La Subsecretaría de Trabajo y Empleo había dictado la conciliación obligatoria en el conflicto que mantiene la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. La decisión se tomó por medidas de fuerza que se iban a ejecutar durante el fin de semana largo.
Sin embargo, un asamblea decidió anoche no acatar la decisión del órgano provincial. Según le había adelantado el secretario general del sindicato, Ricardo Babillon a Los Andes, era un posibilidad. Y eso terminó primando pasadas las 20 de ayer.
El gremio comunicó la decisión y por ende, lleva adelante las medidas de fuerza que contemplan cese de actividades desde hoy hasta el jueves 4 de abril. En el Ministerio Público Fiscal ya habían diagramado un esquema que había quedado en stand by por la conciliación.
Sin embargo, confirmaron que se ha resentido el personal en las oficinas fiscales, que son el primer contacto del denunciante de cualquier hecho. Allí se reciben las denuncias y se comienza todo el proceso judicial. Hay ayudantes fiscales y algunos empleados según indicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.
Los motivos para hacer paro
Una nota firmada por el gremialista, a la que accedió Los Andes, llegó como respuesta a la Resolución 1865 de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, firmada por Rodrigo Herrera. Allí, el funcionario obliga al gremio a no ejecutar medidas de acción directa que afecten el servicio: entre los días 28 de marzo y 4 de abril habría cese de actividades.
En la misiva, el gremio rechaza la notificación por ser de carácter “insanablemente inexistente, lo que genera que carezca de virtualidad para producir efecto alguno”. Entre los argumentos, la entidad asegura que “la presentación es inexistente por derivar de una autoridad manifiestamente incompetente, violatoria del sistema constitucional de distribución de competencias”.
Indican que quien debe mediar en conflictos en los convenios colectivos de trabajo es el gobierno federal a través del órgano que designe (mencionan a la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Nación). Por lo tanto, aseveran que “la facultad que intenta arrogarse esta Subsecretaría es de otro nivel de nuestro estado compuesto”.
Esgriman, además, que el organismo que comanda Rodrigo Herrera “carece de imparcialidad (objetiva y subjetiva) mínimas para poder considerar que nuestros derechos se determinarán en un debido procedimiento (art. 18 CN)”.
