El gobernador Rodolfo Suárez elevó las tensiones en su relación con el PJ, al cual acusó de querer mantener “la corporación de legisladores que existe” por su rechazo a la reforma de la Constitución provincial.
El principal partido de la oposición volvió a expresarse este jueves en contra del proyecto de Suárez. Lo hizo en medio del anuncio oficialista de una reunión de comisiones prevista para reactivar el debate.
Ante esta noticia, el PJ, que había difundido un comunicado conjunto de rechazo de los diputados y senadores de sus bloques, recibió un fuerte reproche del mandatario.
En una rueda de prensa que se realizó en medio de un evento de la Justicia en el nuevo polo judicial, Suárez explicó que la reforma de la Constitución que envió a la Legislatura es un proyecto pensado “para tener empatía con los mendocinos” y destinado, precisamente, “a bajar el costo de la política”.
Enumeró en este sentido que la iniciativa busca reducir a la mitad la cantidad de legisladores y de asesores, además de suprimir las elecciones de medio término “que requieren mayores costos”.
Reiteró también Suárez que el proyecto, que hace dos años permanece estancado sin tratamiento en el Senado provincial busca instalar la discusión de las autonomías municipales y “establecer que el déficit fiscal no puede existir. Que nadie puede gastar más de lo que ingresa. Hemos tenido antecedentes del peronismo que se gastaba más de lo que ingresaba y se nombraban empleados públicos libremente”.
“Eso es lo que le estamos proponiendo a los mendocinos. La tienen a mano hace tiempo. A ellos hay que preguntarles por qué no quieren. Quieren mantener la corporación de legisladores que existe”, disparó el gobernador.
Suárez insistió en el punto del ahorro de los gastos de la política: “Nosotros pensábamos que con la situación económica que estamos atravesando hay que bajar el costo de la política. Eso es lo que nosotros proponemos”, precisó.
PORTAZO EN LA LEGISLATURA
El renovado rechazo del justicialismo a que se debata la reforma de la Constitución provocó que sólo el oficialismo participara de la disertación que se había organizado en el marco de las comisiones de Legislación de Asuntos Constitucionales de Diputados y Senadores.
“Consideramos que negarse a escuchar y a aprender de la experiencia de reconocidos constitucionalistas, como la doctora Gabriela Ábalos, que expuso en el día de la fecha, no coincide con la democracia que tanto nos costó recuperar”, protestó abiertamente en un comunicado el bloque de Senadores de Cambia Mendoza.
La confrontación se origina en la resistencia del PJ a que el ministro de Gobierno de la provincia, Víctor Ibáñez, brinde explicaciones por el caso del subsidio al pastor Héctor Bonarrico. Para el justicialismo, esta postura “ha roto el vínculo institucional” e impide el debate de otros temas.
En contraste, los senadores de Cambia Mendoza sostuvieron que es “esencial el análisis y tratamiento del proyecto de Reforma de la Constitución, ya que el mismo contempla diversos puntos que son fundamentales para el desarrollo de la provincia y el bienestar de mendocino/as”.
Resaltaron en este sentido que, a la par de los temas señalados por Suárez, la reforma permitiría fomentar el federalismo con la representación territorial de los departamentos en la Legislatura, limitar la reelección para los cargos electivos e impulsar la igualdad de oportunidades para mujeres y varones.
“Lamentamos el desinterés y la falta de responsabilidad de la oposición de la provincia, en informarse, estudiar y debatir con ideas este tema tan importante”, expresaron los senadores oficialistas. Y agregaron: “¿Cuándo será el momento adecuado para que el FDT-PJ se ocupe y entienda que su responsabilidad es debatir y discutir las problemáticas que realmente importan y afectan a la gente y no ausentarse?”
BONARRICO Y EL “USO POLÍTICO DE GENTE QUE NO TIENE MORAL”
Entre otros reproches al Gobierno, el PJ cuestionó la decisión del gobernador de “impedir la visita de un ministro denunciado por un posible hecho de corrupción”.
En represalia a estas expresiones, Suárez afirmó que “ciertos dirigentes no tienen autoridad moral para hablar por lo que ocurre en el país” y recalcó que el Gobierno actuó con “absoluta transparencia”.
“Publicamos en el Boletín Oficial como corresponde ese convenio con una fundación reconocida que tiene llegada a los barrios más vulnerables. Hubo una declaración del presidente que no sería lo mismo que escribió y firmó. Cuando yo escucho sus declaraciones, que fueron muy confusas a los 5 minutos le di de baja al convenio”, aseguró el gobernador.
“Si este señor hubiera dicho que este convenio era para llegar a los sectores vulnerables, para los chicos que no tienen trabajo y salida, no había ningún problema. Este señor confundió todo y ante esa confusión, este gobernador le dio de baja con absoluta transparencia”, insistió.
“Después viene el uso político de gente que no tiene moral”, agregó, y señaló que “los mendocinos sabrán a quién creerle o no”.
Sostuvo además que los subsidios y tercerizaciones son necesarias debido a que el país tiene “más del 40% de las personas por debajo de la pobreza” y recalcó que la discusión sobre la asistencia “es un debate nacional que inició la vicepresidenta, diciendo que ahora el Estado tiene que hacerse cargo y no el Movimiento Evita ni el Polo Obrero”.
“Yo creo que nosotros tenemos que ir a una Argentina como es el modelo de Mendoza, que en vez de darle un plan, le paga parte de su sueldo para que trabaje en una empresa y después de los cuatro meses lo tomen”, expresó, y concluyó: “Si nosotros vamos a vivir en un país exclusivamente de planes, estamos condenados al fracaso. Tenemos que ir a un lugar dónde la gente tenga su ingreso digno para sustentar a su familia y no de los planes”.
También dijo que los subsidios son necesarios, entre otras cosas para sostener al transporte público. “Ronda los 60 millones de pesos diarios para que el boleto cueste 35 pesos. Si no debería valer 140 pesos y hoy la provincia estaría paralizada”, destacó.
