El Gobierno nacional puso fecha finalmente para el inicio de la implementación del demorado nuevo Código Procesal Penal en la Justicia Federal de Mendoza: 5 de agosto. Pero este anuncio activó también reclamos en la provincia sobre las necesidades que existen en tribunales federales. En particular, la cobertura del cargo vacante de juez federal que dejó el destituido Walter Bento.
Bento fue removido en noviembre del año pasado y a la fecha todavía no se llama a concurso en el Consejo de la Magistratura para definir quién quedará al frente del Juzgado Federal Número 1, uno de los cinco juzgados de primera instancia de la provincia (cuatro están en Capital y uno en San Rafael) y el que tiene a cargo la tarea de controlar los procesos electorales.
“Es muy importante la falta de jueces, pero evidentemente el ministro de Justicia (Mariano Cúneo Libarona) consideró que hay maneras de suplirla”, señalaron en tribunales federales respecto de este vacío, hoy cubierto con dos magistrados subrogantes: las causas del Juzgado Federal 1 quedaron en manos de Marcelo Garnica, titular del Juzgado Federal Número 3; y Pablo Oscar Quirós, titular del Juzgado Federal Número 2, asumió la competencia electoral.
PROCESO LARGO
Tras la destitución de Bento a cargo del Jury de Enjuiciamiento, el Consejo de la Magistratura aprobó el llamado a concurso para cubrir el cargo el 21 de febrero y, en efecto, no se supo más desde entonces sobre el proceso, que puede demorar años.
“Está en trámite con la integración de jurados y esas cosas. Estimamos que el concurso en las próximas semanas va a tener fecha, porque ya se estuvo charlando”, indicó al respecto Miguel Piedecasas, integrante del Consejo de la Magistratura la Nación, ante la consulta de Los Andes.
En concreto, la Magistratura emitirá una resolución de llamado a concurso en la que se fijará el cronograma de inscripciones y todas sus etapas. La fecha de oposición será en setiembre o octubre, estiman.
El proceso incluye la presentación de antecedentes, un examen escrito y otro oral, y la realización de entrevistas personales con cada uno de los postulantes.
Todo esto deriva al final en la definición de ternas de aspirantes en la Magistratura que van al Ministerio de Justicia de la Nación. Es el Poder Ejecutivo, al final, el que decide a quién elige. Luego el pliego de la persona seleccionada va al Senado para que preste acuerdo.
La política fija allí los tiempos para la votación de los pliegos. Por eso puede demorar años el nombramiento.
OTROS RECLAMOS
La resolución que puso en marcha el nuevo CPP federal salió publicada en el Boletín Oficial de la Nación este jueves.
El cambio principal ya opera para la Justicia provincial. Consiste en que las causas deberán ser investigadas por el fiscal y el juez será el encargado de garantizar el debido proceso. También se impulsa la “oralidad” para agilizar los procesos.
El nuevo CPP federal ya había sido puesto en marcha a comienzos de mayo en la ciudad de Rosario y también funciona desde 2019 en Salta y Jujuy. En el cronograma fijado de antemano, el próximo turno era para Mendoza.
La decisión de avanzar con los cambios aquí fue confirmada por Cúneo Libarona en la visita que hizo a la provincia en febrero. Pero la resolución oficial activó los reclamos locales, que no sólo giran en torno a la vacante que dejó Bento.
Desde la Justicia Federal mendocina recordaron también que hay otros tres cargos vacantes en la Cámara Federal de Apelaciones. Ese tribunal tiene competencia en Gran Mendoza, San Rafael, San Juan y San Luis, y funciona con tres de sus seis integrantes titulares, por las renuncias de Juan González Macías y Olga Arrabal, y por el fallecimiento de Alfredo Porras.
La lista de necesidades y/o pedidos es más larga. Incluye problemas de infraestructura: se solicita a la Nación que el Ministerio Público Fiscal tenga un edificio propio y que se fortalezca el sistema de conectividad, porque el nuevo CPP impone que todas las audiencias sean grabadas.
Hay que sumar a esto el pedido para adecuar las salas de audiencias de toda la jurisdicción, o sea Mendoza, San Juan y San Luis.
CÚNEO LIBARONA, “SIN REPAROS”
La remoción de Bento se produjo el 8 de noviembre y provocó la detención del exjuez, porque había perdido sus fueros como magistrado y tenía varios pedidos de prisión preventiva en el juicio penal, que sigue adelante (ver aparte).
Pero los abogados de Bento, ante la destitución, presentaron dos recursos de queja ante la Corte Suprema de la Nación para que se revisara aquel fallo. Uno respecto de la decisión en sí misma y otro porque la confirmaron dos miembros que, a ojos de la defensa, no deberían haber intervenido en el Jury.
Estos recursos no tienen efectos suspensivos sobre otras definiciones. Por eso el Tribunal Oral Número 2 confirmó hace poco la prisión preventiva del exjuez.
Desde el Consejo de la Magistratura aclararon también a este diario que el recurso de queja ante la Corte no suspende el trámite para cubrir la vacante que dejó Bento en el Juzgado Federal Número 1.
Además, la Magistratura hizo otra aclaración respecto de una situación particular. Cúneo Libarona, el actual ministro de Justicia de la Nación, fue abogado de Bento hasta mediados del año pasado. Renunció a esa representación en junio de 2023 y ahora el equipo de abogados del exmagistrado tiene como jefe a Mariano Fragueiro Frías.
En el Consejo de la Magistratura hay un representante del Poder Ejecutivo y su influencia puede ser importante en el trámite para elegir al sucesor de Bento. Se trata del secretario de Justicia Sebastián Amerio, segundo de Cúneo en el Gobierno. Pero aunque hubo un vínculo entre Cúneo Libarona y Bento, relación que llevó al abogado porteño a decir que Mendoza era un “Far West” y que Bento era inocente de los cargos que le habían hecho (dar beneficios judiciales a cambio de coimas), en la Magistratura afirman que el Poder Ejecutivo “no ha puesto reparos” para que avance la elección del nuevo titular del Juzgado Federal Número 1.
