El presidente Javier Milei dio a conocer a través del Boletín Oficial su propuesta para que Ariel Lijo y Manuel José García-Mansilla integren la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“En el marco de lo establecido en el artículo 4º del Decreto Nº222/03 (modificado por Decreto N°267/24), se hace saber que a efectos de cubrir la vacante de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha propuesto al juez federal Ariel Lijo y al jurista Manuel García-Mansilla”, dice la publicación de este lunes.
En el caso de Lijo, el aviso oficial del Gobierno destaca que es un abogado recibido en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y que desde 2004 es titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 de la Capital Federal. Además, fue reconocido por su inestimable colaboración con la Embajada de Israel en Argentina en el año 2011.
Sobre García-Mansilla, el aviso agrega que egresó de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador y realizó luego un posgrado en la Georgetown University de Washington. Desde 2019, el jurista es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.
Tanto con Lijo como con García-Mansilla, el Gobierno señaló que “en todos los casos se trata de una síntesis de los datos” que componen los currículums vitae, que podrán ser consultados en detalle en la página web del Ministerio de Justicia de la Nación: www.jus.gov.ar.
La Corte Suprema de Justicia cuenta en la actualidad con cuatro integrantes: Horacio Rosatti (presidente), Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. En tanto, Elena Highton de Nolasco dejó el cargo en 2021.
El juez Maqueda está próximo a cumplir los 75 años, y Milei pretende acelerar el proceso de selección para que el sucesor esté disponible para la jura en noviembre. Maqueda, de no contar con la habilitación del Poder Ejecutivo, deberá acogerse a la jubilación, dejando así un lugar más por ocupar en el máximo tribunal.
Los pliegos de Lijo y García-Mansilla deberán ser analizados por el Poder Legislativo luego de su correspondiente tratamiento en comisiones. Se estima que todo el trámite tardará meses para llegar a su epílogo sobre finales de este 2024. En la Cámara de Senadores se necesita una mayoría especial: dos tercios de los miembros presentes tienen que dar su aval.