Los plazos administrativos empezaron a correrle a Portezuelo del Viento. El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, notificó ayer a Mendoza y a las restantes provincias que conforman el Comité Interjuridiccional del Río Colorado (Coirco) sobre el inicio del proceso arbitral.
Una fecha clave es el 7 de abril. Ese día vencen los 15 días hábiles previstos por la normativa del Coirco, y establecidos por De Pedro en la notificación, para que las provincias integrantes del comité fundamenten documentalmente sus posiciones. Luego, hasta agosto tendrá tiempo el presidente Alberto Fernández para aportar certidumbre jurídica a la mega represa a construirse en Malargüe.
Portezuelo del Viento ingresó en una etapa importante de definiciones que sentenciarán su destino. El gobernador Rodolfo Suárez presentó el 21 de febrero, la reiteración al pedido de laudo manifestado en el acta N° 73 del Consejo de Gobierno, con fecha 26 de junio del 2020 y expuso sus argumentos.
La respuesta se conoció ayer. El ministro del Interior, que preside el Coirco, notificó a las provincias para que argumenten documentalmente sus posturas en un plazo de 15 días hábiles. Para el Gobierno, por un lado remarcan la importancia de un laudo a favor y de esa forma desterrar las opiniones que indicaban que no era necesario que se exprese el Presidente para adjudicar la obra. Y además, que este acto coincide con lo que se venía diciendo tiempo atrás. “El que debe activar el mecanismo arbitral es De Pedro”, remarcó Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia.
“En el reglamento y estatuto dice que a él (por De Pedro) le corresponde activar el laudo. Lo hizo ahora, citando esos artículos, creo que la reiteración lo entrampó y debe activarlo. Desde lo jurídico está comprobado que teníamos razón”, agregó el funcionario provincial. En la cartera que conduce De Pedro aseguran que se le dio curso al pedido de laudo porque se realizó como corresponde.
A la espera de papeles, está confirmado que dos provincias llegarán con documentos. Una es Mendoza, obviamente y la otra también previsible, es La Pampa. “Dentro de los plazos previstos, presentará la correspondiente argumentación y solicitará el rechazo del laudo al presidente Alberto Fernández”, manifestó el gobernador pampeano Sergio Ziliotto.
Los plazos presidenciales
Una vez llegado el 7 de abril, será Eduardo de Pedro quien gire la documentación al presidente Alberto Fernández para que resuelva. Y el artículo 29 del estatuto del Coirco, es muy claro con respecto a la cantidad de días hábiles.
El árbitro (el Presidente) tendrá 30 días “para recabar las informaciones y antecedentes, y en general, para realizar toda diligencia que considere necesaria para mejor proveer”. Vencido dicho término, deberá laudar dentro de los 30 días siguientes, pudiendo ampliar los plazos antes establecidos, dentro de los 30 días siguientes, mediante decisión fundada.
Siempre en el terreno de las suposiciones, si a Fernández le llega la documentación el 8 de abril (un día después de que las provincias argumenten) los 90 días hábiles se cumplirán a mediados de agosto. Claro que puede expresarse antes, pero si hace uso de su tiempo, le restarán 4 meses aproximadamente para no incumplir con los tiempos reglamentarios.
¿Qué espera el Gobierno?
“La incertidumbre existe y es necesario despejarla tal como lo viene sosteniendo el Gobernador y es la forma de cuidar los 1.023 millones de dólares”, indicó Ibáñez. En los posibles escenarios del laudo de Fernández hay algunos aspectos en donde el Gobierno posa la lupa.
La piedra fundamental reclamo, manifestada por Suárez en la nota de reiteración a la solicitud de arbitraje, es el desarchivo a la Resolución 604/19 emitida del entonces ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio.
Votaron todos a favor, excepto Mendoza por un sencillo motivo: esa resolución cerraba los planteos pampeanos que resolvió Mauricio Macri en calidad de árbitro sobre el estudio de impacto ambiental ya realizado y aprobado en el Comité Ejecutivo.
El otro aspecto refiera a la propuesta de La Pampa para realizar una Evaluación de Impacto Ambiental Regional en toda la cuenca del río en base a la Ley de Obras Hidráulicas. El resultado fue el mismo con Mendoza oponiéndose en soledad dando lugar a la expresión futura de “solicitará se active el mecanismo de solución de controversias previsto en el Capítulo V del Estatuto”.
“Esta segunda oposición de la Provincia formulada en tiempo futuro, se explica con absoluta claridad ni bien se advierte que no puede resolverse este segundo laudo, sin haber resuelto el primer laudo en tiempo y forma”, asevera el mandatario provincial.
Por ese motivo “para nosotros debe resolver el desarchivo, si correspondía o no”, explica Ibáñez. Las dudas van camino a despejarse, hay luz verde para el laudo presidencial y los tiempos empezaron a correr.
