En las PASO del 13 de agosto se llevará a cabo la elección de parlamentarios del Mercosur, que aparecerá como una sección especial en las boletas de cada frente. Aunque no es la primera vez que Argentina realiza esta votación, ya que se llevó a cabo en 2015, es importante destacar que en 2019 no se eligió a estos candidatos porque durante el gobierno de Mauricio Macri se decidió omitir el proceso y prorrogar los mandatos de los parlamentarios en ejercicio.
El Parlasur funciona en Montevideo, Uruguay, y está conformado por legisladores de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Argentina cuenta con 43 parlamentarios, de los cuales 24 pertenecen al Frente de Todos (hoy Unión Por la Patria). De estos 43, dos son mendocinos: el empresario Emilio Magnaghi, dueño de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, y Marina Femenía, abogada de La Cámpora, quien buscará renovar por cuatro años más.
LOS MENDOCINOS EN CARRERA
Uno de los usos que se le ha dado en Argentina al Parlasur es el de llevar en las boletas a los “relegados” de la rosca política. Las distintas listas tienen que presentar, por obligación, un candidato para ingresar al Parlasur por provincia.
En el caso de Unión por la Patria en Mendoza, se incluirá a Lautaro Cruciani, ex precandidato a intendente de Guaymallén, que perdió la pulseada contra su par Natalia Vicencio. Los movimientos sociales como el Movimiento Evita, quedaron apartados del armado electoral del peronismo, y por el contrario, llevaron a figuras con proyección nacional más que provincial.
El peronismo, a pedido de Sergio Massa, dejó afuera a la lista interna de José Luis Ramón que iba a competir en internas en las elecciones de diputados nacionales, provocando que el frente de UxP lleve a un candidato único para el Parlasur. Así quedó afuera Eber Pérez Plaza, diputado nacional a quien se le vence el mandato en 2023.
La UCR también dejó afuera al PRO mendocino de los puestos “entrables” para la Cámara de Diputados, pero decidió cederle el candidato del Parlasur. Será el larretista Roberto Ríos, coordinador de gabinete del municipio de la Capital.
En La Libertad Avanza, el Partido Libertario quedó afuera de los puestos entrables del Congreso y por eso será candidato al Parlasur su vicepresidente Jorge Santilli, quien además es licenciado en Turismo. Por el contrario, los puestos importantes de la Cámara de Diputados quedaron para dirigentes del Partido Demócrata.
En el FIT, tampoco hay lista de unidad, y es por ello que los candidatos vienen por partida doble: por un lado, la lista del PTS que lleva a Myriam Bregman y Nicolas del Caño como presidente y vice, tiene a Franco Ricco como candidato. En tanto, la lista del Partido Obrero y el MST quienes apoyan a Gabriel Solano y Vilma Ripoll en las elecciones presidenciales, llevará a Nicolás Fernández.
El schiarettismo, por su parte, llevará al ex funcionario justicialista Lucio Chaves como candidato.
El frente Libres del Sur por su parte llevará como candidata a Silvina Anfuso, concejal de Godoy Cruz y ex funcionaria de Alfredo Cornejo.
PROYECTOS “DECLARATIVOS”
Predominan en el Parlasur los proyectos declarativos. Algunos han sido de barricada política y no faltan las iniciativas intrascendentes. Aunque si vamos a la realidad el órgano funciona muy poco y en lo que va del año únicamente han sesionado tres veces. Y como se puede deducir de sus proyectos, tiene escasas influencias en la política real, ya que lo que resulte de las sesiones únicamente tiene fuerza “declarativa”.
Por ejemplo Femenía, presentó una propuesta de declaración para reafirmar la importancia de promover el respeto de los Derechos Humanos y un repudio a la periodista argentina Beatriz Sarlo por opiniones sobre las Islas Malvinas,
Gabriel Fidel, el ex parlamentario mendocino que le cedió su lugar a Magnaghi, presentó varios proyectos relacionados con nuestra provincia entre 2016 y 2019: una declaración de interés a una simulación de Parlasur hecha en la UNCUYO, un pedido de declaración de Interés para un festival realizado en la Universidad, un proyecto para declarar de interés regional al Seminario del Mercosur organizado por la Legislatura de Mendoza. Incluso pidió declarar de Interés el “Concurso Mejor Sommelier” que se realizó en abril de 2016 en Mendoza.
El ex parlamentario mendocino también recomendó al Consejo de Mercado Común (CMC) que se implemente en el Mercosur un Acuerdo General de Normas Sanitarias y Fitosanitarias y además pidió “la creación de un fondo para financiar acciones tendientes a la creación de la perspectiva de género”.
CRÍTICAS Y DEBATES
El Parlasur ha sido fuente de críticas desde muchos sectores la política, desde la izquierda que la trata como un órgano imperialista, pasando por el peronismo que lo nombra “charlasur” y por los liberales que creen que es un gasto innecesario. Sin embargo, Fidel lo defiende: “Si fuera un tema de costos, como muchos dicen, habría que cerrar el Congreso, los concejos y el parlamento de la Unión Europea. No tiene sentido. Si funciona mal el Parlasur, hay que mejorarlo. Pero no es algo del órgano, es de la responsabilidad de las personas que lo componen”.
Sin embargo, un candidato a integrarlo por la Izquierda lo critica con dureza. “Su principal función es la de asegurar los negocios de las grandes multinacionales de la región. Es por esto que no ha cumplido más que con una función declarativa; pero sin embargo por ejemplo, no ha servido para repudiar y condenar los golpes de estado que hubo en Bolivia y en Brasil”, sostuvo Franco Ricco, candidato al Parlasur de la lista del PTS.
Por su lado, Alejandro Karlen, parlamentario por Corrientes, contó a diario Los Andes que “siempre hemos buscado mejorar las conexiones entre los países para aliviar los costos del flete” y destacó entre los “logros” de su gestión que “se haya declarado de interés público el chamamé” . “También dimos reconocimiento a cátedras de universidades entre otras cuestiones que hacen a la unidad de los países”
Hay que recordar que en Argentina ha tenido un uso político más que práctico. En 2015 el kirchnerismo llevó a la dirigente social de Tupac Amaru, Milagro Sala, en medio de las causas judiciales en su contra para buscar fueros.
Otros políticos que buscaron asilo en este órgano fueron el dirigente macrista Pepín Rodríguez Simón y el ex secretario de Obras Públicas K condenado: José López.
Ante estos hechos la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió diciendo que la inmunidad del Parlasur está restringida a las actividades que puedan llegar a realizar en calidad de miembros del órgano, y además, detalle no menor, es que la prohibición de arresto rige únicamente en la sede, es decir, en el territorio de Uruguay.
Es por ello, que los miembros del Parlasur no tienen fueros de acuerdo a la legislación Argentina.
Otras figuras polémicas que se presentan como candidatos este año son: Victoria Donda Pérez, quien condujo hasta 2022 el INADI y Roberto Baradel, el sindicalista y dirigente gremial de SUTEBA y de la CTA de Buenos Aires.
SIN DIETAS, PERO CON VIÁTICOS CUANDO SESIONAN
Un parlamentario del Mercosur debería recibir el mismo salario que un diputado nacional en Argentina, que actualmente asciende a aproximadamente $700.000 en mano. Sin embargo, desde 2016, el Estado dejó de pagarles la dieta, pero les liquida cuando hay sesión, al estilo all inclusive, los pasajes de avión, la estadía, y todos aquellos gastos que necesiten para mantenerse durante tres días en Uruguay. Argentina es el único país del bloque que no remunera a sus legisladores.
En 2016, Alejandro Karlen, un correntino que además de ser legislador del parlasur es Congresal Nacional del Partido Justicialista, presentó una demanda ante la justicia basada en la ley que establece la dieta de los parlamentarios, solicitando el pago retroactivo de todos sus haberes desde el momento en que asumió su cargo. La Cámara Nacional Electoral determinó que el Estado Argentino debía abonar a este legislador kirchnerista la suma millonaria de 8 millones de pesos.
Este precedente ha abierto la posibilidad de que los otros 43 parlamentarios actuales, así como los futuros, puedan presentar reclamos similares ante la justicia, lo que obligaría al Estado a desembolsar mensualmente $700.000 (según la dieta actual) por cada parlamentarista, llegando a un total de $8.400.000 por año trabajado. De todos modos, hasta ahora no se han presentado otras demandas.
