Este martes, el abogado de Stefanía Domínguez, una de las invitadas al cumpleaños de Fabiola Yáñez, pidió al juez Sebastián Casanello que se declare la “inconstitucionalidad” de los decretos de necesidad y urgencia que establecieron el aislamiento obligatorio en el país.
Mauricio D’Alessandro se presentó en nombre de la amiga y asesora de la Primera Dama: “Debe descartarse que con su accionar hubiera puesto en peligro la salud pública y/o propagado una enfermedad que no padecía”, señaló la defensa, tal como se adelantó el jueves pasado.
El argumento del defensor fue en sintonía con el presidente Alberto Fernández, quien afirmó que “no se cometió delito porque nadie se contagió”. El mandatario también propuso este martes acordar con el fiscal federal para cerrar la causa, pagando una multa o haciendo una donación.
Ante la presentación de la defensa de Domínguez, el juez Casanello abrió un incidente para que las distintas partes opinen sobre el planteo, según fuentes judiciales citadas por Infobae.
Qué dice el escrito
D’Alessandro reclamó el sobreseimiento de su clienta por “inexistencia de delito”: “Es obvio remarcar que Domínguez jamás puso en riesgo el bien jurídico que los decretos – más allá de su invalidez e inconstitucionalidad - buscaban proteger -la salud pública- ya que no se pudo determinar que ninguna de esas personas que participaron en la referida reunión hayan estado contagiadas de Covid-19”, sostuvo el abogado.
Para el abogado, la conducta de Domínguez se “encuadra en el ejercicio de derechos de jerarquía superior”, como “la libertad de reunión”.
En el planteo, presentado a Casanello este martes, D’Alessandro argumentó que el DNU presidencial que estaba vigente en julio del año pasado, junto a los demás decretos adoptados en el marco de la pandemia que hubieran cercenado libertades individuales, son contrarios a la Constitución.
“No existieron circunstancias excepcionales en cuanto al funcionamiento y ejercicio de las legales y constitucionales facultades legislativas, que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previsto por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”, disparó el escrito.
“Aún cuando pudiera argumentarse que habría violado el distanciamiento o aislamiento establecido en dicho decreto – lo que a todo evento niega esta defensa - , lo cierto, lo concreto y real es que existiría, en el caso, un error de derecho y hecho excusable, que haría el accionar inimputable a mi asistida”, insistió el abogado.
Otros planteos
En el planteo, la defensa también buscó sembrar dudas sobre la veracidad de las fotos y videos que circularon sobre la fiesta: “Sin perjuicio de ello, señalo que las imágenes no poseen fecha cierta de cuando habían sido tomadas, ni contienen certificación actuarial que den cuenta de ello, correspondiendo – supuestamente – a un período de hace más de un año atrás”, escribió el abogado.
Mientras tanto, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, solicitó tomar vista de la causa que se lleva adelante en la fiscalía de Ramiro González. La magistrada podría reclamar que la causa pase a su juzgado ya que territorialmente, la Quinta de Olivos está bajo su jurisdicción.
