El juez federal con competencia electoral, Walter Bento, que está procesado como presunto líder de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas a cambio de beneficios judiciales, sigue cosechando medidas y acciones en su contra. Esta mañana el instructor del expediente disciplinario radicado en el Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, solicitó el desafuero del magistrado y que lo releven o suspendan de su cargo mientras se lo investiga en la Justicia.
El pedido lo hizo mediante un documento al presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación Diego Molea, para que sea propuesta en la próxima reunión. La acción fue motivada ya que, en el otro expediente, el de la Justicia penal que llevan adelante el fiscal federal Dante Vega y el juez Eduardo Puigdéngolas, el procesamiento y la orden de prisión preventiva “se encuentran firmes y pasados en autoridad de cosa juzgada, debido al libre y expreso consentimiento del juez Bento”.
En diálogo con Los Andes, Tonelli dijo que la solicitud se basa “en la circunstancia novedosa de que a raíz de desistimiento de Bento de apelar su procesamiento en su contra, ha quedado firme la decisión del Juez de procesarlo y dictarle la prisión preventiva”. Como los jueces tienen fueros, según establece la ley 25.320, es necesario que sea el propio Consejo de la Magistratura quien decida en plenario la posibilidad de quitárselos. Si esto ocurre, podría desembocar en el arresto preventivo del magistrado, y la suspensión o remoción de su cargo.
De esta manera, el legislador del PRO indicó que seguramente en la próxima reunión que tenga el Consejo de la Magistratura, que tiene 13 miembros, se podría tratar este tema en plenario, e informó que se necesita la mitad más uno de los miembros presentes para lograr un desafuero. “Es necesario resolver la situación del juez Bento rápidamente”, marcó el Diputado, pero destacó que aún no hay fecha para la próxima sesión formal.
“Yo propongo que quitemos esa inmunidad de arresto a Bento, dado el hecho que quedó firme la prisión preventiva y que la situación es irregular”, sintetizó.
Para Tonelli, el “caso Bento” es una situación “sumamente irregular y perniciosa que un juez que tiene dictada una prisión preventiva y un procesamiento firme, continúe ejerciendo su cargo y decida sobre la libertad, honra y fortuna de los argentinos”.
El trabajo político/administrativo del Consejo de la Magistratura con esta investigación, se da en paralelo a la investigación judicial/penal. Actualmente, en el Consejo se abrió a prueba el expediente disciplinario, se han requerido algunas medidas, y están a la espera de la declaración de testigos, tal como informó el miembro del organismo.
Movilizar la investigación
En su escrito, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, expresó la necesidad de “dar trámite formal a la comunicación recibida a fin de que el plenario de este Consejo tome conocimiento del oficio recibido, ponga a consideración la cuestión y resuelva la dispensa temporal del privilegio de inmunidad de arresto del magistrado en cuestión, así como el relevamiento transitorio de su cargo mientras tenga vigencia y operatividad la orden privativa de libertad dispuesta por el Poder Judicial”.
El instructor señaló que ante una resolución judicial que dispone la detención de un ciudadano que goza de inmunidad (como lo es Bento), “ésta solo podrá ejecutarse si el órgano constitucional competente resuelve dispensar transitoriamente o hacer cesar definitivamente aquella inmunidad, a fin de que el funcionario quede a disposición del juez competente para que se haga efectiva la medida privativa de la libertad”, y agregó que en este punto “es de crucial importancia comprender y subrayar que la inmunidad de arresto puede cesar de modo transitorio o definitivo”.
Para Tonelli ha resultado “decisivo” advertir que el magistrado “ha desistido voluntaria y expresamente del recurso de apelación” y que, “a diferencia de muchas otras situaciones, la medida restrictiva de la libertad fue aceptada expresamente por el juez, sin condicionamientos”.
Al tener el Consejo de la Magistratura competencia constitucional y legal para ordenar la suspensión en el cargo de un magistrado con motivo de la apertura de un proceso de remoción, fue que Tonelli requirió que el organismo decida si concede “transitoriamente” la inmunidad de arresto ante una decisión judicial “libre y expresamente consentida”. También sostuvo que hay una “necesidad” de que el funcionario público sea separado para que se pueda evitar que ejerza la función de juez mientras exista la medida restrictiva de la libertad.
“Nos encontramos ante el caso de un juez federal procesado por la supuesta comisión de múltiples y gravísimos delitos, a quien se le ha dictado un procesamiento con prisión preventiva, pero en virtud de la inmunidad de arresto consagrada en la ley 25.320, continúa ejerciendo su cargo e ‘impartiendo justicia’”, razonó Tonelli.
Y finalizó: “Se hace muy difícil explicar a la opinión pública y especialmente a los justiciables, que un juez que debería estar preso resuelve cotidianamente los casos que tramitan en el juzgado del que es titular y decide sobre la honra, la libertad y la fortuna de quienes se ven sometidos a su jurisdicción”, sostuvo Tonelli en su escrito, mientras avanza la investigación tanto en sede judicial, como también en el Consejo de la Magistratura.
La causa
Respecto a la causa penal, la semana pasada la Cámara de Federal de Mendoza confirmó el procesamiento con prisión preventiva para Bento y comunicó la novedad al Consejo de la Magistratura.
“Se resolvió ordenar el procesamiento de Walter Ricardo Bento –respecto a los delitos de asociación ilícita (en calidad de Jefe Organizador), cohecho pasivo, prevaricato, omisión y retardo de justicia, lavado de activos y enriquecimiento ilícito– y Marta Isabel Boiza -lavado de activos y enriquecimiento ilícito-”, sostiene la resolución dictada por los camaristas Alfredo Rafael Porras, Gustavo Castiñeira de Dios y Manuel Alberto Pizarro.
El martes de la semana pasada los representantes legales de Bento –Mariano Cuneo Libarona y Gustavo Gazali- presentaron un escrito desistiendo de apelar ante la Cámara Federal el procesamiento dictado por el juez federal Eduargo Puigdéngolas. Esta novedad fue lo que motivó el accionar rápido de Tonelli, quien espera avances en el plano del Consejo de la Magistratura.
La investigación que llevan adelante el fiscal Vega y el juez Puigdédolas tiene 24 imputados, entre los que se encuentra la esposa de Bento, Marta Boiza. Al Juez se le fijó la prisión preventiva que se hará efectiva si le quitan los fueros, así como un embargo de $177 millones de pesos. Ese monto llega a los $327 millones para la pareja, si se le suma el embargo de Boiza.
Para los investigadores Bento formaba parte de una banda que operaba con un grupo compuesto por abogados e intermediarios, entre ellos el ex despachante de aduana Diego Aliaga, secuestrado y asesinado hace un año, hecho del cual surgió la investigación inicial.
Asimismo, la Fiscalía Federal 2 de Mendoza remitió para su investigación las constancias de un peritaje al teléfono de un detenido por narcotráfico (Walter Bardinella Donoso) en el que aparecían mensajes con su abogado (Luciano Ortego) que daban cuenta de la existencia de maniobras judiciales irregulares sobre la liberación de personas detenidas a disposición del juez Bento.
A partir de allí, se inició la pesquisa sobre los abonados que surgían del peritaje, del que surgieron numerosos mensajes de texto y de voz en los que se aludía al “juez”, al “número 1” o al “gran jefe”, en supuesta referencia al magistrado ahora procesado.
