El Departamento General de Irrigación está trabajando en el Código de Aguas de la provincia. El trabajo de organizar más de un centenar de leyes y disposiciones pasó su etapa más engorrosa.
Mañana a las 10, en la sede de calle Barcala, se darán detalles del estado del proyecto además de aclarar conceptos importantes como inherencia del agua a la tierra, minería, entre otros.
Pero la normativa no solamente consiste en el acopio de reglas. También se impulsa por lo menos una novedad relevante. A futuro, el titular de Irrigación, también llamado gobernador del agua, podría ser destituido de su cargo si no cumple con el requisito de la planificación hidrológica.
La superintendencia del DGI tiene rango constitucional, que requiere ratificación del Senado. Es un cargo que dura cinco años. En consecuencia, se incorporarán en el código las causales por las cuales el titular de Irrigación podría ser sometido al Jury de Enjuiciamiento, que es el órgano que juzga el desempeño de magistrados y funcionarios de los órganos de control.
Los capítulos se han repartido a especialistas para conocer opiniones y a mediados de junio se conocería el texto sobre el que opinará la ciudadanía. Para agosto, estiman, contarán con el texto final para que el gobernador Alfredo Cornejo lo mande a la Legislatura. La planificación a largo plazo es una de las innovaciones.
Pasaron casi 18 meses desde que el superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, decidió impulsar la redacción de un Código de Aguas. El recurso hídrico se derrama sobre más de un centenar de normativas que, directa o indirectamente, regulan su uso.
Desde el Gobierno del Agua aseguran que la figura del Código le aporta seguridad jurídica al tema dado que en un solo texto está toda la legislación y se facilita el acceso a la información evitando ambigüedades.
El entonces gobernador Rodolfo Suárez firmó con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) un financiamiento para proyectos hídricos y uno de ellos era la redacción de esta normativa. Marinelli explicó que el Código de Aguas se complementa con otras herramientas para enfrentar el cambio climático.
“Una de estas herramientas es el Plan Maestro que estamos haciendo con Mekorot (NdR: empresa de aguas israelí). Son seis documentos y ahora estamos terminando el quinto. La otra herramienta es el Código de Aguas, que es el ordenamiento de lo disperso”, explicó a Los Andes.
¿Por qué un Código?
En el organismo que conduce Marinelli entienden que es necesario dar unidad orgánica a todas las normas en la materia y eso implica unificar el derecho y facilitar su contenido, lo cual contribuye a la eficacia del texto legal y otorga por ende una mayor seguridad jurídica.
Entre las ventajas, destacan que reúne en un todo coherente y sistemático de las leyes que refieren a una misma materia, elimina disposiciones incorrectas, disipa ambigüedades e incorpora las disposiciones faltantes reconocidas por la doctrina o la jurisprudencia.
La piedra fundacional del Código de Aguas está dado por la Ley de Aguas, de 1884 y por la Constitución provincial de 1916. De la Carta Magna se extraerán los artículos de la Sección VI en la que hace referencia al Departamento General de Irrigación.
Sobre la Ley de Aguas remarcan que el 30% de los artículos están derogados o modificados (74 de 244), ya sea en forma directa en la ley o por más de 120 leyes posteriores. Se suman más de 200 reglamentaciones de Irrigación además de la jurisprudencia y la doctrina que pueden desprenderse, por ejemplo, de fallos judiciales.
Entre las leyes que se incorporan a esta figura está, por ejemplo, la ley 7722. También se observan normativas que regulan el uso eficiente del agua, ciudadanía del agua, ordenamiento del perilago del dique Potrerillos, lagos no navegables, entre muchas otras.
Los cambios
Entre 1884 y el 2022 se han sancionado distintas normativas en relación al agua. Todas serán tenidas en cuenta para la redacción del Código de Aguas pero además habrá algunas modificaciones. Una de ellas es la incorporación de la planificación, e incluso con el Jury de Enjuiciamiento como una herramienta para castigar a quien no lo haga.
“Nosotros no tenemos una ley que hable de la planificación del agua. Tenemos los planes, las normas relativas a los planes de ordenamiento territorial. No tenemos ninguna disposición que diga cómo tiene que ser un plan, qué es lo que tiene que contener, cómo se va a actualizar y que sea una obligación para los futuros superintendentes”, explicó Marcela Andino, asesora de la Superintendencia General de Irrigación a Los Andes.
Esa es una de las grandes innovaciones que remarca el Gobierno del Agua. El plan maestro que se está trabajando con Mekorot será la propuesta de Marinelli y se conocerá el detalle dentro de poco, cuando se terminen de redactar los documentos.
Se incorporará el derecho al ambiente, que se desprende de la reforma de la Constitución Nacional, entre otros aportes. Los capítulos se han redactado con consultores del CFI y ya se han entregado a especialistas para que sean estudiados y haya feedback.
Este proceso de consulta finalizará en algunas semanas y hay conocidos juristas analizando distintos temas. Aída Kemelmajer de Carlucci, Gabriela Ábalos, Alejandro Pérez Hualde son algunos de ellos. También se encuentran el consultor José Esaín, Aldo Rodríguez Salas, entre otros. Sin dudas, Miguel Mathus Escorihuela participa de todo este proceso.
Participación y dudas
“La pluralidad de voces asegura un código más completo, con menos sesgos y enfocado en la seguridad del agua para las próximas generaciones. Es primordial que la formulación del Código de Aguas para Mendoza se lleve adelante bajo un proceso de diálogo y participación, que contemple la visión de los diversos sectores sociales para garantizar una gestión efectiva del agua”, dicen desde Irrigación para presentar https://participa.irrigacion.gov.ar/.
En esa plataforma, en la que ya hay información sobre los aspectos relacionados al Código de Aguas, estará disponible el primer anteproyecto para que la ciudadanía opine. De allí además de la consulta a otros organismos, saldrá el texto final que se le entregará a Cornejo.
Desde que se anunció la redacción del Código de Aguas, las reacciones no tardaron en llegar. “Tenemos la preocupación de que se pretenda utilizar para otro tipo de actividades que no sean sustentables. Entonces con el número de votos y aliados que tiene, si ya modificó el Código Minero y ahora quiere uno de Aguas, podría ir por todo”, dijo Jorge Difonso, diputado por La Unión Mendocina.
José Pozzoli, ex funcionario del Instituto Nacional del Agua y actual concejal peronista en Guaymallén, opinó a Los Andes que “en Mendoza, hace 8 años, 10 años que no tenemos un plan. Recién el año pasado fueron a buscar a Mekorot para hacer un plan, cuando acá en Mendoza tenemos especialistas de sobra para poder hacerlo primero”.
“Esto tiene que ver no sólo con obras, sino con la geoestrategia del agua. Es decir, tener en cuenta en dónde vamos a poner recursos hídricos, cuál es el ciclo de vida del agua, cuál es la huella hídrica de los distintos productos o de los distintos insumos para el agua, y dónde ponerla para que tenga mayor valor económico, productivo, social, etc. Eso hoy no se ha hecho ni se está haciendo”, agregó.
Pozzoli considera que “recién a partir de tener todos estos elementos, una visión geopolítica del agua, podemos trabajar en un plan y una codificación”. Y además, asegura que “debe ser a través de un gran acuerdo en donde deben participar todos los sectores sociales, desde los científicos, técnicos, empresariales, productores, inspectores de cauce, entre otros, que es un debate que tampoco se está dando”.
“Primero geopolítica del agua, después plan, después codificación y todo esto en un proceso participativo y con toda la capacidad técnica, social y productiva que hay con el tema del agua en Mendoza. Estamos poniendo el carro atrás del caballo”, remató.
Miguel Mathus Escorihuela evitó opinar sobre el Código de Aguas hasta que se conozca el primer texto luego de los aportes de especialistas y todo eso está en pleno trabajo. “Esta ley que tiene más de cien años debe ser una ley de consenso y coincidencias de toda la provincia. Tiene que haber un consenso de toda la sociedad, tiene que salir por unanimidad de la Legislatura”, dijo el especialista.
