En medio de un conflicto salarial que jaquea al Poder Judicial y que amenaza con profundizarse, la Suprema Corte de Justicia cambió su postura hacia un mayor protagonismo y tratará de buscar soluciones, aunque no tiene asegurado que la gestión vaya a ser exitosa.
Al cierre de esta nota, era prácticamente total el consenso entre los integrantes del alto tribunal para que desde allí surja un pedido de conciliación obligatoria con los gremios de los empleados judiciales. La decisión se terminará de tomar este lunes, pero hay acuerdo respecto de que es el mejor mecanismo para cortar los paros (la próxima semana será la tercera semana consecutiva) y reabrir el diálogo.
Para avanzar en este sentido, la Corte ya cuenta con el guiño del sector sindical, que cree que así puede mejorar sus chances para obtener mayores aumentos y a la vez evitar los descuentos por los días de huelga, que ya son más que las jornadas trabajadas a lo largo de mayo.
La Corte en pleno, o con la mayoría de sus miembros presentes, más el jefe del Ministerio Público Fiscal, Alejandro Gullé, entre otros, mantuvieron antes del fin de semana sendas reuniones con los dirigentes de la Asociación de Funcionarios Judiciales y la Asociación de Empleados y Funcionarios Judiciales para sondear caminos de negociación. Y hubo eco positivo: “Nosotros no la vamos a solicitar, pero si otro pide la conciliación es probable que la acatemos”, expresó Ricardo Babillón, referente de la Asociación de Empleados Judiciales, ante la consulta de este diario. “No es la mejor herramienta, pero si se dicta la vamos a acatar y a buscar soluciones”, agregó por su lado Marcelo Fekonja, de la Asociación de Funcionarios.
En búsqueda de ablandar el frente sindical, la Corte además dio gestos de que asumirá “el compromiso de participar más activamente en la paritaria” a través de la modificación de una vieja acordada que limitaba su intervención. “Vamos a buscar que haya un impasse pero no habrá un escalafón nuevo para los empleados en un mes”, advirtieron desde el cuarto piso del Poder Judicial.
La gran duda de toda la maniobra es si, al abrirse una nueva negociación, habrá un gesto del Poder Ejecutivo. El Gobierno tiene la última palabra en la paritaria y hay quienes son pesimistas. “Eso no va a pasar, no se les puede dar a los judiciales más puntos que a un docente o a un médico”, aseguró una fuente oficial.
“PEOR QUE EN LA PANDEMIA”
El contexto de todos modos es de emergencia porque el servicio de Justicia se encuentra muy resentido.
En la Corte reconocen que el paro está teniendo una adhesión muy alta y consiguió frenar el 70% de la actividad en el fuero penal. En Civil, Laboral y Familia el impacto fue un poco inferior, aunque en general, el ausentismo rondó el 50% durante la semana, en promedio.
La alarma también se instaló entre los abogados del fuero local. El Colegio de Abogados dirigió notas al gobernador Cornejo, los integrantes de la Corte y los gremios en las que solicitó que se vuelva a las negociaciones para garantizar el servicio de justicia.
“La actual situación está provocando graves consecuencias, siendo los fueros Penal, de Familia, Civil y Laboral, los más afectados”, dice el texto que copiaron a cada destinatario.
El Colegio detalló que se observa “falta de dictado de proveídos de escritos urgentes, suspensión de audiencias fijadas -especialmente finales-, retraso en el dictado de providencias en la totalidad de los expedientes, falta de ingreso oportuno de demandas urgentes y retardo injustificado en la fijación de audiencias”.
Más allá del planteo institucional, los abogados suman todo tipo de quejas. “Hace 20 días que no se le designa juez a una demanda recién ingresada”, afirmó uno del fuero civil. El letrado no cree que la Justicia vuelva a funcionar hasta después de la feria de invierno y lanzó: “Esto es peor que la pandemia, no se mueve nada”.
“No está funcionando la Justicia de Familia. Hemos tenido dos audiencias que las tomó directamente la jueza, pero en lista no hay oficios ni cédulas proveídas. La respuesta en las mesas de entrada es: ‘doctora, estamos de paro’. Había demoras de entre 20 días y un mes en decretos sencillos, ahora con los paros estamos colapsados”, aportó por su lado una abogada que trabaja en esa área.
CIFRAS OFICIALES
El impacto mayor del paro en los últimos días fue en la primera y tercera circunscripciones judiciales. O sea, Gran Mendoza y los departamentos del Este.
El fuero penal fue el más resentido, de acuerdo a las cifras oficiales. Las estadísticas de mayo, armadas por su coordinador, el ministro de la Corte José Valerio, expusieron un escenario complejo.
A lo largo de este mes estaba previsto que los juzgados penales colegiados 1 y 2 realizaran 1.417 audiencias, pero se hicieron apenas 413 (29%). A su vez, el trabajo especifica que 329 audiencias (23,2%) no se hicieron, pero un número más grande aún aparece como “audiencias con resultado no cargado”. Son 561 (39,5%). Las fuentes judiciales coinciden en que ahí se puede advertir el impacto del paro, porque fueron audiencias que se hicieron pero por la huelga “no fueron cargadas en el expediente”, con lo cual esa causa empezó a arrastrar una demora.
Se cree que esas audiencias en muchos casos se realizaron sin presencia de los “audiencistas judiciales”, que son quienes se ocupan de la parte técnica y de la carga en el expediente. Para varias tareas, la huelga obligó a echar mano de ingresantes o pasantes que no pueden participar de las medidas de fuerza. Incluso hubo algunos jueces que se encargaron de lo técnico porque conocen el sistema.
Valerio, en este contexto, tomó la decisión de suspender las audiencias “sin personas detenidas”, para que el escaso personal se concentre en los casos urgentes.
En el Polo Judicial, sede de las audiencias penales, esta semana paró más del 60% de los empleados y funcionarios, según el sistema de marcación de tarjetas.
“Está muy resentida la actividad, pero no paralizada”, aportaron desde el Ministerio Público Fiscal, área donde se encendió la mecha antes que en el resto de los sectores por los paros en las oficinas fiscales, que arrancaron en marzo. Y agregaron, en sintonía con Valerio: “Nosotros estamos recibieron denuncias y priorizando las más graves”.
En el fuero civil, en tanto, “no se programan audiencias nuevas desde la semana pasada”, reconocieron fuentes de la Corte. Dijeron también que las causas demoradas en esta área y en la Justicia Laboral rondan entre 20 y 25%.
El conteo oficial dice que, en los fueros Civil, Laboral y de Familia, no marcaron tarjeta entre el 35 y el 45% esta semana. En el palacio judicial de Patricias Mendocinas, donde cada día van a trabajar 555 empleados judiciales, afirman que el presentismo llegó esta semana al 56%. Sin embargo, hay quienes tienen dudas de la calidad de trabajo en medio del reclamo. El palacio también fue escenario de un acampe de empleados que se congregaron frente a los despachos de los ministros de la Corte para protestar contra el descuento de días no trabajados.
LO QUE COBRAN LOS JUDICIALES
Babillón, secretario general de la Asociación de Empleados Judiciales, afirmó ante la consulta de este diario que los empleados y funcionarios abarcados en la protesta cobran por mes entre 330.000 y 1,2 millones de pesos, de bolsillo.
Según el detalle de gremialista, un auxiliar administrativo de oficina fiscal que recién ingresa recibe 370.000 pesos, mientras que los funcionarios judiciales arrancan en los 650.000.
Dijo que muchos empleados judiciales van a recibir de aumento entre “35.000 y 50.000 pesos” y se quejó de los básicos porque son bajos.
Aseguró que, más allá del problema actual, el sueldo de los judiciales viene en “caída libre” desde hace 8 años. “Hay que sentarse a dialogar porque nosotros no pedimos el triple de sueldo, queremos que se haga un cronograma de recuperación salarial y pedimos también el escalafón de la carrera judicial”, expresó.
La creciente distancia entre el sueldo de los empleados y el de los jueces es el otro alimento del conflicto. Indicó que el salario de un juez ronda los 8,7 millones de pesos y que el “desenganche” salarial respecto de los magistrados, vigente desde hace muchos años, los afecta fuertemente, porque antes los salarios de funcionarios y empleados se calculaban en función del sueldo de un secretario administrativo de la Corte, que recibía el 80% de lo que cobraban los magistrados. “Queremos recuperar la porcentualidad salarial, pero a largo plazo”, afirmó Babillón.
AUTARQUÍA NO
En medio del paro judicial, el gobernador Cornejo revivió la discusión de la autarquía del Poder Judicial. Con cierto enojo por el conflicto, el mandatario reconoció que a largo plazo la solución sería que la Justicia obtuviera un porcentaje del presupuesto (habló del 4%, que es muy parecido al 3,9% actual) y que la Corte parite con los empleados para asignarlo.
Pero los ministros de la Corte no se prenden a la propuesta, por la situación de crisis. “Sería imprudente aceptar la autarquía en un estado de crisis económica, lo discutiría, pero en épocas de bonanza”, dijo uno de los supremos consultados.
Casi nadie en la Corte quiere hablar en on por estas horas, pero lo cierto es que algunos jueces hasta critican el modelo de autarquía. “En San Juan hay autarquía pero la Justicia recibe 6% después de la deducción de gastos. No es 6% del total. Además los empleados no tienen paritarias, reciben el aumento que da el Poder Ejecutivo”, se explayó una de estas fuentes.
EL DUELO OFICIALISTA
El paro judicial ha profundizado la grieta en la mayoría que controla la Corte. Los ministros cercanos al oficialismo provincial son cuatro y los allegados al PJ tres, pero existe un duelo que afecta a los primeros: José Valerio toma cada vez más distancia del presidente Dalmiro Garay.
“Hace falta más ingenio y más paciencia”, dice Valerio ante la consulta de Los Andes respecto de la salida al conflicto con los empleados, en una abierta crítica interna. “Hay cosas que debemos hacer entre todos, no el presidente con su grupo de amigos”, disparó también en los últimos días.
La tensión es evidente pero Garay no responde con declaraciones públicas a estas críticas.
Valerio también propone una “reingeniería” en el Poder Judicial para mejorar el uso de los recursos y premiar mejor a los empleados. Destaca en ese sentido que el fuero de Familia tiene 12 empleados por juez y dice que en Penal, esa relación es de apenas 4,6 empleados y funcionarios por magistrado.
Se queja abiertamente de la forma en que se toman medidas en el alto tribunal. “Nadie puede ser el dueño, el pleno debe tomar las decisiones”, dispara. También destaca que, para él, el Poder Judicial está primero que la política. “Yo soy juez hace 37 años”, se diferencia.
