Desconcierto es la palabra que sobrevuela en todos los actores que “juegan” en los barrios populares de Mendoza y probablemente también de otras provincias en las que hubo “robos en poblado y en banda” protagonizados por grupos de personas que se abalanzaron sobre comercios de todo tipo y tamaño.
Se buscan explicaciones y culpables, se hacen especulaciones de todo tipo, más o menos ajustadas a la visión política de cada uno, pero nadie puede aportar datos certeros.
Una de las voces con menos interés político en el mapa de los barrios, al menos no interés partidario, es la iglesia católica. El vocero del Arzobispado de Mendoza, Marcelo De Benedectis (con vínculos directos con la Pastoral Social de la provincia), ensaya una explicación: “puede ser un jugador nuevo, no institucionalizado o sin proyección de institucionalizarse”.
Desde los despachos oficiales se habla de “delincuentes de zonas calientes que se organizan por las redes sociales. Usando estas tecnologías, pueden viralizar exponencialmente sus actividades y generar pánico. Todos son jóvenes, entre 18 y 30 años, tienen antecedentes penales y carcelarios y hay vínculos con el narcomenudeo”.
La palabra “lumpenaje” apareció en algunas de las charlas que mantuvo Los Andes. ¿Nació la rebelión lumpen?
Escenario y actores repetidos
En Mendoza, de acuerdo al último informe publicado por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), el 27,9% de los hogares de la provincia y 40,1% de los habitantes son pobres, dentro de ese número, 4,9% de los mendocinos vive en la indigencia. Ese dato corresponde a diciembre de 2022. En Argentina, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), también a diciembre del año pasado, 39,2% de los argentinos son pobres. Bajo el imperio de la inflación estos datos hoy están desactualizados y en crecimiento.
En esa escena de la pobreza se reconoce tres “actores institucionalizados” que se mueven en el territorio, con más o menos legitimidad social: por un lado están organizaciones de los credos religiosos (como Cáritas y la Pastoral Social de la Iglesia), los militantes de base o “punteros” de los partidos y los movimientos sociales, que tienen vinculaciones mas o menos evidentes con fuerzas políticas.
Las voces consultadas por Los Andes coinciden en el diagnóstico de la situación. “La gente no está morfando. entonces cualquier tipo de insinuación de estas características aparece como una amenaza para cualquier gobierno. Además, las medidas que ha tomado el Gobierno, la devaluación fuerte del peso y el recorte de 40% en el envío de alimentos a los comedores, está echando más leña al fuego” dice Víctor Da Vila, dirigente del Partido Obrero, fuerza política vinculada al Polo Obrero, que a nivel nacional lidera Eduardo Belliboni.
Para poner en contexto la declaración, el Polo Obrero es de los grupos piqueteros críticos del Gobierno nacional, justamente por la filiación política al Frente de Izquierda. Desde otros movimientos sociales, cercanos al peronismo y/o al kirchnerismo, se ahorran las críticas, pero admiten el panorama económico-social que opera como telón de fondo.
El factor Castells
El martes por la noche, el dirigente del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, Raúl Castells, lanzó: “nosotros estamos convocando a esto, les estamos diciendo que sin robar plata, ni romper nada, se lleven lo que puedan aunque sea para canjear por comida”.
La respuesta judicial fue inmediata. En todas las provincias que sufrieron saqueos, se abrieron causas contra el dirigente, incluida Mendoza, dónde el fiscal Fernando Giunta inició la investigación por “la posible comisión del delito de instigación al robo agravado en poblado y en banda y con la finalidad de aterrorizar a la población”.
Sin embargo, ninguno de los actores le asignan verosimilitud a las declaraciones de Castells. “Diría que en un 99% es todo humo. Se está atribuyendo los incidentes porque quiere unos minutos de fama y quiere tratar de representar el malestar”, dice el senador provincial Ernesto Mancinelli y dirigente del movimiento Libres del Sur en Mendoza.
Desde los movimientos sociales le asignan comedores en algunos departamentos, como Guaymallen, Lujan, Las Heras, Lavalle, Rivadavia. “No supera los 20 comedores”.
“Perdió la PASO de su partido, yo creo que es mas un golpe mediático que otra cosa” asegura Da Vila. El dato no es menor: Castells se presentó en la interna de Movimiento de Izquierda Juventud y Dignidad. La otra lista estuvo encabezada por el periodista Santiago Cúneo. En todo el país, Castells sacó 25.000 votos, su competidor 56.000; sumadas ambas listas obtuvieron 0,34%, por lo que el espacio no logró el umbral de 1,5% del total de votos emitidos y quedaron fuera de la carrera presidencial. En Mendoza obtuvo 1.608 votos de 1.085.714 sufragios emitidos el domingo 13 de agosto pasado.
En la Justicia provincial van a investigar, pero la realidad es que de los hechos y detenidos no surgen vínculos que señalen a Castells como posible instigador de los violentos incidentes de Mendoza.
La incertidumbre
En villas, asentamientos y barriadas pobres de Mendoza, movimiento sociales, grupos religiosos y punteros (y sus adherentes) constituyen una red de información informal, todos se conocen y saben en qué andan cada uno. Esta vez, nadie advirtió nada.
En Mendoza, se podría suponer que una cadena de incidentes como los vividos desde el sábado 19, podrían golpear las aspiraciones electorales del oficialismo mendocino, por lo que la teoría conspirativa indicaría a alguno de los espacios opositores. Sin embargo, por ahora, no aparecen esos vínculos políticos. Un dirigente radical le confío a Los Andes “nosotros estamos más interesados que la prensa en encontrar ese vínculo político, pero por ahora no lo hay”.
Sin embargo, con el correr de los días, los saqueos empezaron a extenderse por el país y llegaron a municipios del conurbano bonaerense, lugares donde el peronismo reina y el kirchnerismo quiere acantonarse y resistir a la “derecha” que suponen ganará las elecciones presidenciales.
Eliana Lucero, del Movimiento Social Nuestramérica (cercano a Juan Grabois), habla de “grupos operados, que generan mucho desconcierto. La gente se pregunta ‘éstos de dónde salieron’. Además genera una angustia muy grande a los vecinos, porque no saben en qué va a terminar. Nos transmiten miedo a que, por culpa de estos saqueos, después de no haya posibilidad de acceder a los alimentos”.
Lucero señala también que “están atacando al pequeño comerciante, el carnicero, el almacenero, el vendedor de ropa, ferias, entonces eso también está generando enojo, porque le están sacado su forma de sustento, de poder laburar dignamente”.
La dirigente de Nuestramérica dice que “es un actor nuevo. Desde mi punto de vista tiene que ver con lo político, para generar una desestabilización al gobierno, pero los vecinos no hacen esa lectura y les resuena como algo nuevo, desconocido, que está generando miedo, incertidumbre y enojo”.
Lucero cuenta que se arrimó a una convocatoria de las que circulaban por las redes. “Se convocaba a un saqueo en un Átomo de Palmira. Miré a la gente y pensé estas caritas no son de acá. Puede que se muevan de un departamento a otro”.
Lautaro Cruciani es el líder del Movimiento Evita en Mendoza, grupo que a nivel nacional tiene como secretario general a Emilio Pérsico, quien además es secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El dirigente local señala que “hay alguien que está fogoneando. Hablé con algunos compañeros de Tunuyán y me mencionaron que cinco personas que habían ido casa por casa llamando a un corte de ruta en contra de la Municipalidad. A veces convocan contra de la municipalidad, otra veces en contra del Gobierno provincial y otras contra del Gobierno nacional. Un grupo político lo está llevando adelante, no me no me cabe duda”.
Los Andes le menciona que su movimiento tiene presencia en muchas barriadas y que seguramente tiene identificados a los jugadores políticos en ellas. “Yo he preguntado a los compañeros de los territorios quién puede haber sido y lo que sale es sin identificación política, no sabemos quién, pero hay que pensar a quién beneficia”, respondió Cruciani.
Más allá de los supuestos beneficiarios, nadie puede acusar con certeza. “Si vamos a lo puntual de los barrios, no hay un actor político que podamos reconocer”, dice Lucero.
El vocero episcopal De Benedectis indica que desde la Pastoral Social no se identifica a nadie que “esté haciendo ruido. Puede ser gente enojada con el sistema, que juega de independiente y que no responde a alguna organización, sino que canaliza la bronca, el malestar social, la impotencia haciendo este daño muy puntual, organizándose en su barriada; o tal vez algunas personas que quieren ser el gallo del gallinero en el barrio; o tal vez la expresión de vecinos que no saben cómo moverse, mandan al frente a mujeres y niños, pero sin mayor envergadura; la verdad desconocemos que haya algo más, pero algo hay”.
Mancinelli arriesga. “Lo que se ha activado son grupos más filo delictivos. Son grupos muy juveniles, muy marginales, que no tienen una función social en el territorio. La Justicia debería investigar si hay alguna mano política atrás, con algún vínculo con sectores de fuerzas de seguridad o con banditas de tranzas del narcotráfico”.
Para los no iniciados en el lenguaje del barrio, tranzas son los que se dedican al narcomenudeo en los barrios. En la Justicia sostienen “por olfato” que no pueden descartar el vínculo entre los saqueos y el tranza; tampoco lo descartan desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia, aunque inmediatamente aclaran que no hay megabandas con amplia logística detrás como sucede en Rosario o en el conurbano bonaerense “son pequeños vendedores de drogas”. Igual parece un germen peligroso, aún cuando se considere que son “lúmpenes” con escasa calificación delictiva o una mala copia del terror rosarino.
El ministro de Seguridad, Raúl Levrino, mandó un mensaje para desalentar más incidentes: “se aplica el peso de la ley a quienes alteren el orden público y van a ir presos. Vamos a seguir con los allanamientos para detener a los administradores de los grupos que promueven los saqueos en redes sociales”.
Imputados y detenidos
Hasta el viernes, el Ministerio de Seguridad informó que en nuestra provincia hay 82 detenidos en relación a los incidentes producidos en la última semana.
Desde el Ministerio Público Fiscal informaron en la mañana de ayer que los imputados por diferentes fiscales llegaban a 41, la mayoría de ellos por los delitos de robos agravados en poblado y en banda, instigación pública al delito y a través de redes sociales, y utilización de menores de edad en los hechos. Hay un imputado en San Rafael por apología del delito (no es lo mismo que la instigación, sino que es la justificación pública de acciones ilegales).
