La titular del PRO, Patricia Bullrich, anunció que denunciará este lunes al Alberto Fernández, así como a los 19 gobernadores que apoyaron al Presidente, por el delito de sedición y traición a la Patria ante la decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le restituye fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires.
“Desobedecer el fallo de la Corte Suprema es desobedecer el orden constitucional. ¡Tienen que ir presos!”, dijo Bullrich en Twitter al confirmar la denuncia penal, que es impulsada también por los diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet.
El artículo 230, inciso 2 del Código Penal, sostiene que “serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este Código”.
Además de Alberto Fernández, la denuncia apunta a los 19 gobernadores que apoyaron al Presidente en su decisión de desobedecer la Justicia. Se trata de los mandatarios de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quinquella; de San Juan, Sergio Uñac; de San Luis, Alberto Rodriguez Saá; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Río Negro, Arabela Carreras; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Neuquén, Omar Gutiérrez; y de Salta, Gustavo Saénz.
Bullrich cita en su presentación la obra “El contrato social”, de Jean-Jacques Rousseau, para argumentar que la decisión tomada por el Gobierno nacional afecta gravemente la institucionalidad de Argentina.
“Que las más altas autoridades nacionales y provinciales se pronuncien de manera descomedida y agresiva contra un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incitando y justificando su desobediencia, importa una grave ruptura del orden institucional y la puesta en crisis del sistema que garantiza la vida en paz en la sociedad”, señaló la exministra de Seguridad en el texto.
Por ese motivo, Bullrich solicita que se investigue a los dirigentes del oficialismo por el incumplimiento en la decisión tomada por la Corte Suprema e instigar a la “desobediencia”.
“Esos actos deben ser sancionados con las penas previstas para los traidores a la patria, es decir, la inhabilitación perpetua de sus autores para el ejercicio de cargos públicos, su imposibilidad de acceder a los beneficios del indulto o la conmutación de pena y la imprescriptibilidad de las acciones legales para perseguirlos”, se agrega en el escrito.
La de Bullrich no es la primera denuncia contra el jefe de Estado por la polémica judicial por la coparticipación. Ya lo hicieron desde la Coalición Cívica y los legisladores porteños Roberto García Moritán y Yamil Santoro, ambos de Republicanos Unidos.