La propagación del Covid-19 en Mendoza y en todo el mundo cambió las prioridades, redireccionando la agenda política. Uno de los puntos rezagados por el coronavirus es la reapertura de paritarias salariales que abarcan a unas 95.000 personas.
A seis meses de la última cláusula gatillo que se cobró en enero, los sueldos de empleados y empleadas públicas no han tenido incrementos, ni tendrán por el momento. En lo que se cumple es con la fecha de los depósitos: hoy, último día del mes, los estatales tendrán en su cuenta el dinero correspondiente a julio.
La paritaria 2019 estableció un 23% de aumento (en partes iguales durante los meses de enero, abril, julio y octubre) complementándose con un mecanismo de indexación automática, conocida como “cláusula gatillo” cuyo último cobro fue en enero. Desde allí, pasó un semestre.
A nivel nacional el panorama es similar y sólo los docentes se harán de una suma extraordinaria a cuenta del Fondo Nacional de Incentivo Docente, de $4.840 por cargo. El sector privado está más relegado. Un gremio de peso como la Asociación Bancaria logró un 26% en cuatro cuotas para sus afiliados. El resto espera novedades mientras rezonga por los aguinaldos escalonados.
Con Rodolfo Suárez al frente de la administración provincial desde diciembre, se intentó un arreglo en marzo, pero no hubo aval de los gremios estatales y la discusión quedó en veremos (ver aparte) justo antes de la cuarentena. Desde el Gobierno provincial aseguran que no hay, por el momento, fecha de reuniones ni un posible aumento por decreto.
“Hay mucha incertidumbre por la situación que es muy crítica teniendo en cuenta la realidad que estamos viviendo todos. No hay fecha de discusión de salarios”, indicó Isabel Del Pópolo, secretaria general de Ampros.
Una muestra de esta postergación y austeridad fue la postergación y el escalonamiento (desde setiembre) del cobro de los aguinaldos que anunció el Gobernador en junio.
La prioridad será para quienes cobren hasta 40 mil pesos en setiembre; para octubre esperan por su medio Salario Anual Complementario empleados y empleadas que cobren entre 40 mil y 60 mil pesos. En noviembre esperan recibirlo quienes perciban salarios de entre 60 mil y 80 mil pesos. Finalmente será el turno de los salarios con pisos de 80 mil y hasta 100 mil pesos, que recién tendrán el dinero en sus cuentas a partir de diciembre.
Una comparación temporal
Teniendo en cuenta sólo el espacio temporal, podría decirse que desde el paso a mejor vida de la convertibilidad, no se da una dilación de tantos meses sin incrementos salariales en el sector estatal. Aunque claro, los contextos son muy distintos.
Sin la pandemia, pero con la salida de la crisis económica de 2001, las finanzas provinciales se estaban empezando a acomodar luego de que la convertibilidad pasara a la historia. Roberto Iglesias había reducido 7,5% los salarios públicos en julio del 2001 y que mantuvo casi hasta el final de su mandato (devolvió estas quitas antes de irse). Cuando Julio Cobos asumió en diciembre de 2003, empezaba a enfrentar las demandas de los gremios estatales, entre otras.
En 2004 empezaron los tires y aflojes. En junio, el entonces mandatario provincial daba una mejora “de $170 pesos para los sueldos menores de 500 pesos, de 120 pesos para los mayores de 500 pesos y de 50 pesos para los de 1.000”. En octubre agregaba otros 50 pesos para estos últimos. “Esto es lo que tenemos por este año”, precisaba Cobos.
En 2005, la situación sería similar, según recuerda Juan Carlos Jaliff quien fuera vicegobernador del actual senador nacional. Hasta tuvo que mediar la curia porque la tensión con los gremios iba en aumento.
“Ese año terminamos cerrando el tema en la casa del padre de Marcelo De Benedectis un domingo a la tarde, y el lunes firmamos el decreto. Estábamos en su casa en Las Heras, ese día Boca salía campeón y como Marcelo y yo somos hinchas de Boca tratábamos de escuchar la radio mientras arreglábamos la paritaria. No pudimos ver el partido, pero logramos el acuerdo”, recordó con humor el histórico dirigente radical.
La última oferta salarial rechazada
La única oferta salarial por parte de la gestión de Rodolfo Suárez fue unos días antes de que se decretara la cuarentena: el 11 de marzo. El Poder Ejecutivo, cuya premisa ya era “no gastar más de lo que entra”, acercó a la mesa de negociaciones, un esquema que proponía aumentos para el segmento más bajo de la pirámide salarial del Estado. Es decir, para quienes tienen hasta $40 mil de salario bruto por mes. Según el cálculo oficial, es un 30% de los empleados públicos.
El aumento que se ofreció a los trabajadores de los organismos de control (Tesorería General, Contaduría General, Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas) es de $ 3.000 para el primer semestre del año en dos tramos: $ 2.000 con el sueldo de abril y $ 1.000 con el de mayo. Los gremios consideraron insuficiente la propuesta, algunos hasta la calificaron de “vergonzoza” y la rechazaron de plano.
