Mendoza transita momentos importantes en lo que respecta al proceso de adjudicación y firma de contrato de la obra Portezuelo del Viento. En medio del análisis que realiza la comisión evaluadora a la disminución del presupuesto presentado por el único consorcio que participó de la licitación (Malal-Hue, conformado por la china Sinohydro, Obras Andinas, Impsa y Ceosa), tres reconocidos juristas presentaron un pedido al fiscal de Estado, Fernando Simón, para que suspenda la licitación, ya que entienden que podría perjudicar el patrimonio provincial el hecho que siga su curso mientras hay demandas judiciales de La Pampa para frenar la obra.
Uno de ellos es Alejandro Pérez Hualde, reconocido abogado y ex ministro de la Suprema Corte (los otros son los especialistas en derecho de aguas Aldo Guarino Arias y Miguel Mathus Escorihuela), quien explicó a Los Andes su planteo respecto al riesgo que Mendoza podría tener en términos económicos con las empresas si adjudica la obra y luego la Corte Suprema decide paralizarla (mediante una medida precautoria) por los planteos de La Pampa.
-¿Por qué no debería realizarse Portezuelo del Viento ahora?
-Es un tema jurídicamente complejo. Respeto la decisión política de hacer la obra. Pero el tema es otro, son los vericuetos procesales que pueden ocurrir en un juicio, aunque se vaya a ganar porque creo que Mendoza está bien parada en el tema de fondo. Puede haber una precautoria, como ya lo ha ordenado la Corte Suprema en las represas Cepernik y Néstor Kirchner, que nos puede traer serios problemas. Esas obras fueron paralizadas por la Corte, y hemos visto cómo los chinos han dicho que empezarán con acciones judiciales contra la provincia, porque tienen un contrato y adjudicación.
-¿Entonces el tema no es ganar el juicio, sino a qué precio?
-Creo que vamos a ganar, ¿pero cuándo? Y en el mientras tanto ¿cómo evitamos medidas procesales que pueden ser altamente perjudiciales para Mendoza? Porque en una obra de U$S 1000 millones, si se detiene por 6 meses, los gastos improductivos que genera esa obra para alguien que fue adjudicado y se contrató, tienen que ser reparados. Y deben serlo cuando la causa es ajena a la empresa, pero no es ajena a la provincia, porque antes de firmar sabía que tenía la demanda interpuesta. No podremos decir que no sabíamos que teníamos un juicio. Es cierto que si ganamos, La Pampa debería reparar los daños que nos provoque ¿pero cree que le podríamos sacar esa cifra?
-¿Es preferible parar ahora?
-Se trata de si es conveniente asumir el riesgo de avanzar con una adjudicación y un contrato. Porque son pasos respecto de los cuales la marcha atrás luego es muy cara y hay que pagar los gastos. Hoy se puede detener por nosotros, sin más gastos que los ya incurridos. La licitación puede ser detenida y declararla fracasada.
-Y luego volver a hacerla después de los conflictos judiciales...
-Puede ser un acuerdo político fundamental entre las fuerzas económicas, sociales y culturales, y constituir un fideicomiso para que no se gasten los fondos. Fue como se hizo el dique Potrerillos con los fondos del EMSE en la época de (Arturo) Lafalla. Yo no digo que no hagamos la obra, no estoy en contra. Lo que sí veo es la capacidad de daño procesal que nos puede provocar La Pampa si seguimos avanzando con el contrato. Es difícil explicar que vamos a ganar pero perdiendo. ¿De qué me sirve una sentencia favorable dentro de 5 años?
-El Gobierno se ha preguntado por qué los planteos no se hicieron antes.
-Porque no estábamos tan avanzados en el procedimiento. Creímos que iba a haber novedades. Si la pregunta era quién tenía la razón, todos contestábamos que tenía razón Mendoza. Pero ahora la pregunta es otra: ¿Deberíamos adjudicar o no?
-¿Por qué se hizo la presentación al Fiscal de Estado?
-Para que quede claro que no es un planteo político. El Fiscal tiene los instrumentos para pedir la nulidad de cualquier resolución, ley o contrato que perjudique al patrimonio provincial. Es el abogado de la provincia además y es el que sabe cómo están los juicios.
-¿Mendoza se compra un problema si adjudica?
-Creo que asume un riesgo que no se justifica cuando ese mismo monto se lo puede destinar a un montón de falencias y necesidades que tiene la provincia. Después pueden venir otros análisis, como por ejemplo cómo está el caudal ahora, cuánto tardaremos en generar energía para que nos la paguen. Pero eso se suma ahora por razones externas a la provincia.
Pero hay antecedentes, hace 5 años que la Corte ordenó parar las obras de Santa Cruz. Realmente creo que continuar es asumir el riesgo de quedar paralizados y tener que reparar daños muy importantes para una empresa adjudicataria. Y hay que tener en cuenta que además son inversores extranjeros. La demanda la van a meter en el CIADI, en el Banco Mundial, no en nuestros tribunales.
