Una nueva presentación contra la construcción de Portezuelo del Viento se produjo en Fiscalía de Estado. Se trata de un planteo de la Asamblea por el Agua, que envió un documento al fiscal Fernando Simón para que “se dispongan medidas necesarias para evitar los graves riesgos inherentes al proyecto Portezuelo del Viento”, y que, en consecuencia, se destinen los U$S 1.023 millones a obras “mucho menos riesgosas y más prioritarias y urgentes para la sociedad mendocina”.
Marcelo Giraud, profesor de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) se hizo eco del documento presentado por los abogados Alejandro Pérez Hualde, Aldo Guarino Arias y Miguel Mathus Escorihuela y envió otro escrito para “complementar” un aspecto importante como investigador, precisamente en términos ambientales y de la situación actual de la cuenca.
Respecto del escrito de los abogados, quienes destacaron que avanzar con Portezuelo sería “antieconómico y perjudicial” para la economía de la provincia por la “disminución sensible” del río Grande en los últimos años, Giraud agregó que en efecto, desde el invierno 2010 hasta la fecha “las precipitaciones níveas en la cuenca de los ríos Grande y Colorado, así como sus consiguientes caudales, han disminuido fuertemente en comparación con los promedios de las décadas anteriores”.
“En todas las cuencas hídricas de Mendoza y las de Chile a la misma latitud se ha registrado lo que especialistas han denominado una ‘megasequía’ sin precedentes desde los primeros registros instrumentales a comienzos del siglo XX. En diversas investigaciones científicas recientes sobre la cuestión se observa que dicha disminución de caudales, así como la retracción de glaciares en las cuencas altas (balance de masa glaciaria negativo), son aún más pronunciadas en la cuenca de los ríos Grande y Colorado que en las del centro y norte de Mendoza”, explicitó.
En este sentido, agregó el especialista que todo este combo configura una situación “diferente” a cuando se concibió el proyecto de la obra.
Ante esto, sostiene que se derivan “dos consecuencias principales si se construyera el dique: la incertidumbre respecto de la posibilidad de llenar el embalse, y la generación eléctrica anual mucho menor que la proyectada y difundida por el gobierno, en caso de lograr el primer llenado del embalse”.
Y agregó que, teniendo en cuenta el Acta 812 del Comité Ejecutivo del Coirco que establece las condiciones de llenado, “si se hubiera terminado de construir el dique Portezuelo del Viento en junio de 2010, desde entonces se habría podido embalsar apenas 13,8% de la capacidad total del embalse proyectado. Luego de 11 años, el embalse seguiría casi vacío y la central sin generar”.
Para Giraud, en caso de que se construyera el dique sin importar la “gran incertidumbre científica” sobre la evolución futura de los caudales en la cuenca del río Colorado, y de que la ocurrencia de años más húmedos permitiera llenar el embalse, “aún así subsistiría el impacto del cambio climático sobre el caudal del río y por consiguiente la capacidad de generación hidroeléctrica”, marcó.
Finalmente, citó un estudio de la UNCuyo del 2019 que indica que en el escenario más “optimista” se generarían 658 GWh/año, es decir “un 26% menos que los 887 GWh/año ampliamente difundido por el gobierno y los medios”. En tanto, otros escenarios más pesimistas marcan que “solamente sería un 24% de esos 887 GWh/año, lo que implicaría un tiempo hasta 4 veces mayor para recuperar el costo de la obra”, en caso de una eventual construcción del dique y llenado del embalse.
El planteo anterior
Hace dos semanas se conoció el planteo de Alejandro Pérez Hualde, Miguel Mathus Escorihuela y Aldo Guarino Arias, quienes solicitaron a Fernando Simón que tome acciones para “impedir el grave daño inminente que producirá la adjudicación y eventual contratación” de Portezuelo del Viento y expresaron que la obra “ha devenido en un severo riesgo de daños al patrimonio público”.
En la presentación subrayan que es fundamental un replanteo debido a la inexistencia de distintas ofertas en la licitación en curso, los precios estipulados por la única oferente, la disminución del caudal del río Grande en los últimos años, el cuestionamiento, cambio y desconocimiento sistemático de las provincias integrantes del Coirco de sus decisiones.
Al respecto, Pérez Hualde explicó que ven “con preocupación cómo se avanza en un proceso en el cual ha ido cambiando fuertemente el entorno. Cuando se puso en los papeles y se proyectó tenía una realidad jurídica que ha ido cambiando”.
El ex ministro de la Corte provincial sostuvo que Mendoza se encuentra en litigios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ponen en cuestión todas las cuencas de la provincia, a raíz de las demandas de La Pampa por Portezuelo del Viento, por el río Atuel y por el río Desaguadero.
