El proyecto que el Gobierno provincial envió esta semana a la Legislatura provincial es en parte, si cabe la expresión, una “mini motosierra”. En efecto, lo inspira parcialmente el espíritu de “ajuste a la casta política” que impuso Javier Milei. Incluso, en uno de sus artículos menos difundidos, dictamina la eliminación de salarios de funcionarios cercanos al millón de pesos en un área vinculada a la planificación.
El margen que tiene el gobernador para aplicar medidas es probablemente menor al del Presidente. Alfredo Cornejo dice siempre que aquí el ajuste del Estado lleva ya años en ejecución. En su nueva gobernación, mandó además recortar más del 20% de los contratos del Estado provincial a través de un decreto. Pero si queda espacio para ajustar un poco más, eso se refleja en la “reforma fiscal”.
Es cierto que el proyecto es un paquete que recubre el verdadero nudo del proyecto, que está en el artículo que busca nivelar los fondos que reciben los municipios por coparticipación municipal. Pero si se deja de lado esto, en el articulado aparecen unas cuantas señales de la “mini motosierra” mendocina.
Lo es, por ejemplo, la decisión de vender o cerrar el canal televisivo Acequia, que fue creado por el peronismo en 2012, pero sostenido (casi en estado vegetativo) por dos gestiones y pico del radicalismo.
También lo son varias cláusulas que restringen beneficios de los empleados estatales, como las licencias sin goce de haberes y las indemnizaciones, o la que propone limitar gastos salariales en organismos colegiados. Se trata de unos 350 consejos y comisiones, según informó el ministro de Hacienda Víctor Fayad. Estos órganos generan pagos de adicionales a empleados públicos, a pesar de que son ad hoc: no funcionan todo el año.
En este contexto, en otro artículo, el Gobierno provincial taló en forma directa ocho salarios de funcionarios que, de seguirse pagando, rondarían o superarían el millón de pesos cada uno.
Se trata de los sueldos que corresponderían a los integrantes del comité ejecutivo de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial (APOT), un órgano asesor para la aplicación de la ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo que aquella misma norma (8051) creó en 2009.
La APOT funcionó hasta el final de la gestión de Rodolfo Suárez en el ámbito de la Secretaría de Ambiente de la provincia, que tampoco existe más como tal. Tenía cinco vocales, a pesar de que la ley establecía que fueran siete.
En el inicio de la nueva gestión se les pidió la renuncia a todos ellos y se trasladó al equipo técnico, que es personal de planta, al Ministerio de Gobierno e Infraestructura.
Desde febrero flotaba en ese ámbito la sensación de que Cornejo no nombraría nuevos vocales por una cuestión de presupuesto, pero el proyecto de ley enviado a la Legislatura demostró que la agencia sí va a continuar, aunque con algunos cambios importantes ligados a esta época de ajuste.
En efecto, de acuerdo con el artículo 19 de la reforma fiscal, la APOT se recreará en el ámbito del Ministerio de Gobierno e Infraestructura. Pero a sus miembros, el Gobierno no les pagará un sueldo por esta tarea.
“El desempeño de los cargos de los miembros del comité ejecutivo, no generará derecho a retribución por parte del Poder Ejecutivo”, dice textualmente ese artículo, y agrega que quedará a criterio de los sectores o entidades que designen a los integrantes la potestad de darles una remuneración o no.
Vale decir en este sentido que ese comité tendrá un presidente designado por el Poder Ejecutivo y siete vocales: uno por el Ejecutivo, tres que designarán los sectores científico, técnico y de las universidades, dos por los municipios y uno por parte del Departamento General de Irrigación.
Estos sectores deberán acordar quiénes serán sus representantes en la nueva APOT, a quienes se les asignará (como ya existía en el diseño original) una serie de tareas importantes, como la elaboración de planes de ordenamiento territorial.
La nueva APOT será ubicada en el ámbito de la Dirección de Planificación del Ministerio de Gobierno, que está a cargo de Matías Dalla Torre. Este funcionario responde a Marité Badui, la subsecretaria de Infraestructura, quien viene de trabajar en Irrigación.
La funcionaria se ha propuesta darle agilidad y claridad a la planificación, en el marco de una deuda histórica en este sentido: a 15 años de la sanción de la ley de Uso del Suelo, todavía falta que siete departamentos aprueben sus planes de ordenamiento territorial.
Pero los cambios confirmados en el proyecto de reforma fiscal han provocado cierta polémica también. “La planificación integral no es lo mismo que la planificación de la obra pública”, advierten algunos críticos, respecto de la reubicación de la APOT, que será absorbida por el área de Infraestructura.
También hay quienes perciben que en la gestión ha quedado demasiado desdibujada el área de Ambiente, donde operaba la APOT. Hoy ha perdido rango y funciona como subsecretaría, en el organigrama del Ministerio de Energía y Ambiente.
Lo cierto es que los nuevos integrantes de la APOT no tendrán sueldo específico por su labor. Así lo dispone el proyecto provincial que en varios artículos sigue el lema mayor de Milei: “no hay plata”.
