Nuevamente el radicalismo y el peronismo vuelven a tensar las relaciones en la Legislatura. La causa, en este caso, fue la presentación del proyecto para aggiornar la vieja ley 1.003 del Tribunal de Cuentas, que data de 1932. La disputa es clara: para el oficialismo no sólo actualiza y agiliza a un organismo que se ha quedado en el tiempo, sino que además da mayor independencia con reglas claras; para el peronismo, es un intento para “tener la suma del poder público y controlar todos los organismos”.
Ayer fue el primer cruce de opiniones en una reunión virtual entre las comisiones de Hacienda y Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) sobre el proyecto, que se está trabajando desde el 2018 y que buscará la modificación de la carta orgánica del Tribunal de Cuentas. Allí estuvieron, el presidente del organismo, Néstor Parés; el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, por parte del Ejecutivo; y el secretario Relator del Tribunal, Gustavo Riera.
Al margen de la búsqueda de la agilización del organismo que tiene el trabajo de controlar las cuentas públicas del Estado y que todos los fallos se seguirán dando en plenario (integrado por los 4 vocales y el presidente), la principal crítica provino de los legisladores sanrafaelinos del frente de Todos, Liliana Paponet y Germán Gómez, respecto a artículos que quitan poder a los vocales, y los nuclean al Presidente, que en este caso es Parés.
Actualmente, todas las decisiones en lo que respecta a la designación y remoción del personal y funcionarios, la disposición de los fondos asignados al Tribunal y el dictado del reglamento interno, las toman el presidente y los cuatro vocales. Con las modificaciones, las resolvería solamente el Presidente del Tribunal.
Es necesario aclarar que hoy se da una grieta similar a la judicial, con filoperonistas y filoradicales. Por el ala radical, está Parés y Liliana Muñoz de Lázzaro; mientras que en el ala filoperonista encontramos a Ricardo Pettignano, Héctor Caputto y Mario Angelini.
En lo que el PJ denuncia una “concentración de poder”, la explicación del radicalismo es que el organismo es quien audita sus propias cuentas. “Actualmente el Presidente se aparta cuando se debe auditar ‘a sí mismo’, pero no lo hacen los vocales, que son los que deciden también sobre designaciones o mayores dedicaciones, entre otros. De esta manera, el Tribunal es juez y parte y no es ético”, sostuvo el diputado Jorge López (UCR).
Parés expresó que “el Presidente debería ser el jefe administrativo, pero lo cierto es que hoy lo es a medias, porque para todo hay que ir a plenario. Estamos acomodando la ley para que haya independencia. Si el Presidente tiene la potestad para disponer de los recursos y asignaciones, que sean los vocales los que lo auditen es la mejor decisión”, marcó.
Además, dijo que todos los ingresos “deberán ser por concursos”, y apuntó contra el PJ al indicar que cuando él estuvo a cargo de la Cámara de Diputados, hubo una baja del personal. “Me gustaría que comparemos cómo subieron la cantidad de cargos en el Tribunal entre el 2011 y 2015, con 82 empleados más”, disparó.
En diálogo con Los Andes, la diputada Paponet (FdT-PJ) aseguró que a priori se ve una ley “hecha a medida del presidente del Tribunal. Pasa de ser un órgano colegiado a un organismo unipersonal, salvo para dictar los fallos”, denunció.
Precisamente la legisladora consideró que el radicalismo “quiere dotar de poder al presidente del Tribunal de Cuentas y así ejercer presión sobre los vocales” que lo integran.
“El radicalismo fue por la (Suprema) Corte y tienen la Corte. Ahora buscan a todos los organismos de control. Para mí quieren la suma del poder público y romper con un organismo tan importante como el Tribunal de Cuentas. Van por todo y quieren todo”, fustigó.
En tanto, Gómez dijo que una comisión técnica, integrada por contadores y los vocales Angelini y Muñoz de Lázzaro, “presentaron el proyecto sin los artículos en el cual se dan las atribuciones que están presentando para el Presidente del Tribunal de Cuentas”.
Ante esto, Parés sostuvo que es cierta esa afirmación, pero dejó en claro que “el Poder Ejecutivo es el que presenta el proyecto” y el que termina enviando el borrador final; e insistió en que habrá “más transparencia” con esas reformas.
Los cambios: oralidad y chance de revisión de fallos antes de la Corte
Un punto importante, es que se agrega la posibilidad de que al menos un vocal tenga que ser abogado. De esta manera, se terminaría la actual composición, en la que los cuatro son contadores, como marca la ley.
Desde el oficialismo, Nieri aseguró que se busca “ordenar y actualizar una ley desfasada en el tiempo”, para dotar de herramientas al Tribunal para que ofrezca un “mejor servicio de control en la rendición de cuentas”. “Está la necesidad de actualizar la ley, incorporando tratados y leyes internacionales de la materia a la que adhirió el país, así como también la normativa provincial para el control eficiente como la ley de Administración Financiera y Código Procesal Civil”.
Entre las modificaciones, se agrega la oralidad en los procesos, con algunas acciones importantes, ya sea la habilitación a los miembros del Tribunal para citar al cuentadante para que pueda dar explicaciones; así como también el “derecho a ser oído”, en el cual pueda pedir audiencias de manera presencial con los miembros del plenario.
Un punto importante, es que se agrega la posibilidad de que al menos un vocal tenga que ser abogado. De esta manera, se terminaría la actual composición, en la que los cuatro son contadores, como marca la ley.
Además, el proyecto prevé “vías recursivas propias, incorporando la posibilidad de someter a revisión interna el Fallo en virtud de circunstancias excepcionales y taxativas que la ley enuncia” a través del “Recurso de Revisión”. De esta manera, Parés defendió la idea al indicar que “si el Tribunal se equivoca, hoy la única vía para el cuentadante es ir a la Justicia. Ahora agregamos un camino de conciliación intermedios”, ejemplificó.
Otro punto que se reformará si se aprueba es el rol del heredero, si fallece el cuentadante. “Hoy el heredero se transforma automáticamente en cuentadante y muchas veces no sabe ni de qué se trata el tema. Con los cambios, responderá con el patrimonio de la sucesión nada más”, aclaró el ministro Nieri.
