La fiscalía que investigó en la causa contra el exsenador nacional y ex gobernador de Tucumán José Alperovich por presunto abuso sexual pidió este martes que el expediente se elevado a juicio oral y público.
El pedido lo hicieron la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10 de la Capital Federal, interinamente a cargo del fiscal Santiago Vismara, y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta.
Alperovich, quien es senador nacional por Tucumán pero se encuentra en uso de licencia, está acusado por distintos hechos de abuso sexual ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia norteña de la cual fue gobernador.
En el dictamen, los representantes del Ministerio Público Fiscal consideraron que Alperovich debe responder por tres hechos de abuso sexual -dos de ellos cometidos en tentativa- y seis sucesos de violencia sexual agravada por haber sido con acceso carnal.
“En todos los casos, mediando para su comisión intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad”, indicaron, según publicó el sitio especializado Fiscales.gob.ar.
El dictamen dice: “Quedó comprobado cómo el imputado utilizando su fuerza física, ejerciendo abuso intimidatorio de poder y violencia de género, reducía bajo su dominio a la víctima, y la ponía como un mero objeto de satisfacción sexual, de cosificación, sometiéndola de forma violenta, ultrajante y degradante, haciéndolo por el transcurso de un poco más de tres meses”.
Vismara y Labozzetta explicaron luego que los primeros abusos ocurrieron a mediados de diciembre de 2017 y que persistieron hasta diciembre de 2018.
Para el MPF, debe tenerse en cuenta la asimetría que había entre Alperovich y la denunciante: la relación familiar que tenían; la diferencia de edad; la situación de dependencia laboral; el posicionamiento político y social del acusado, ya que Alperovich es “un reconocido político, con enorme influencia a nivel provincial y nacional, que gobernó durante años la provincia de Tucumán”.
“En este sentido, no perdemos de vista que los elementos colectados dan cuenta del contexto de permanente control y humillación en el que se desenvolvía esa relación, el constante tono imperativo de él hacia ella y la naturalización del entorno de frases obscenas proferidas por él y dirigidas a ella y a otras personas”, destacaron.
Vismara y Labozzetta explicaron lo que significaba, para este caso en concreto, el estado de cautividad que padecía la víctima y que tenía la particularidad de estar condicionado por la subordinación económica, social, psicológica, legal y política, así como la fuerza física.
