Luego de que se postergara para la semana próxima la votación de la “ley ómnibus”, este jueves se reanudaron las negociaciones entre el oficialismo y la oposición “dialoguista” para imprimirle cambios al dictamen de mayoría, que entre otras cosas incluyen pedidos de gobernadores y el recorte de dos emergencias.
Las conversaciones se dieron en medio de nuevas amenazas del presidente Javier Milei hacia los mandatarios provinciales que no acompañen. “Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos”, sentenció el jefe de Estado, según reveló Clarín, ante sus ministros en la reunión de Gabinete.
En paralelo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, dio por cerradas las negociaciones al sostener que el Gobierno llegó a su “máxima capacidad de cesión en función de lo que pretende de la situación económica de los próximos meses”.
Sin embargo, en el Congreso el escenario es otro: las tratativas se reanudaron en el despacho del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, en continuidad con las reuniones secretas que tuvieron lugar el miércoles en un departamento en el barrio porteño de Recoleta, con la presencia de Federico Stuzenegger, y en otro domicilio particular.
Diputados del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal pasaron por la oficina de Menem, donde acudieron el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y Maximiliano Fariña, un economista cordobés de La Libertad Avanza a quien encomendaron la tarea de redactar los agregados y cambios al texto.
La tarea de este jueves estuvo abocada a revisar y amalgamar las numerosas disidencias que los bloques anexaron a la firma del dictamen de mayoría. Esperan que muchas de esas disidencias se traduzcan en cambios al dictamen, que serían oficializados en el recinto.
La sesión sería el martes, aunque aún no fue convocada de manera oficial. El lunes se realizaría una reunión de Labor Parlamentaria con la participación de Menem y jefes de bloque para ordenar el debate y, sobre todo, el tratamiento del proyecto en particular, que demandará muchas horas. El dictamen quedó con 525 artículos.
Los cambios aceptados
Según supo este medio, el oficialismo aceptó recortar más la cantidad de emergencias. De las 11 originales, quedarían en pie solo siete: se quitarán la previsional y la de salud. Ya se habían eliminado la social y la de defensa. De esta manera, se mantendrían la económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa.
Además, garantizaron que se aceptará un pedido sustancial de los gobernadores: coparticipar a las provincias lo recaudado por el régimen de regularización de activos (blanqueo), que originalmente era para capitalizar el Banco Central. En el dictamen no se incorporó esa modificación, pero se plasmará en el recinto.
También se sumaron tres economías regionales al listado de retenciones cero: alfalfa, tabaco y especias. No obstante, el Gobierno sigue firme en su intención de subir retenciones al maíz, trigo, derivados de la soja y productos industriales. Por el rechazo de toda la oposición “colaborativa”, esos artículos fracasarían en el recinto.
Tampoco asoma un acuerdo en torno a la implementación de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria (ajuste mensual por IPC), ni los giros a las 13 provinciales con cajas previsionales no transferidas antes de pasar los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES al Tesoro.
Mientras avanzaban las negociaciones, Hacemos Coalición Federal, el bloque liderado por Miguel Pichetto, emitió un comunicado donde ratificó que buscará “otorgar gobernabilidad y darle al Gobierno las herramientas que necesita para sacar a la Argentina de esta profunda crisis”.
“Pretendemos que (el debate) sea de cara a la gente, con total honestidad y transparencia, para que no se terminen votando de madrugada y a escondidas de la sociedad cuestiones centrales para el futuro de la Argentina”, enfatizó la bancada.
A pesar del ánimo colaborativo, los cordobeses que representan al gobernador Martín Llaryora, así como el radical Luis Picat, de la misma provincia, alertaron sobre un retroceso en el acuerdo que se había alcanzado para fomentar el sector de los biocombustibles.
