Días atrás, el Presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno dará de baja a 70.000 empleados públicos, luego se redujo el objetivo a 15.000 y ahora se habla de un número cierto. El recorte parece apuntar a los que hoy están como contratados, es decir, aquellos que no han accedido a la planta permanente ni a la transitoria.
En ese marco, los de permanente tienen estabilidad garantizada, pero los de transitoria no tanto. Los contratados, así vengan prestando servicios desde hace muchos años, están a tiro de la cesación que interrumpe la relación laboral con el vencimiento del último contrato firmado.
Bajo esa línea, el pasado miércoles se publicó el Decreto 280/2024 que, para el caso del empleo público, tiene algunos datos significativos. El decreto habla de la reasignación de partidas presupuestarias en virtud de que hoy se sigue trabajando con la Ley de Presupuesto 2023.
Para el caso del empleo público el artículo 2 del Decreto detalla: “Determínase el total de cargos y horas cátedra para cada jurisdicción y entidad de la Administración Nacional, según el detalle obrante en la planilla anexa al presente artículo. No se podrán aprobar incrementos en los cargos y horas cátedra que excedan los totales fijados en la planilla anexa al presente artículo.”
Luego, el decreto también señala: “Con el fin de proceder a una ordenada ejecución presupuestaria y al seguimiento de la evolución de las respectivas dotaciones de personal, las jurisdicciones y entidades deberán remitir a la Secretaría de Hacienda la información correspondiente a la totalidad de las plantas y las contrataciones de personal. La Secretaría de Hacienda deberá publicar dicho informe en su sitio web”.
“!No va más!”
Cabe destacar que un dato saliente del anexo es que habrá partidas presupuestarias para afrontar el gasto salarial correspondiente a 373.098 empleados de planta permanente y apenas 11.613 temporarios. Ante esto, si alguna dependencia se excediera no tiene cómo financiarlo.
Esto es solo Administración Pública, no hay empresas ni universidades. Si incluye Fuerzas Armadas y de Seguridad. Además, el último dato disponible en la web de la Secretaría de Hacienda indica, a septiembre de 2023, que en el Poder Ejecutivo Nacional hay: 292.896 cargos permanentes y transitorios y 70.253 contratados, lo que da un total de 363.149. Pero a su vez hay otros 34.103 cargos permanentes y transitorios, más 1.518 contratados, en otros entes del sector público no financiero.
Finalmente, en las empresas y sociedades del Estado aparecen 57.560 cargos permanentes y transitorios y 1.516 contratados. En este caso hay diferencias notorias con un informe específico de Hacienda sobre las empresas y sociedades del Estado, en las que acusa un plantel de cerca de 92.000 personas.
El total general de todas estas categorías arroja 457.846 empleados que dependen del Estado nacional. Es una incógnita determinar hoy por dónde pasará la tijera. Conocedores de los vericuetos de la administración pública nacional y sus diferentes formas de contratación señalan que el sector de empleados más vulnerable en términos de estabilidad es el que se rige por las condiciones laborales fijadas en el Decreto 2098 del año 2008.
Ese decreto procuraba establecer los mecanismos para que los empleados transitorios fueran pasando paulatinamente a planta permanente. Se prevén concursos para los propios empleados -no admiten externos- y para la época del gobierno de Mauricio Macri se hablaba de pasar a planta a cerca de 30.000 empleados. No se alcanzó ese objetivo y tampoco durante el gobierno de Alberto Fernández.
Se puede dar el caso de empleados transitorios que renuevan sus contratos durante 20 años, según informó Clarín sobre el caso. En caso de despido, para la justicia laboral se trató de una relación laboral encubierta y el Estado terminará pagando indemnizaciones.
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