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EL MINISTRO QUE NO DICE ADÓNDE VA DE VACACIONES
Arrancaron las vacaciones del gobernador Rodolfo Suárez, quien se encargó de aclarar que su descanso está muy lejos de parecerse al que tuvieron la titular del PAMI, Luana Volnovich, y su novio y número dos del organismo, Martín Rodríguez, en el caribe mexicano.
Mucho más humilde se mostró el mandatario que ellos: trascendió que se iba a la Costa Atlántica en su auto, sin chofer y sin custodia oficial.
En tanto, hubo reacciones diversas cuando este diario consultó sobre el receso de otros funcionarios del Poder Ejecutivo y el Legislativo. Algunos blanquearon rápidamente el destino, como el vicegobernador Mario Abed y el ministro de Infraestructura, Mario Isgró. El primero se fue a cabalgar a la montaña mendocina tres días, mientras que el segundo viajaba a Bahía Blanca. Vacaciones “tranqui”, como las del gobernador.
En tanto, un grupo bastante amplio de ministros comunicó que se quedaba trabajando enero, como Víctor Ibáñez (Gobierno), Enrique Vaquié (Economía), Nora Vicario (Turismo) y Raúl Levrino (Seguridad). Incluso hubo quienes avisaron que no se irán en febrero tampoco, a ningún lado.
Como Abed, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés “Peti” Lombardi, avisó que se quedaba en Mendoza en este enero caliente.
No todos respondieron la consulta y hasta hubo quienes se pusieron un poco nerviosos. Uno de los ministros de Suárez fue terminante y clausuró el diálogo: dijo que no respondía preguntas sobre su vida privada. Ni Suárez se había plantado de esa manera ¿Sus vacaciones serán tan austeras como las de la mayoría?
VENDIMIA SOLIDARIA, SUSPENDIDA POR LA TERCERA OLA
Eventos con gran concurrencia y pandemia no se llevan bien por estos días. Y empiezan a haber alertas de cara a la Fiesta Nacional de la Vendimia, cuyo acto central está programado para el 5 de marzo. La propia ministra de Salud, Ana María Nadal, no se animó a garantizar la normalidad de las actividades por el acecho de la variante Ómicron.
Cada año, uno de los clásicos de la época vendimial tiene lugar el día posterior al acto central en el Frank Romero Day. Reúne a empresarios y políticos con fines solidarios y tiene lugar en el oeste de la Ciudad de Mendoza. Pero esta vez, la cita no estará en el calendario.
La Vendimia Solidaria que organiza el empresario Daniel Vila (Grupo América) estaba prevista para el domingo 6 de marzo. El almuerzo tendría lugar una vez más en San Isidro, el coqueto predio que ha sido escenario en ediciones anteriores.
Sin embargo, puertas para adentro de la empresa ya confirmaron la suspensión del evento. Los motivos tienen que ver con la escalada de contagios versus la inversión que se hace para el evento en el que el jet set empresarial y político de Mendoza dice presente.
UNA ACEFALÍA QUE PROVOCÓ COMPLICACIONES
Jueves y viernes pasados, el Estado nacional decidió que los empleados de gran parte de la administración pública hicieran “teletrabajo” en la última parte de la jornada para ahorrar energía eléctrica en medio del pico de calor que complicó el abastecimiento.
La mayoría de las dependencias nacionales en Mendoza consultaron con la jefatura en Buenos Aires y dictaminaron qué hacer. Pero al menos a una se le complicó un poco: el PAMI.
El jefe en Mendoza de la obra social de los jubilados, Martín Sevilla, dijo el jueves que tenía que consultar con sus autoridades la aplicación de la medida, que no era general, pero resulta que las dos principales, como recordamos más arriba, estaban de viaje en Cancún.
Finalmente, el delegado de PAMI decidió qué hacer en soledad: los empleados trabajaron con normalidad dado que el decreto de Alberto Fernández exceptuaba al personal sanitario e instituciones de salud.
MARCELO COSTA, OTRA VÍCTIMA DEL ARCHIVO
El ex ministro de Hacienda y de Agroindustria de Francisco Pérez y actual directivo del Banco Nación se enojó con los periodistas en su cuenta de Twitter. “Siempre pasa lo mismo en Mendoza, lo que dicen los dirigentes del peronismo los periodistas dicen lo vamos a chequear, lo que dice el radicalismo lo dan por cierto. Espero que se vayan dando cuenta quiénes mienten y quiénes dicen la verdad. Este tema también lo dijimos hace mucho”.
La reflexión de Costa venía a cuenta de una nota de Los Andes en la que el Ejecutivo provincial admitió que había subejecutado las partidas presupuestarias de obras de 2021.
Pero como muchas veces ocurre, el archivo es cruel con los políticos. Los Andes siempre trabaja el tema de la ejecución presupuestaria; de hecho, la gestión de la que el justicialista participó tuvo el récord de sumar tres años de gastar en obra pública menos de lo que autorizó la Legislatura en su momento.
Vamos a los números. En 2012 la gestión Pérez gastó 785 millones de 1.726 millones que tenía aprobados (46%); en 2013 ejecutó 688 millones de pesos de los 1.686 aprobados en el presupuesto de ese año (40%) y en 2014 concretó obras por 930 millones de 1.452 millones autorizados (64%). Lamentamos no poder comparar lo gastado con lo presupuestado en 2015, porque ese año no se votó presupuesto, por lo tanto no podemos asegurar si los 1.637 millones que usó en obras están subejecutados.
A lo que hay que agregar que, en aquel gobierno, una parte importante del endeudamiento para obras de Aysam terminó como gasto corriente.
¿INTENDENTES DESINFORMADOS?
En las últimas semanas ha ocurrido una interesante negociación entre los intendentes y el gobierno provincial por fondos nacionales de infraestructura escolar, que se entregan desde la época de Néstor Kirchner y que, al ser coparticipables, una parte llega a los municipios, lógicamente.
No obstante, es la provincia la que se encarga de la infraestructura de las escuelas, por lo que la novedad fue que ahora el Poder Ejecutivo pretende que un 30% de todo ese monto que reciben las comunas, vaya exclusivamente para obra pública escolar, y no se utilice para otra cosa.
Si bien hace algunos días algunos intendentes se mostraron “sorprendidos” de la noticia, este es un tema que fue discutido en la Legislatura en el Presupuesto 2022, e incluso aparece explícito en el artículo 55.
Dicho texto establece que las comunas “deberán destinar como mínimo un 30% de los recursos provenientes de la Ley Nacional de Financiamiento Educativo a mejorar la inversión en educación, ciencia y tecnología, priorizando la habitabilidad de los establecimientos educativos y el equipamiento mobiliario y educativo fundamentalmente destinado a la conectividad de los establecimientos”.
Además, la DGE podrá: solicitar informes a los Municipios, exigir que se reflejen en forma separada las partidas transferidas y el destino aplicado a las mismas, y suscribir convenios de inversión educativa a fin de garantizar la eficiencia en los gastos educativos.
¿Por qué hay intendentes que dicen que se enteraron por los medios? Si fue así, evidentemente no leyeron la “ley de leyes”, pero tampoco fueron advertidos por los propios legisladores que provienen de dichos departamentos… ¿será que tampoco la leyeron? ¿o se les pasó por alto?
Más allá de esto, hay discusión entre provincia y municipios, ya que los jefes comunales aseguran que, aún sin tener como obligación invertir en escuelas, lo hacen, y en varios casos “con más recursos que los que reciben de nación”.
