Las últimas horas fueron agitadas para el futuro de Portezuelo del Viento. La respuesta al pronto despacho solicitado por el gobernador, Rodolfo Suárez, que desconoció el pedido de laudo planteado, no fue la esperada. Sin embargo, el Poder Ejecutivo seguirá por esa vía con la intención de que el presidente, Alberto Fernández, se exprese sobre el pedido de un nuevo estudio de impacto ambiental que impulsa La Pampa.
La estrategia no está definida y hay mucha prudencia en las declaraciones. Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno de la provincia, defendió a capa y espada las acciones realizadas y cargó ayer contra el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, por no iniciar el proceso. “Vamos a insistir en que (Alberto) Fernández tiene que laudar”, sostuvo. Pero habrá que esperar mucho más de lo que se pensaba: el nuevo proceso podría insumir unos seis meses.
“A la fecha, no consta en el ámbito de este Ministerio del Interior o del Consejo de Gobierno del Coirco, presentación alguna por parte de vuestra provincia que dé formal inicio a la instancia de laudo arbitral del Presidente de la Nación”, se extrae de la nota enviada el jueves por la tarde por el Ministerio del Interior al Gobierno de Mendoza.
Para entender el impacto de este fragmento hay que introducirse en el ámbito del Comité Interjuridiccional del Río Colorado (Coirco) que integran Mendoza, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. El Consejo de Gobierno está conformado por los mandatarios provinciales y presidido por el ministro de Interior, Eduardo de Pedro. Los temas allí se resuelven por unanimidad. En caso de que haya desacuerdo de alguna de las partes, se puede activar el mecanismo de laudo presidencial.
Eso ocurrió el 26 de junio del 2020 luego de un 4 a 1 a favor de un nuevo estudio impacto ambiental mocionado por La Pampa. Al pedido del gobernador de esta provincia, se sumaron los votos de los mandatarios de Buenos Aires, Neuquén y Río Negro. Mendoza votó en contra, en soledad.
En el acta 73 de aquel día, en el punto 6, se expresa la postura de Mendoza: “Manifiesta que solicitará se active el mecanismo de solución de controversias previstos en el Capítulo V del Estatuto para todos aquellos puntos en los cuales no hubo acuerdo”.
La reacción de Suárez fue desmentir lo dicho por el ministerio del Interior con el acta mencionada asegurando que el laudo estaba pedido. Y reafirmó sus intenciones de que el arbitraje presidencial finalmente se concrete porque de esa forma se le da seguridad jurídica a la obra. Es decir, se evitan perjuicios económicos en caso de que, iniciados los trabajos, la decisión presidencial frene el avance de la mega represa en Malargüe.
Cronología
Hilando más fino en la letra de las normativas, Ibáñez no puso en duda ninguno de los pasos realizados por Mendoza. Sobre todo lo sucedido en la reunión del Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) del 26 de junio del 2020, que quedó registrado en el acta 73. “El Gobernador dice que se somete al procedimiento del Capitulo 5 del estatuto, no queda más nada para decir que el laudo está pedido”, indicó ayer a Los Andes.
Y allí carga contra De Pedro, quien preside el Consejo de Gobierno por ser el ministro de Interior. “El artículo dice que una vez que se pide el laudo, el presidente del Coirco es que el que debe iniciar el procedimiento arbitral. En octubre del 2020 volvimos a llevar todos los papeles, 11 cajas. Después de un año y medio la respuesta al pronto despacho es que tenemos que hacer algo, es absurdo”, aseveró.
La presentación de la documentación que constaba de 72 biblioratos donde se detallan todos los estudios del impacto ambiental que podría ocasionar Portezuelo del Viento tuvo respuesta en noviembre.
De Pedro resolvió convocar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas a una mesa de trabajo, para que junto al Ministerio del Interior y las provincias, elaboraran los términos de referencia de un estudio de impacto ambiental regional que recoja los análisis realizados previamente por las universidades nacionales. “Hubo una sola reunión informal en Buenos Aires donde no se podía resolver nada”, indicó Ibáñez.
Mirando hacia adelante, en el Gobierno provincial tienen claro que insistirán con el laudo, pero no definen todavía cómo lo harán. Y hay mucha prudencia a la hora de referirse a la estrategia porque si bien “hay distintas posibilidades”, Ibáñez prefiere no aventurarse porque no ha hablado aún con Suárez, que está de vacaciones y regresa a fin de mes.
“Fernández tiene la obligación de laudar y está pasado de tiempo. Lo que podemos hacer prefiero hablarlo con el Gobernador”, aclaró Ibáñez.
¿Qué dice el estatuto del Coirco?
El tiempo empieza a ser un factor cada vez más importante. el proceso arbitral podría insumir algunos meses teniendo en cuenta qué los plazos establecidos se cuentan en días hábiles administrativos.
La piedra fundamental del reclamo es que sea aceptado por el Ministerio del Interior. Así lo deja entrever la nota enviada al Gobierno provincial. “En caso de pretender avanzar con el laudo, y a efectos de garantizar el debido proceso, se solicita al Señor Gobernador tenga bien interponer la petición conforme a derecho, munido de la prueba de la que pretenda valerse , de manera de dar inicio al correspondiente juicio arbitral”, dice textualmente.
Este procedimiento se ajusta al artículo 28 del estatuto en donde se indica que “dentro de los treinta (30) días de instado el procedimiento arbitral, el Consejo de Gobierno elevará obligatoriamente los antecedentes al árbitro”.
Quien arbitra es el presidente Alberto Fernández según consta en el estatuto y tendrá 30 días (también hábiles) “para recabar las informaciones y antecedentes, y en general, para realizar toda diligencia que considere necesaria para mejor proveer”.
Una vez vencido ese plazo, “deberá laudar dentro de los treinta días siguientes, pudiendo ampliar los plazos antes establecidos, dentro de los treinta días siguientes, mediante decisión fundada”. Las partes estarán obligadas a remitir al árbitro “todos los antecedentes que le sean requeridos dentro del término que a tal efecto éste les fije”.
El laudo dictado de acuerdo a las normas precedentes, “será obligatorio e inapelable para las partes” sentencia la normativa en su artículo 31.
Es decir que si en la Casa Rosada se toman todos los días para resolver el reclamo, serán 120 días hábiles que se traducen en seis meses. No obstante, desde el Ministerio del Interior, un vocero aclaró a Los Andes que “no hay antecedentes” pero que “una vez que se acepta el laudo podría ser más rápido”. Sin embargo, queda claro que podrían tardar más si hacen uso del tiempo que les otorga el estatuto.
En el Gobierno entienden que con todos los antecedentes que hay de documentación y lo ya presentado, además de que “desde el laudo de (Mauricio) Macri hasta acá no cambió nada”, la resolución no debería tardar tanto tiempo y Fernández “debería laudar lo mismo”.
En este sentido, el antecedente de Macri estira aún más la demora: se tomó ocho meses para expresarse sobre Portezuelo. En marzo del 2017, el entonces gobernador de La Pampa Carlos Verna lo pidió, mientras que en enero del 2018, Macri definió.
