalización de Las Loicas, la reconstrucción del camino a El Pehuenche y el trasvase al Atuel. No podemos malgastar el tiempo de tantas generaciones. Siempre, claro está, con las objeciones militantes de La Pampa sin interesar el motivo”.
Recomendó “tomar otros caminos y dejar el sendero de lo absurdo. Debemos recuperar en plenitud el ejercicio de la autonomía provincial y ponerle punto final al expolio que padecemos de la Nación, e indirectamente de provincias que están demostrando ser malas vecinas. Se da la paradoja que siendo Mendoza la provincia más necesitada del agua con visión de futuro, y en medio del cambio climático que ya estamos padeciendo, tenemos que pagar con fondos nuestros las necesidades de agua de las provincias de las ‘vacas gordas’, de la soja y del trigo, de los accesos a la exportación. Precisamente ellas son las que obstaculizan y traban nuestro desarrollo. No podemos ser tan necios”.
-Cuáles son, entonces, los caminos que usted cree que debería tomar la Provincia si no hace la obra?
-Primero hay que notificar al Coirco, a la Nación y a las demás provincias que Mendoza ha decidido, en resguardo de su patrimonio, no construir Portezuelo del Viento con dineros propios y que la obra queda a disposición de las restantes provincias y de la Nación para su emprendimiento. Ello no implica renunciar a nuestros derechos sobre el caudal que corresponde sobre el río Colorado, ni al ejercicio de los derechos territoriales sobre la cuenca del mismo.
Para Mathus Escorihuela, “los 1.200 millones de dólares que se percibirán de la Nación y que se ha comenzado a recibir son de propiedad exclusiva y legitima de nuestra provincia por los perjuicios que sufrió Mendoza por la ilegal promoción industrial que favoreció a San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca. Esto fue convalidado por la Corte Suprema de Justicia. Esos recursos los destinaría Mendoza en beneficio propio con fines de utilidad pública, conforme lo decida el gobierno provincial. Por todo esto no queda nada que discutir ni consensuar” con el Estado nacional y las demás provincias involucradas.
Y volvió a criticar a La Pampa y sus aliados: “Si de estudio de impacto ambiental se trata, las provincias que lo pidieron no saben, no han leído o no entienden nada de los cinco estudios llevados a cabo, dos de ellos por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), además de los realizados por dos universidades nacionales a lo largo de este proceso. Y tampoco se habla de lo hecho por Italconsult Sofrelect y los estudios de Harza Argentina hace 20 años”.
Según consideró, “La Pampa y Buenos Aires no hicieron ningún estudio de impacto ambiental cuando construyeron la represa de Casa de Piedra. Por eso este pedido llevado a cabo con justificaciones absurdas y ridículas de toda índole, no tiene otro calificativo que chicana procesal para dilatar más tiempo le ejecución de las obras. Insisto, por lo tanto, que hay que poner punto final a las dilaciones y que cada uno se dedique a lo suyo”.
Acotó al respecto Mathus que para que cada provincia siga con lo que quiera, “no hay disputas legales. El río es interprovincial, el cupo de agua que debe recibir cada provincia ya fue establecido por el MIT y aprobado por unanimidad por acta firmada y posteriormente por ley de cada provincia y otra por la Nación. No existe conflicto en el reparto del caudal del río. Tampoco en la gestión y manejo del embalse, pues todo estará a cargo del Coirco. Todas podrán controlar el manejo de la presa y su funcionamiento. El eventual llenado de la presa está acordado”.
En su contundente reflexión, el experto también incluyó lo vinculado con las regalías hidroeléctricas: “No caben dudas. Conforme a la jurisprudencia nacional e internacional la regalía pertenece a quien es dueño de la fuente, es decir, de la pendiente topográfica que con el agua produce energía. La pendiente topográfica es propiedad de la provincia de Mendoza, como todo el suelo que ocuparán la presa y el lago. En esto no puede haber discusión, mal le pese a La Pampa. La realidad geográfica y topográfica y el derecho están del lado de Mendoza”.
-¿Cuáles serían los pasos a dar por Mendoza según su propuesta?
-Primero hay que denunciar ante el Coirco y el gobierno nacional el artículo del Tratado que designa al Presidente de la Nación como árbitro ante cualquier diferendo, optando por el arbitraje de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se debe informar desde el gobierno todo lo actuado a la Legislatura, explicando el porqué de la decisión adoptada. Hay que avanzar con las obras de derivación de su cupo de 34 metros cúbicos, lo que está autorizado por el tratado, desde la estrechura del río Grande al Atuel. Esta derivación conforme los estudios del MIT es la que realmente potencia los resultados económicos de las obras, porque incrementa sustancialmente la generación hidroeléctrica de los Nihuiles.
“Luego -agrega- hay que reclamar judicialmente a La Pampa y Buenos Aires una compensación por las regalías hidroeléctricas de la represa Casa de Piedra por el uso de nuestro cupo de agua sobre el Colorado (34 m3) en la generación hidroeléctrica de esa presa. Y en tercer lugar elaborar de inmediato un plan de obras para el desarrollo integral de la provincia en lo referido a vivienda, centros de salud, escuelas hogares en zonas desérticas, construcción y terminación de rutas de integración y la iniciación de las obras preparatorias para la construcción del dique Los Blancos y la central hidroeléctrica en el Alto Tunuyán”.
Y no deja de lado Mathus propiciar el desarrollo minero en Malargüe y Las Heras: “El modelo económico de Mendoza está agotado y se puede hacer minería sin dañar el ambiente. Con la uva, el vino y la fruta no pintamos la pieza, no solventamos la indigencia ni la pobreza. Se necesitan nuevas fuentes de trabajo y de ingreso”.
“Este esbozo de Plan de Desarrollo, con 1.200 millones de dólares bien administrados, se puede hacer en no más de 10 años. Se requiere decisión y trabajo. Honradez en el manejo de los fondos. En el mundo sobran ejemplos”.
