Tras meses de reuniones virtuales, giras por Estados Unidos y Europa y comunicaciones telefónicas con el sudeste asiático, el gobierno argentino consiguió este sábado que finalmente el G20, que reúne a las veinte economías más importantes del planeta, apoye sus reclamos al Fondo Monetario Internacional (FMI) para cambiar estructuralmente sus condiciones crediticias.
El primero de esos reclamos es por la revisión y eventual modificación de los sobrecargos que cobra el organismo por sus créditos a los países; esto, de lograrse finalmente, terminará de allanar el camino para que la Argentina refinancie su deuda. El segundo consiste en la reasignación voluntaria entre los países de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que se repartirán en agosto, por hasta u$s650.000 millones.
Asimismo, el G20 apoyó el llamado a solucionar el problema de la elusión impositiva de las corporaciones multinacionales; y celebró el acuerdo alcanzado sobre un impuesto global a esas enormes compañías con un piso del 15%. Tanto estos dos temas como los reclamos al FMI también fueron traccionados principalmente por dos funcionarios latinoamericanos: el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán; y el secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Arturo Herrera Gutiérrez.
Cambios en las sobretasas
La Argentina es el país que mayor deuda ha contraído con el FMI en toda la historia. Por capital e intereses, el pasivo ya supera los 46.838 millones de dólares. Y a eso hay que sumarle los sobrecargos que cobra el organismo a los miembros que toman préstamos que están por encima de su cuota de participación. Y la deuda del país supera en diez veces esa cuota.
Este sábado, en la cumbre de ministros de Economía y Finanzas y Banqueros Centrales, el G20 llamó en Venecia al FMI a revisar su política de sobrecargos. A la mesa estaba sentada la directora gerente del organismo, la economista búlgara Kristalina Georgieva. A pocos metros, también estaba el ministro de Economía argentino, el autor y principal impulsor de esta iniciativa.
Guzmán ha empezado en 2020 con el planteo tras lo que fue la reestructuración de la deuda con privados en ley extranjera y en ley local, con la que alcanzó más el 98% de adhesión inicial. En distintos foros internacionales, el funcionario ha planteado la necesidad de que el FMI realice una revisión de la política de sobretasas que aplica en sus créditos.
En un comunicado, el G20 instó al Fondo a acelerar la revisión de la política de sobrecargos, tarea que el organismo había iniciado por su cuenta, tras el pedido argentino, a principios de mayo pasado. Por ello, el anuncio de Venecia consiste en que el organismo “concluya su acercamiento en relación a la revisión de las políticas de límites de acceso y sobrecargos y que informe de sus resultados”.
Este es uno de los dos factores que está demorando el acuerdo de refinanciación de deuda de la Argentina con el Fondo. El otro es el plazo de pago, dado que el Gobierno de Alberto Fernández está dispuesto a firmar un programado de Servicio Ampliado (SAF), pero el plazo máximo que otorga este es de diez años. Y la Casa Rosada pretende un período más extenso, de 15 o 20 años.
El costo de los sobrecargos
La puja de Guzmán con el Fondo es para que revise y reduzca los sobrecargos. Inicialmente, la respuesta había sido que las condiciones son iguales para todos los países. Por eso el argentino empezó a buscar consenso internacional para que los cambios se apliquen a todos los deudores.
El problema está dado porque cuanto más supera el préstamo recibido a la cuota que tiene el país en el organismo, más caro es. Y el crédito tomado por el gobierno de Mauricio Macri en 2018 equivale al 1.076% de la cuota del 0,67% que tiene Argentina en el FMI. Por ello, el país debe pagar comisiones y costos adicionales que en el largo plazo son multimillonarios.
La comisión que Argentina debería abonar por un SAF al principio de cada período de doce meses es de 60 puntos básicos. Después viene la tasa de interés, que para los préstamos de gran cuantía como el que ya contrajo y gastó la Argentina tienen una sobretasa de hasta 300 puntos básicos cuando el crédito permanece por encima del 187,5% de la cuota al cabo de 51 meses. Por eso, el país pagaría un costo real superior al 4,5% al que presta el FMI al mundo.
El fondo ya aceptó que Argentina no podrá pagar en cuatro años. El programa Stand By (SBA) que firmó el macrismo y cayó en 2020 disponía el pago de u$s3.826 millones en 2021; u$s18.902 millones en 2022; u$s19.186 millones en 2023; y u$s4.921 millones en 2024. A esos montos hay que sumarles aún los sobrecargos, por lo que para este año el pago global se ubicaba muy cerca de los u$s5.000 millones.
Inyección de fondos
Los ministros y presidentes de bancos centrales también respaldaron en Venecia la propuesta del Directorio del FMI de una nueva asignación general de Derechos Especiales de Giro (DEG) por un importe equivalente a 650 mil millones de dólares que contribuirá a inyectar liquidez internacional para potenciar la recuperación de la economía mundial post pandemia. Instaron a su rápida implementación antes de finales de agosto.
Además, pidieron al FMI que, para incrementar significativamente el impacto de la asignación, presente rápidamente opciones viables para que los países canalicen voluntariamente una parte de sus DEG asignados para ayudar a los países vulnerables a financiar recuperaciones económicas más resistentes, inclusivas y sostenibles y gastos relacionados con la salud, por ejemplo, mediante la creación de un nuevo fondo fiduciario.
