En el último tiempo, Portezuelo del Viento pasó de ser una anhelada obra clave para el desarrollo de Mendoza, a un proyecto que empieza a ser rechazado por algunos sectores. Si bien nunca estuvo exenta de la polémica, ya que la resistencia de La Pampa a su construcción viene desde hace años, se han ido sumando varias voces mendocinas en su contra, incluso algunas que anteriormente la defendían.
La reactivación en 2016 de la bautizada “obra del siglo” y el largo trayecto hasta el proceso de licitación en curso fueron celebrados por una amplia mayoría del arco político y económico de la provincia. Sin embargo, en distintas instancias fueron brotando algunas críticas y reparos, hasta llegar a los fuertes cuestionamientos actuales de distintos sectores que exigen que se suspenda la construcción.
La última semana un grupo de empresarios envió una carta al gobernador Rodolfo Suárez pidiendo frenar la licitación de la represa proyectada sobre el río Grande en Malargüe. Días después, tres reconocidos juristas locales acudieron a la Fiscalía de Estado para solicitar lo mismo con el argumento de un inminente daño patrimonial. Un hecho llamativo es que, tiempo atrás, algunos de estos actores respaldaban el avance del proyecto.
En el Gobierno de Mendoza están convencidos de que detrás de estos cuestionamientos hay intereses de empresarios que quedaron afuera de la licitación y también conjeturan que hay una intencionalidad política subrepticia de parte de un sector peronista no alineado con el kirchnerismo.
Historia de idas y vueltas
Portezuelo del Viento prevé la construcción de la presa, un tendido eléctrico, nuevas trazas en las rutas 145 y 226 y la relocalización de Las Loicas, trabajos que demandarán 11.000 puestos de trabajo directa e indirectamente. La central tendrá una potencia instalada de 210 MW, que generará a lo largo de un año una energía media de 889 GWh, capaz de abastecer a 130.000 hogares.
Es una de las obras más debatidas y analizadas de la historia argentina. Su planificación se remonta a 1950 y los estudios relacionados continuaron en las décadas posteriores. Uno de los hitos más importantes ocurrió en 2006, cuando el entonces gobernador Julio Cobos y el ex presidente Néstor Kirchner firmaron un acuerdo extrajudicial para la construcción de la presa, mediante el cual el Gobierno nacional se comprometía a pagar una compensación de 1.023 millones de dólares por los perjuicios ocasionados a Mendoza por la “promoción industrial” y se establecía que los recursos se destinarían a la represa ubicada en Malargüe.
No obstante, en las administraciones de Cobos, Celso Jaque y Francisco “Paco” Pérez el envío de fondos y el avance del proyecto no lograron concretarse. Recién durante las gestiones de Alfredo Cornejo en la provincia y Mauricio Macri en la Nación progresó en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) la autorización de la presa proyectada sobre el río Grande, afluente del Colorado.
Con el respaldo de Río Negro, Neuquén, Buenos Aires y Mendoza se aprobó en 2017 el plan de llenado del embalse y el plan de manejo, pero La Pampa se opuso y fue necesario un laudo arbitral del presidente. Paralelamente, el gobierno pampeano inició una campaña oficial contra Mendoza vinculando el tema al conflicto que mantiene desde hace décadas con Mendoza por las aguas del río Atuel.
En enero de 2018, Macri laudó a favor de la construcción de Portezuelo del Viento y ordenó un procedimiento de impacto ambiental sobre la cuenca del río Colorado. Esos estudios los llevaron a cabo las universidades del Litoral y de La Plata y se presentaron ante el Coirco.
A mediados de 2019 se firmó un convenio entre Nación y Provincia para girar los 1.023 millones de dólares. El primer desembolso se concretó en octubre de ese mismo año. Con el arribo de Alberto Fernández a la Casa Rosada se continuó con el cronograma de pagos. Pero en junio de 2020 se generó una fuerte incertidumbre sobre el futuro de la obra cuando el mandatario nacional dijo, en un acto en La Pampa, que no quería “financiar una obra que está cuestionada por cuatro provincias”. No obstante, los desembolsos siguieron llegando periódicamente.
Luego de esto, el Coirco aprobó el pedido de La Pampa de realizar una nueva evaluación de impacto ambiental regional con el apoyo de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. Mendoza votó en contra y Suárez solicitó un laudo presidencial para que no se dilatara más la obra, el cual todavía no se resuelve.
Días después el Gobierno provincial inició el proceso de licitación en el cual se presentó un único oferente, la UTE Malal-Hue, integrada por la firma china Sinohydro y las locales Impsa, Ceosa y Obras Andinas.
Objeciones locales
Una de las primeras voces importantes mendocinas en criticar la realización de Portezuelo del Viento fue la del el exgobernador justicialista Rodolfo Gabrielli, quien durante la campaña electoral provincial de 2019 dijo la obra es una “aberración” y que su construcción “dilatará” el trasvase del río Grande al Atuel, proyecto que consideró más importante. Asimismo, cuestionó el costo de la obra.
En mayo de 2020, comenzó a generarse ruido sobre el proceso de licitación cuando el Gobierno provincial debió extender el plazo para la presentación de ofertas, ante las solicitudes de empresas locales, nacionales e internacionales. Finalmente, terminó presentándose un único oferente, lo que empezó a generar recelo de algunos sectores empresarios.
En el 2021 la resistencia local fue creciendo cuando se conoció que la oferta económica era muy superior al presupuesto de 886 millones de dólares destinado al proyecto. De todas maneras, esta semana el consorcio Malal-Hue presentó una nueva propuesta con una rebaja del 22%.
En abril el Grupo Olascoaga, vinculado al exgobernador peronista Arturo Lafalla, propuso que Mendoza no financie la obra porque las otras provincias de la cuenca serían las verdaderas beneficiarias y destinar los fondos a otros proyectos hídricos. A la vez que reclamaban también por el trasvase al Atuel.
Nueva arremetida
La última semana un grupo de entidades empresarias enviaron una carta al gobernador Suárez pidiendo que suspenda la licitación de Portezuelo del Viento por los supuestos inconvenientes que generaría. Las firmantes fueron la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear; Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de San Martín; Cecitys; Federación Agraria Argentina; Acovi; Coninagro; Sociedad Rural de San Rafael; Cámara de Empresas Constructoras Independientes (Cecim); y Aderpe.
El planteo generó la reacción del mandatario provincial, quien en declaraciones televisivas recriminó a los autores del reclamo: “¿Qué pasó con estos empresarios que no dijeron nada cuando se trataron las leyes o se hizo la audiencia pública?”. En tanto, cuestionó la intencionalidad del pedido y dijo: “Intuyo que hay muchas empresas que pueden haber quedado fuera del consorcio”.
Por su parte, otras asociaciones salieron a respaldar el avance del proyecto hidroeléctrico. Asinmet, el Consejo Empresario Mendocino (CEM) y la Cámara Argentina de la Construcción filial Mendoza fueron algunas de las que se manifestaron a favor.
Sin embargo, un nuevo capítulo en esta novela se dio cuando tres reconocidos juristas mendocinos acudieron ante el fiscal de Estado, Fernando Simón, para que suspenda la licitación de la megaobra situada en Malargüe. Se trata del ex senador nacional, Miguel Mathus Escorihuela; el ex juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Pérez Hualde, y el especialista en derecho de aguas, Aldo Guarino Arias. Afirmaron que las demandas judiciales impulsadas por La Pampa pueden terminar en una paralización de la obra y un “inevitable daño” al patrimonio provincial.
En el entorno de Suárez advierten que estas últimas ofensivas están vinculadas y que responden tanto a intereses empresariales que quedaron fuera de la licitación, como a una maniobra del peronismo no kirchnerista. Recordaron que los juristas Mathus y Guarino hasta el año pasado respaldaban contundentemente la realización de la obra. También indicaron que buena parte de las entidades firmantes de la carta habían manifestado su apoyo al proceso licitatorio en junio de 2020, luego de las declaraciones de Fernández en La Pampa.
A su vez, el senador nacional Julio Cobos manifestó en la última semana que la presentación de los tres juristas ante la Fiscalía de Estado “parece un actuar coordinado y conjunto con un sector menor del empresariado mendocino y con evidentes intereses particulares”.
Resaltó que desde 2003 cinco gobernadores han impulsado esta obra y que espera que estas acciones no dilaten más su inicio, ya que “generará empleo a miles de mendocinos y el desarrollo de toda la región”.
