El empresario santacruceño Lázaro Báez recibió el miércoles el beneficio de la excarcelación en una causa, pero cumplirá prisión preventiva domiciliaria en un exclusivo barrio privado del partido bonaerense de Pilar por otro expediente en su contra.
Tras 1.554 días detenido, Báez –de 64 años- recibió la noticia en la cárcel de Ezeiza después de varias presentaciones de sus abogados defensores, quienes argumentan que el acusado padece enfermedades coronarias, insuficiencia respiratoria y diabetes tipo 2.
Esas dolencias preexistentes, dijeron los abogados en sus argumentos para pedir la liberación, ponen a Báez en situación de persona de riesgo ante la amenaza latente de la pandemia de Covid-19.
La resolución de la excarcelación fue tomada por el Tribunal Oral Federal (TOF 4) sólo pocas horas después de que en el mismo día la Cámara Federal de Casación Penal anulara un fallo anterior en el que se le había rechazado a Báez la excarcelación y la prisión domiciliaria.
Para esto, Báez y sus abogados contaban con las opiniones favorables del Ministerio Público Fiscal. Por ello, los camaristas Javier Carbajo y Mariano Borinsky anularon el rechazo a la excarcelación y ordenaron volver a resolver.
Asimismo, los camaristas remarcaron que la parte querellante en el caso, la Unidad de Información Financiera (UIF), “no se hizo presente” a la audiencia fijada para debatir la cuestión.
Casación agregó que el empresario pudo ver vulnerado su derecho a la defensa al ser posible víctima de hechos de espionaje ilegal que se investigan en la justicia federal de Lomas de Zamora y que podrían significar “graves violaciones a los derechos humanos” del detenido.
El fallo del TOF
El TOF 4 dispuso la excarcelación del empresario en la causa conocida como M&P, que se le sigue por el presunto lavado de 125 millones de pesos. Como Báez tiene sobre sus hombros también una prisión domiciliaria en el marco de otro expediente por la compra de un campo en Uruguay, no podrá deambular por la calle.
Báez pasará ahora sus días en una casa de 250 metros cuadrados cubiertos, ubicada en un terreno de más de 800 metros cuadrados ubicada en el interior del barrio Ayres del Pilar, en el kilómetro 43,5 de la autopista Panamericana.
Esa casa está a nombre de Badial SA, una de las empresas del emporio que manejó Báez hasta su detención el 6 de abril de 2016, cuando aterrizó a bordo de su avión privado en el aeropuerto de San Fernando.
Según trascendió ayer, el empresario y sus abogados ya venían previendo un fallo favorable dado que en las últimas semanas una cuadrilla de albañiles estuvieron haciendo reformas en la vivienda para mejorar su habitabilidad, dado que hace varios años estaba desocupada.
Una fianza millonaria
Anoche, Elizabeth Gasaro y Juan Martín Villanueva, abogados de Báez, intentaban que el empresario salga de la cárcel. Esto es porque la Justicia la impuso una caución real de 632,5 millones de pesos.
Los defensores del santacruceño cuestionaron la fianza tras asegurar que al ex empleado del Banco de Santa Cruz le es “imposible” reunir ese “exorbitante” dinero para poder salir del penal. Y solicitaron “sustituir la caución por un seguro”.
“Independientemente de eso, se debería estar haciendo efectivo el arresto domiciliario porque la caución es a los efectos excarcelatorios”, dijo Gasaro en declaraciones a la prensa en la puerta del penal. El TOF 4 ahora deberá resolver.
En su presentación, los abogados pidieron que se le fije a Báez otra caución acorde a la realidad material del imputado (que se encuentra embargado e inhibido) y se les permita contratar un seguro de caución.
Una vez en prisión domiciliaria, Báez deberá someterse al cuidado del Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por lo que se le colocará una tobillera.
Esa tobillera consiste en un dispositivo de monitoreo electrónico con un sistema de posicionamiento global (GPS), que tiene un radio de 100 kilómetros a la redonda del lugar de residencia informado por el imputado.
Los magistrados también le impusieron la obligación de presentarse al tribunal cada 15 días. Y le determinaron la retención del pasaporte. Además, dictaron la interdicción de expedir uno nuevo a su nombre, dada que tiene prohibida la salida del país.
Jorge Gorini, Néstor Costabel y Daniel Obligado, jueces del tribunal, hicieron saber que la excarcelación no se hará efectiva dado que Báez tiene una orden de arresto domiciliario en su contra que le fue ordenada el 18 de marzo de 2020.
Esa orden de arresto domiciliario preventivo es parte de la causa 3017/2013, denominada “Báez, Lázaro y otros sobre encubrimiento y otros”, por lo que deberá cumplir las pautas impuestas y seguirá en prisión preventiva, pero en un domicilio.
