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Humo en las tasas
El anuncio con bombos y platillos del intendente de San Carlos, Rolando Scanio, eliminando 60 tasas fue celebrado por algunos, pero rezongado por otros que tildaron la acción como una “vendida de humo”. La molestia, tiene que ver con lo que consideran erróneo en la difusión y en la aplicación práctica. “Primero dicen que son impuestos, y los municipios no cobran impuestos, cobran tasas. Y aparte son 60, de casi 3000”, despotricó un intendente oficialista.
Después se supo que Raúl Rufeil había sido el pionero con la poda de 19 ítems, aunque sin hacer ruido mediático. Sin embargo, molesto por el raid mediático del sancarlino, que llegó a los medios nacionales por ir “contra la corriente” sacando aforos, ironizó con algunas de las tasas que se eliminaron: “te cobraban hasta por poner una lápida en una tumba…”, dijo entre risas y bronca el jefe comunal.
Confianza radical
Es verano pero la rosca no tiene vacaciones. Más aun cuando hay que ir definiendo candidaturas. Las bondades de la tecnología permiten reunirse desde la playa o desde un cómo living para resolver los dimes y diretes de la política. Juntos por el Cambio entra en etapa de definiciones y vía ZOOM empezaron a pulirse detalles de cara a las posibles PASO de este año. De la partida fueron desde el ex presidente Mauricio Macri, pasando por Horacio Rodríguez Larreta, Mario Negri, Patricia Bullrich, Miguel Ángel Pichetto y por supuesto, Alfredo Cornejo.
La misión para el ex gobernador, según publica La Nación, fue la de armar un detallado informe de la situación electoral de cada distrito y las posibles candidaturas. Allí no se afirma o desmiente una posible candidatura de Cornejo al Senado nacional, lo que sí se da por sentado es que no pareciera arriesgado otro nombre menos conocido, porque Juntos por el Cambio ganaría en la provincia con “cualquier candidato” porque “el kirchnerismo está muy mal, y la imagen del Presidente bajó muchísimo” en la provincia, una de las más anti K del país.
El nuevo round de la grieta judicial
La grieta que abre la política entre los miembros de la Suprema Corte mendocina lleva mucho tiempo. En 2020 se mostró descarnada y violentamente por la llegada de Teresa Day al Máximo tribunal. Cada tanto fluye en algún fallo dividido para recordar que hay diferencias, pero en los últimos meses las aguas judiciales están en relativa calma.
En enero no están todos los supremos, porque se van cruzando en sus vacaciones. Pero en febrero otra será la historia y deberán verse las caras por el fallo plenario que definirá si la suprema Day cumple con los requisitos para ser miembro de la Corte. En tribunales advierten que no más allá de febrero se dará la resolución de ese caso que muestra la grieta en su máxima expresión. Y se espera que salga en ese sentido: 4 jueces del ala radical a favor de Day y 3 del ala PJ en contra.
La grieta se entiende cuando se recuerda que hay cuatro supremos que tienen vínculos con el radicalismo (Dalmiro Garay, José Valerio, Pedro Llorente y Day) y tres que los tienen con el PJ o el kirchnerismo (Omar Palermo, Julio Gómez y Mario Adaro). En el fallo Day, la cuestionada no participará, habrá una camarista civil subrogante.
Dicen que parece cantado el resultado con 4 votos a favor de Day (los tres supremos ligados a la UCR y la subrogante Alejandra Orbelli). Pero desde el ala radicheta del Tribunal buscan que el fallo no vuelva a mostrar la grieta tan descarnadamente y operan para que alguno de los jueces ligados al PJ voten a favor de Day. O que al menos se abstengan. Por ejemplo, dicen en los pasillos de tribunales que 5 a 2 o quizá un 4 y tres abstenciones, no sería un mal resultado para el titular de la Corte Dalmiro Garay.
Del lado peronista dicen que el fallo saldrá 4 a 3, porque es lo que le conviene a todos, incluso a quienes cuestionan la llegada de Day a la Corte, léase organismos de derechos humanos, en dónde un fallo dividido será leído como una invitación a recurrir la decisión a la Corte Suprema de la Nación.
Otro fallo caliente que divide aguas en la Corte
Hablando de la Corte, el otro fallo pleno que debe resolverse es el la constitucionalidad de la ley que bajó de rango a los empleados judiciales equiparados a magistrado, es decir que están enganchados con los beneficios de los jueces. En este caso hay menos esperanza de que se resuelva el mes que viene.
Bajar de rango a un grupo de empleados judiciales que tenían sueldos muy elevados en la Justicia fue una de las propuestas del gobernador Rodolfo Suárez, allá por marzo del año pasado, cuando se enteró que la secretaria privada del entonces presidente de la Corte Jorge Nanclares cobraba más de 400 mil pesos por mes.
Mandó una ley a la Legislatura con la intención de bajar el salario a cerca de 80 empleados que tenían el beneficio de estar equiparados a magistrados, enganchados a sus salarios y con sus prerrogativas jubilatorias incluso. Después del análisis en la Legislatura se estableció que la mayoría de los que estaban en esas condiciones tenían protección legal para ostentarlas. Así el número de alcanzados cuando se sancionó la ley de Suárez en junio pasado bajó a 26 empleados equiparados.
La mayoría de esos 26 fueron a la Justicia a pedir la inconstitucionalidad de la ley impulsada por Suárez. Ese fallo también será en plenario, es decir votarán los siete miembros de la Corte, pero todavía no está en condiciones para que los supremos den el veredicto final. Incluso más, hay quienes sospechan que ese fallo va a demorarse varios meses.
Voltereta del defensor del home office
El diputado nacional mendocino (por adopción) José Luis Ramón volvió a procurarse espacio en los medios nacionales. Ahora, ante la ola de “presencialidad” que sopla sobre la Argentina, particularmente con los pedidos de apertura de las aulas que resuenan en todo el país, Ramón se plegó y pidió la vuelta a la presencialidad en el Congreso nacional. Mandó una nota al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Sergio Massa, pidiendo que se vacune a todos los diputados para volver a los debates en el recinto de la Cámara Baja. Obvio, el diputado aclara que la campaña vacunatoria de legisladores debe realizarse “siempre que se garantice su disponibilidad para el personal de salud y docente de las distintas jurisdicciones”.
Ramón señaló que “se ha logrado mantener un funcionamiento realmente activo y eficiente, con multitud de sesiones y un intenso trabajo de comisiones... Sin embargo, se han presentado oposiciones repetidas para establecer este mecanismo mientras dure la pandemia siendo necesario tomar todas las medidas para poder mantener este vigoroso trabajo legislativo que la república necesita y que la población nos exige en esta emergencia”.
Ese comentario acerca de las oposiciones al trabajo remoto tiene un destinatario: el principal espacio opositor Juntos por el Cambio. Desde allí llegó la respuesta a Ramón, a manos de un diputado activo en redes sociales, Álvaro de Lamadrid, diputado radical de CABA: “te cuento Ramón: las sesiones virtuales que ideó el gobierno en 2020 fueron la trampa que apoyaste para no sesionar presencialmente. Que bien adviertas somos trabajadores esenciales. Pero para que querés vacunarte si Uds defienden trabajar por home office”.
Y luego De Lamadrid lanzó un tuit para todos: “no nos dejaron ser esenciales en 2020 para sacar así leyes con quórum express que Uds. y otros fieles aliados dieron. Me opuse a las sesiones virutales, solo 2 diputados votamos en contra. Pero era más fácil ser esencial desde una computadora en el calor y la comodidad del hogar”.