Tribunales Federales está transitando un proceso complejo e interesante de forma interna. A la pronta implementación del nuevo Código Procesal Penal, que tendrá novedades dentro de poco más de un mes, se realiza en paralelo el megajuicio al destituido juez federal, Walter Bento, así como también todo el proceso para elegir a su sucesor.
El puesto es completamente codiciado, ya que se trata del cargo de juez del Juzgado Federal 1, que no solo se desempeña en la competencia penal, sino también electoral.
En los últimos días se cerró el plazo para postularse para el puesto, y en total fueron 137 personas las que se anotaron, dentro de los cuales se puede nombrar a políticos, abogados y asesores, así como también fiscales y jueces, tanto de la Justicia Federal como la provincial.
El examen de oposición será el 2 de agosto; y luego de todo el proceso, que llevará adelante el Consejo de la Magistratura, llegará la terna de pliegos al presidente de la Nación, Javier Milei, que elegirá uno y lo enviará al Senado de la Nación.
Quiénes están detrás del puesto que dejó Bento
Del plano político/judicial, está la exdiputada nacional kirchnerista, Marisa Uceda; mientras que del kirchnerismo aparece además Carlos Blanco, asesor de Anabel Fernández Sagasti en el Congreso Nacional y que tuvo su momento mediático cuando denunció al exgobernador Rodolfo Suárez -junto a Uceda- por sedición en septiembre del 2022.
Como dato de color, el esposo de Uceda, Leonardo Schunk, quien fue relator del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Mendoza (TOF 2), está entre los aspirantes al puesto de Bento.
Desde Tribunales Provinciales aparece Milagros Noli, actual directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia y una de las que se encuentra dentro del lote de los equiparados a los magistrados, con una causa que aún no resuelve la Suprema Corte.
También Romina Ronda, abogada de Derechos Humanos y exsubsecretaria de Justicia de la gestión del peronista Francisco Pérez. De la gestión de Pérez se presentó además Fernando Vera Vázquez, exdirector del Hospital Lagomaggiore, que es abogado y contador.
Del plano político, se puede nombrar también a Pablo Garciarena, fiscal auxiliar de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de la Justicia Federal, integrante de Xumek y que ha estado vinculado al dirigente social, Juan Grabois.
En tanto, de los magistrados de Tribunales provinciales, el juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, se anotó para concursar el puesto; al igual que el juez del Tribunal Penal Colegiado 2, Horacio Cadile, (quedó envuelto en una polémica por el caso Próvolo y debió apartarse); y otro juez penal colegiado, Gabriel Bragagnolo. Se suma además la conjueza del Tribunal Penal Colegiado, Carmen Elizabeth Magro.
De los fiscales de la Justicia provincial, se destacan Claudia Ríos, Gustavo Fehlmann, Carlos Torres y Jorge Calle (fiscal de Instrucción).
Por otro lado, dentro del espacio de Tribunales Federales hay una suerte de “favorito” para ganar el puesto, y es donde algunos “ponen sus fichas”, según indicaron fuentes consultadas desde la Justicia Federal. Se trata de Gonzalo Luis Gassull, recientemente nombrado director de la Oficina Judicial -secretario letrado- de gestión para el Distrito Judicial de la Cámara Federal de Apelaciones. Anteriormente se desempeñaba como secretario de la Superintendencia de la Cámara Federal de Mendoza.
Del ámbito federal se suma Fernando Peñaloza, actual conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia, nombrado por el expresidente Alberto Fernández. Conocido como abogado de Derechos Humanos, el magistrado fue anteriormente abogado de Sergio Salgado, exintendente de Santa Rosa.
Emilio Báez Grau, quien también fue nombrado en un nuevo puesto por la Justicia Federal. Actualmente es prosecretario administrativo. Laura María Civit, secretaria de Cámara en Tribunales Federales, está inscripta; al igual que Amparo Giuffré, que es coordinadora - secretaria de juzgado- de “gestión de casos” de la Oficina Judicial del Distrito Judicial de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Carlos Agustín Parma, hijo del juez de Cámara Carlos Parma y que es secretario de Juzgado, es otro de los anotados. Otro secretario de Juzgado que está entre los 137 es Fernando Freddi.
Una de las defensoras oficiales en la Justicia Federal de San Juan es Gema Raquel Guillén Correa, que se anotó en la lista.
La secretaria del Tribunal Oral Federal 2, Mariana Hellin, es otra de las postuladas. En el caso Bento, fue una de las que leyó detenidamente las más de 600 fojas de la imputación a Bento y el resto de imputados y procesados. Gisela Morici, secretaria de Salud de la Cámara Federal, se inscribió también.
Además está anotado el fiscal federal de San Rafael, Ignacio Sabás; mientras que Javier Ruggero, abogado de la Aduana de Mendoza, se presentó para el puesto.
Otro de los postulantes es Federico Abalos, abogado penalista (fue letrado querellante de la familia Carleti y defensor del abusador de la escuela Murialdo, Alejandro Salas) y vinculado al demarchismo.
Dentro del caso Bento
Otro punto interesante de la lista es que gran parte del equipo de Tribunales Federales que está con el fiscal federal Dante Vega, quien trabajó en todo el proceso de acusación contra el propio juez federal destituido, están dentro de los que aspiran por el puesto para el Juzgado Federal 1. Aquí se encuentran los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, Leandro Fornes, Juan Manuel González, Cecilia Elmelaj y Andrés Rousset.
Por otro lado, también está dentro del listado para ser juez federal Fernando Alcaraz, otro de los fiscales federales, que ha sido involucrado en varias oportunidades dentro de la causa de Bento, por el propio exmagistrado. De hecho, para Bento, hubo un supuesto “acuerdo” entre Alcaraz y Vega para actuar en su contra.
“Los fiscales no denuncian porque sería autodenunciarse. Porque está claro desde la foja uno que se menciona a FA, que son las iniciales de Fernando Alcaraz y nadie dijo nada. Acá había un acuerdo entre los fiscales. Yo no te imputo Alcaraz, pero todas las denuncias que se presenten en la instrucción me las archivás”, señaló el exjuez .
Además, entre los postulantes está además María Paula García, relatora de la Cámara Federal, quien es la esposa de Francisco “Chato” Álvarez, procesado por asociación ilícita y cohecho activo en calidad de coautor.
El largo proceso de selección
En un mes, los postulados, siempre que cumplan con los requisitos, deberán rendir un examen de oposición, que se llevará adelante el 2 de agosto a las 10, en lugar a definir por la Comisión de Selección de Magistrados.
El jurado que evaluará a los postulantes estará compuesto por Enrique Lilljedahl, Daniel Gustavo Gorra, Néstor Osvaldo Losa y María Florencia Castro (titulares); mientras que los suplentes serán Gabriela María Alejandra Aromí, Dario Rodolfo De Ciervo, Walter Arnaldo Córdoba e Hilda Eleonora Vallet.
Los exámenes serán uno escrito y otro oral (tanto de la competencia penal como también electoral), más la realización de entrevistas personales. Los resultados confluirán en una terna de aspirantes en la Magistratura, que irán al Ministerio de Justicia de la Nación.
Será el Poder Ejecutivo el que elegirá dentro de esa terna; y el pliego de la persona seleccionada terminará en el Senado Nacional para que preste acuerdo.
Mientras tanto, y hasta que se complete el proceso del concurso, el Juzgado Federal N°1 en lo penal seguirá en manos de Marcelo Garnica, titular del Juzgado Federal Número 3; y Pablo Oscar Quirós, titular del Juzgado Federal Número 2, quien asumió la competencia electoral.
