El Gobierno provincial y autoridades de la OSEP trabajaron durante los últimos meses del 2022 en la redacción de un proyecto de ley para encontrar un equilibrio presupuestario y financiero de la obra social de empleados públicos. La iniciativa finalmente llegará a la Legislatura en estos días, con el objetivo de aumentar la recaudación en casi $5 mil millones anuales. Se espera que ingrese por la Cámara de Diputados.
Es que la obra social afronta una situación económica delicada, con un déficit superior a los 6 mil millones de pesos y en ocasiones anteriores debió ser auxiliada por el Gobierno para afrontar pagos a proveedores, por eso buscarán revertir esta situación con una nueva ley.
Fuentes ligadas a la institución señalaron a Los Andes que hoy “solo hay un retraso de 20 días en esos pagos” y no corre riesgo ninguna prestación, pero es necesaria y urgente una reforma. “Hemos analizado todos los escenarios posibles”, esgrimió un consultado.
Los números negativos se explican, en la inflación de los medicamentos y los altos costos de atención a los pacientes con enfermedades catastróficas y los afiliados con discapacidad, que no se condicen con los aportes (ver abajo). Como ejemplo exponen que un afiliado de OSEP aporta $8000, mientras que un plan familiar básico de una prepaga oscila entre los $35 mil a $300 mil.
Por esto en el proyecto de ley buscan implementar dos modificaciones puntuales, en los aportes de afiliados directos con indirectos a cargo (pareja y/o hijos) y en el aporte patronal. De un total de 183.414 personas, se verá afectado el 52% (95.309 son directos con indirectos), informaron.
El ingreso que recibe la obra social de aportes actualmente es de un 6% del afiliado y un 6% de la patronal. Con la iniciativa buscarán llevar ese 12% a un 13% general, incrementando en un 1% el aporte patronal “como fondo de reserva destinado al financiamiento de enfermedades catastróficas”.
Este 1% significaría, según cálculos actuales, un incremento mensual del $202.655.139 y uno anual del $2.634.516.816. Aquí se cuentan aportes de los tres poderes del Estado y también los municipios, que son los empleadores de la mayoría de aportantes.
Por otro lado, el 6% que destina un afiliado está compuesto por los ítems: 5% obra social, 0.25% Fondo de Enfermedades Catastróficas (FEC) y 0.75% Fondo para Discapacidad. En el caso de los afiliados con indirectos a cargo, se agrega un 0.08% de FEC aparte por cada adherente. En este punto radica la modificación del proyecto para los empleados públicos. Buscan elevar ese porcentaje a un 0.75%.
Sí se toma el caso testigo de un trabajador que cobra $100.000, este destina actualmente $80 por un indirecto a cargo y con esa modificación del FEC pasaría a pagar $750. Es decir, un incremento de unos 670 pesos. En el caso de dos indirectos, se trasladaría de $160 a $1500 y con tres, de $240 a $2250.
Es decir que la modificación del incremento segmentado sobre el haber bruto del afiliado titular será del 0,75% hasta 1 indirecto, 1,5% hasta 2 indirectos y del 2,25% para más de dos indirectos. Esa será la escala que impulsan en la propuesta.
Con esta modificación, la Osep aumentaría sus arcas de forma mensual en un $177 millones y de forma anual en $2.301 millones, estimaron desde el Gobierno. Sumados a los $2.634 millones del incremento en el aporte patronal, daría un total aproximado de más de 4.935 millones de pesos. Esa es la recaudación apuntada con la iniciativa y se acercaría bastante a la deuda contraída.
Si se suma al presupuesto 2023 que está planteado en $41.473 millones, los fondos de Osep superarían los 46 mil millones. Pero se trata solo de una estimación, contada desde enero a diciembre, si la ley ya estuviera vigente y aún resta su presentación y tratamiento en la Legislatura.
Los números en contra
La Osep atiende a más de 3.500 pacientes con enfermedades catastróficas y cuenta con 11 mil afiliados con discapacidad. Debido a los bajos recursos que obtiene de los aportes, tiene déficit en ambos sectores. A esto se le suma que la inflación anual en la industria farmacéutica superó la general, en un 102%. El oficialismo utilizará estos números para la defensa del proyecto.
En el caso de las enfermedades catastróficas, significan un costo anual de $8.614 millones para la obra social. De los que se desprende un costo anual promedio por paciente superior a los 2 millones. Y el costo mensual promedio por paciente es de 199.735 pesos. Si a eso se les descuenta el aporte por afiliado, que es de $8 mil, el déficit mensual se traduce en $191.735.
Por el lado de los afiliados con discapacidad, el gasto mensual es de $750 millones y el ingreso mensual del ítem destinado a este sector es de $200 millones. Es decir que abarca solo un 27%.
Los antecedentes de rescate
Para mantener de pie a Osep, el gobierno provincial debió salir al rescate con dos fondeos a lo largo de la gestión de Rodolfo Suárez. El último fue en mayo pasado, cuando destinó a través de un decreto $500 millones para cancelar deudas con las cámaras farmacéuticas. En enero de 2022 también entregaron $400 millones en bonos de emergencia a las mismas entidades.
Esos montos se debieron a un “acuerdo de reconocimiento de deuda y pago” con la industria farmacéutica, representada por las cámaras Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA). Las instituciones aceptaron la cancelación mediante Pesos y Bonos Provinciales de la deuda por el servicio de provisión y dispensa de medicación.
El 14 de diciembre de 2021 el atraso en el pago de cuatro quincenas había provocado que las cámaras que nuclean a las farmacias mendocinas amenazaran con suspender la atención a los afiliados, conflicto que se terminó solucionando ese mismo día con el compromiso de pago.
