La Cámara de Diputados aprobó por amplio mayoría el proyecto de ley de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual que propone un abordaje integral desde la salud colectiva y busca brindar contención e información para derribar prejuicios y situaciones de discriminación.
El plenario legislativo sancionó en general el proyecto por 241 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Interbloque Federal, Provincias Unidas, y la mayoría del bloque de Juntos por el Cambio, mientras que el rechazo cosechó 8 sufragios.
La sanción del proyecto, que ahora deberá ser discutido por el Senado, fue festejado por los asistentes de organizaciones civiles que reclamaban la actualización de la ley del SIDA, quienes observaron toda la sesión desde los palcos del recinto deliberativo del cuerpo, informó Télam.
Al concluir el debate, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, agradeció la presencia de estas organizaciones y a los legisladores que en forma “transversal” trabajaron a favor de la sanción de esta iniciativa.
El proyecto, presentado por la diputada Carolina Gaillard (Frente de Todos), establece -entre otros puntos- la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar y erradicar las vulneraciones a los derechos de las personas afectadas, se debatió esta tarde con la presencia de referentes de organizaciones LGBTIQ+.
Al abrir el debate, la diputada socialista Mónica Fein, presidenta de la comisión de Acción Social y Salud, aseguró que “esta ley permite actualizar la ley 23.798, que después de 30 años debe modificarse. Hablar del VIH SIDA es hablar de una pandemia que se ha extendido por más de 40 años. Una pandemia que no siempre ha estado en el debate público”.
Sobre el proyecto de ley integral
La iniciativa, que cuenta con el apoyo de más de 200 instituciones y organizaciones civiles, plantea un cambio de perspectiva y pone foco en lo social, apuntando a mejorar la calidad de vida y prevenir muertes evitables.
Propone, además, que toda prueba para detectar esas patologías deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal, a la vez que promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
De este modo, quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años.
El proyecto también promueve la capacitación, investigación, difusión de campañas masivas y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil con trabajo en estas patologías.
La integración de esta Comisión debe ser determinada por vía reglamentaria garantizando representación federal y de géneros.
También se propone un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el objetivo de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas.
