El Gobierno de Alberto Fernández se abstuvo una vez más de condenar las violaciones de los derechos humanos en el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.
Este miércoles, la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó que Nicaragua no respeta sus compromisos bajo la Carta Democrática Interamericana e instó al gobierno de Daniel Ortega a aceptar una misión de buenos oficios para “restablecer” el cumplimiento del documento regional de defensa de la institucionalidad.
La resolución, aprobada durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, fue apoyada por 25 de los 34 miembros activos del bloque regional. Pero Argentina, Belice, Bolivia, Honduras, México, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía se abstuvieron de votar.
El embajador Carlos Raimundi fue el responsable de justificar la decisión de la Casa Rosada de no acompañar el voto mayoritario del continente contra Ortega, según informó Infobae.
“Argentina reitera su compromiso irrenunciable con los derechos humanos, que son principios superiores y fundamentales de su política exterior. Argentina ha expresado su preocupación por la detención de personalidades políticas de Nicaragua con su voto en organismos internacionales. Argentina ha repuesto a su embajador en Managua y está convencida de que los informes en el lugar son mucho más completos y precisos que los que se realizan desde fuera de la situación”, dijo Raimundi.
“Argentina rechaza la aplicación de sanciones y cualquier otra medida que pueda exacerbar un conflicto o agravar la situación de los ciudadanos y ciudadanas, generando con esto tensiones adicionales que inclusive pueden ser utilizadas para una mayor intervención externa. Argentina nunca dará por agotados los caminos para restablecer el diálogo con el gobierno y con el pueblo de Nicaragua, pero indudablemente para hacerlo hay que contar con una credibilidad y una legitimidad que la actual conducción de la OEA no tiene, tal cual lo ha expresado entre otros episodios, no el único y quizá el más grave, por su rol en el golpe de estado en Bolivia, por todas estas razones es que justificamos nuestro voto”, agregó.
El único voto contrario fue el de Nicaragua, cuyo representante, Michael René Campbell, denunció de manera enérgica “otro evento intervencionista de la OEA”.
El texto, patrocinado por Antigua y Barbuda, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y Guyana, pide a Nicaragua la liberación “urgente” de todos los opositores detenidos, e iniciar un proceso con miras a realizar elecciones “libres, imparciales y transparentes, con observación internacional creíble”.
La reciente Asamblea General de la OEA desconoció la legitimidad de las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua, dijo que las instituciones democráticas en ese país fueron “seriamente socavadas” por el gobierno de Ortega, y encomendó al Consejo Permanente a realizar una “evaluación colectiva inmediata” de la situación.
A raíz de esto, Ortega, quien obtuvo un cuarto mandato consecutivo con siete de sus posibles rivales presos bajo cargos de conspiración y otros delitos formulados previo a los comicios, pidió el 19 de noviembre la salida de su país de la OEA.
La resolución de este miércoles recordó sin embargo que el proceso para concretar la salida toma dos años, durante los cuales las obligaciones de Nicaragua con la OEA y sus instrumentos siguen vigentes.
