La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes falló contra el gobierno de Javier Milei y a favor de más de 400 personas que fueron dadas de baja del plan Potenciar Trabajo por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
Esta decisión judicial obliga al gobierno a que le paguen a esos beneficiarios los planes desde diciembre de 2023 a marzo de 2024, ya que fueron dados de baja sin justificación. Los jueces de Corrientes Mirtha Sotelo, Selva Spessot y Luis González resolvieron que estas personas habían sido apartados del beneficio de acuerdo a “datos erróneos y/o falsos”.
Este fallo revirtió entonces la decisión judicial anterior de Juan Carlos Vallejos. “Corresponde la percepción del beneficio desde el momento en que operó la suspensión preventiva –diciembre de 2023– hasta el momento en que los accionantes fueron reactivados en los nuevos programas, respectivamente”, reza el fallo de los camaristas.
Además subrayaron que “los amparistas lograron acreditar de manera fehaciente el error o falsedad de los datos que sirvieron de sustento para el dictado de la resolución 17/2023 y, por consiguiente, su manifiesta ilegitimidad y/o arbitrariedad”.
Los beneficiarios a los que el Gobierno deberá pagarles se dedicaban en Corrientes a trabajos de albañilería, carpintería, costura, comidas y servicios de limpieza. Habían accedido al programa entre 2022 y 2023 y por lo tanto no estaban cometiendo ninguna infracción de las normas que regulan el Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Social ‘Potenciar Trabajo’.
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