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hace 1 hora
La jueza federal María Servini ordenó la captura internacional de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón con el propósito de tomarle declaración indagatoria, luego de que el parlamentario del Mercosur y exasesor de Mauricio Macri pidiera el asilo político en Uruguay. Al abogado lo investigan por presunta asociación ilícita y hostigamiento a la empresa de Cristóbal López.
“Entiendo que están dadas las condiciones para decretar su rebeldía y ordenar su inmediata captura nacional e internacional; eventual y oportunamente se solicitará la correspondiente cooperación judicial internacional”, consideró Servini.
También, la magistrada dispuso la inhibición general de todos sus bienes.
Sobre la presentación que hizo el abogado de Rodríguez Simón ante el juzgado, en el que había comunicado la decisión de pedir asilo político a Uruguay, Servini dijo: “Su planteo es absolutamente improcedente, y parecería ser un atajo para obstruir el curso de la investigación, en un caso en el que, luego de más de dos años de trámite, no se le ha impuesto ninguna medida cautelar personal ni real que pudiera dar un viso de verosimilitud al temor que el imputado pretende sostener y, mucho menos, a lo que denomina ‘persecución política”.
Días atrás, al ser entrevistado en el canal LN+, “Pepín” Rodríguez Simón había dicho que se considera víctima de una “persecución”.
Describió que el empresario Cristóbal López, dueño de C5N, en conjunto con la jueza federal Servini y con aval del gobierno de Alberto Fernández, montó una persecución judicial en su contra cuyo objetivo es meterlo preso. “Alberto Fernández estaba en la nómina de Indalo [el grupo empresario de López] hasta antes de ser presidente”, denunció Simón.
Rodríguez Simón está citado a declarar ante la Justicia el 17 de junio, acusado de haber integrado una presunta asociación ilícita “organizada con el objetivo de perseguir empresarios”, en el expediente iniciado por una denuncia de Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Las investigaciones contra “Pepín” Rodríguez Simón
En la causa, que tiene a Guillermo Marijuán como fiscal, se investigan “actos llevados a cabo a partir de 2015 por funcionarios públicos que desde las altas esferas del Poder Ejecutivo o a instancias de aquellos, mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción y habrían generado perjuicios económicos tanto al mencionado grupo empresario como al patrimonio nacional”, informaron fuentes judiciales a la agencia estatal Télam.
Uno de los hechos puntuales que se investiga es el supuesto “ejercicio de presiones para que la línea editorial de los medios de comunicación del Grupo Indalo fuera modificada y puesta en una línea afín al gobierno de Mauricio Macri, como así también para que no se hicieran eco de noticias negativas para con la gestión de Cambiemos”, detallaron.
Otro de los hechos que se investiga es la “quita de la concesión vial de la autopista Ezeiza-Cañuelas”, a través de un pedido del exdirector de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, para que se levantaran las inhibiciones que pesaban sobre Indalo con el objetivo de que la empresa concesionaria pasara a estar controlada por otro grupo afín al Gobierno, o directamente se le quitara la concesión.
También se investiga si el Ejecutivo le hizo llegar al abogado ligado a los denunciantes la advertencia de que las sociedades de Indalo serían liquidadas si no transferían la totalidad del paquete accionario a otro conglomerado económico que sería elegido desde la Casa Rosada.
Otra de las patas de la investigación judicial tiene que ver con las presiones de la AFIP para ahogar financieramente a Indalo.
