Este lunes el Gobierno provincial se sentó en la mesa de negociaciones con la oposición en la Legislatura para llegar a acuerdos en la presentación del proyecto de ley de emergencia en anestesiología, que presentó el Poder Ejecutivo el viernes, para intentar mitigar la crisis que hay en ese sector de la Salud. Tras horas de debate, hubo principio de acuerdo entre el oficialismo y la oposición y todo está dado para que mañana se vote en un “supermartes” de sesión, en la cual habrá debate tanto en Senadores como en Diputados (se adelantará la sesión del miércoles porque ese será el día del Censo Nacional).
Precisamente fue la ministra de Salud, Ana Nadal, a explicar el proyecto a los legisladores, en medio de un conflicto que ha generado la renuncia de 68 anestesistas a las prestaciones en hospitales del Estado provincial, lo que llevó a que cientos de cirugías programadas se hayan postergado. No se han ofrecido datos oficiales, pero extraoficialmente se habla de que hay más de 5.000 cirugías reprogramadas en los hospitales públicos de toda la provincia.
La reunión comenzó pasadas las 10 a puertas cerradas, y participaron diputados y senadores del oficialismo y la oposición, así como también dos representantes de los médicos anestesiólogos. Luego de dos horas de deliberación y un cuarto intermedio, el oficialismo aceptó algunas flexibilizaciones a la ley y compartirá por la tarde la redacción final del proyecto.
En principio, el peronismo aceptará los cambios que el radicalismo se comprometió a hacer cerca de las 15, en lo que fue el final de una reunión que tuvo a los principales jefes de bloque de la Cámara Alta y Baja. No obstante, la aceptación final terminará de resolverse una vez se tenga por escrito la modificación de la ley
Fumata blanca
Desde el Frente de Todos, los voceros fueron tres: los jefes de bloques del Senado y Diputados, Lucas Ilardo y Germán Gómez; y el senador Alejandro Bermejo. En diálogo con los medios de comunicación, Ilardo pidió en primer lugar la apertura de una “mesa de diálogo”, cuestión que fue aceptada por el Gobierno y que quedará escrita en el texto del nuevo proyecto.
“Para el PJ la única prioridad es que los mendocinos tengan su sistema de salud garantizado”, acotó el legislador kirchnerista, y marcó que están “colaborando” para llegar a soluciones con una “propuesta superadora”. También expresó que coinciden en que Mendoza está “en una situación de emergencia” y plantearon algunas modificaciones que fueron debatidas con el oficialismo.
“Hemos hecho una propuesta para armonizar entre las partes. El proyecto tiene artículos que rozan la inconstitucionalidad”, señaló Ilardo.
En tanto, el jefe de bloque del frente Cambia Mendoza en el Senado, Martín Kerchner, marcó que la ley de emergencia “va a ser tratada el día de mañana”, y adelantó que “se va a abrir una mesa de diálogo, mientras el Ejecutivo tiene las herramientas que solicitó para poder avanzar”.
“La prioridad nuestra es la salud de todos los mendocinos y que haya un avance en la prestación de servicio, tal que no siga perjudicando las cirugías que se han ido atrasando por este conflicto”, destacó Kerchner.
Principales cambios al proyecto
Además de la apertura de una mesa de diálogo, en el oficialismo se encargaron de pulir el proyecto, para entregarlo a todos los jefes de bloque tanto del Senado como de Diputados.
Se prevé una reducción del periodo de emergencia de 18 meses a solamente 4 meses, pero con la posibilidad de prorrogarlo una vez se cumpla la fecha. Desde el oficialismo comentaron que se vio con buenos ojos la chance de aceptar ese cambio, ya que “el mismo no afectaría la situación por la que se está pidiendo la emergencia en este sector”.
En tanto, desde la oposición expresaron a que 120 días sería un plazo “razonable”, ya que en esa mesa de diálogo, el objetivo es que el Gobierno “pueda llegar a mejoras y acuerdos con el sector de la Salud en un lapso de esos 120 días”.
Por otro lado, habrá también cambios en el polémico artículo 3 del proyecto, que prevé -en su texto original- que fue tildado de “inconstitucional” por el Frente de Todos. Este texto marcaba que las renuncias de quienes prestan servicios en el sector se harán efectivas recién a los 120 días de su presentación. Pero además indicaba que, quienes renuncien, no podrían volver a ser contratados por la administración pública en los próximos cinco años; y también establecía que los anestesiólogos que hubieran presentado una renuncia con la vigencia de la ley de Emergencia y se negaran a seguir brindando servicios, podían ser suspendidos de entre un mes y 5 años.
Sobre este punto, el oficialismo planea quitar tanto las suspensiones a quienes renuncien, como también a la imposibilidad de ser contratados nuevamente por la Administración Pública. “Estamos acercando pasos y queremos mostrar buena fe, porque no se busca el conflicto, sino la solución de un problema que tienen cientos de mendocinos que hoy no pueden tener su cirugía programada por falta de anestesistas”, acotaron desde el Senado.
Sin embargo, se mantendrá la parte del texto que eleva de 30 a 120 días el margen de tiempo en el que el Poder Ejecutivo puede analizar la aceptación o no de la renuncia. “Si no se acepta, tampoco se puede hacer abandono del trabajo”, advirtieron igualmente.
Por último, otro punto que se dejará sin efecto es el del artículo 4, que permitía la convocatoria por parte del Ministerio de Salud a los anestesiólogos jubilados con matrícula vigente, que hayan prestado servicios en los últimos 5 años, con el fin de que presten servicios.
“No nos parece mal sacar esta parte del artículo”, acotaron en el radicalismo, y adelantaron que de igual manera el espíritu de la ley es “dotar al Poder Ejecutivo de herramientas para negociar y establecer cambios, a fin de mejorar el sistema de salud y salir de esta crisis que atraviesa el sector”.
Anestesiólogos, con gusto a poco
Por el lado de los anestesiólogos, Arturo Salassa, uno de los referentes de los profesionales autoconvocados que asistieron a la reunión en la Legislatura, expresó a Los Andes que el proyecto de ley, más allá de sus flexibilizaciones, “no soluciona la situación que se está viviendo en el sector”.
“Nos parece de igual manera una ley excesiva. Creemos que 120 días es mucho tiempo para una solución cuando la situación es crítica. Hace 80 días que venimos reclamando ante un Gobierno que ha tenido un nivel de intransigencia grande”, marcó.
Por otro lado, consideró una buena medida algunas eliminaciones de artículos “que eran atroces” para los anestesiólogos, como “castigar con 5 años de suspensión a quienes renunciaban, así como también a la suspensión de las matrículas y convocar a los profesionales jubilados”.
De igual manera, dejaron en claro que siguen pidiendo elevar los montos que se cobran por guardias. “Actualmente cobramos $30.000 por guardia de 24 horas un fin de semana, cuando en otras provincias este número es más del doble, con montos que superan los $65.000″, acotó. Una cuenta que sacan en el Gobierno: cuatro guardias de fin de semana al mes suman 260 mil pesos, un salario inalcanzable para muchos empleados estatales.
Desde el radicalismo, de igual manera, calificaron de “inaceptable” la propuesta que habían hecho desde un primer momento desde el sector de los anestesistas autoconvocados, al indicar que “pretenden tercerizar el sistema, y que sea el Estado el que tenga que negociar con la Asociación Mendocina de Anestesiología (AMA) los montos, profesionales y horarios”.
“Quieren que el Estado compre a la AMA el servicio. Lo que está de fondo es esta pelea para que deje de ser un servicio público y pase a manos de una corporación”, denunciaron en el radicalismo.
Esta acusación fue negada por Salassa, quien sostuvo que “la tercerizacion es contratar a una empresa con trabajadores de esa propia empresa. En este caso, se propone hacer un convenio directo con anestesiólogos para colaborar con el Ministerio, trabajar y que se comprometan a mejorar la situación laboral”, finalizó.
